La Audiencia Nacional mira hacia otro lado: archiva la denuncia de ACO contra los instigadores de la violencia en Paiporta 

La inhibición ante la ultraderecha en Paiporta es un síntoma de un sistema judicial que normaliza la violencia organizada.

El archivo de la denuncia presentada por Acción Contra el Odio (ACO) contra los instigadores de los actos violentos en Paiporta es más que un trámite burocrático. Es una decisión que demuestra, una vez más, cómo el sistema judicial español prioriza las formas frente a la sustancia cuando se trata de investigar a la extrema derecha. Jesús Alonso Cristóbal, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, no solo ha cerrado la puerta a una investigación a fondo sobre los llamamientos al caos de figuras ultraderechistas, sino que ha optado por derivar las diligencias al juzgado número 3 de Torrent, reduciendo así la gravedad de los hechos.

Los hechos violentos del 3 de noviembre no son aislados ni espontáneos, sino el resultado directo de una campaña premeditada de incitación al odio. Los mensajes publicados por personas como Javier Negre y Juan Manuel de Prada, junto con las coordenadas específicas compartidas en canales de Telegram como “Alt Right España”, no son simples opiniones; son estrategias coordinadas para desestabilizar. Sin embargo, para la Fiscalía, esta trama organizada es menos importante que el expediente formal de un juzgado local.

El argumento de Alonso de que la denuncia de ACO aborda «los mismos hechos» que ya se investigan en Torrent es, en el mejor de los casos, una lectura superficial de los hechos. ACO no denunció únicamente las agresiones del 3 de noviembre, sino también los llamamientos explícitos a la violencia realizados en los días previos. El fiscal opta por minimizar la gravedad de los hechos, ignorando que esas incitaciones constituyen delitos graves bajo el Código Penal.

UN DOBLE RASERO ANTE LA VIOLENCIA

La inhibición de la Audiencia Nacional contrasta de manera escandalosa con su historial reciente. El mismo tribunal que procesó a titiriteros y músicos por supuestos delitos de apología en sus obras es incapaz de actuar ante agresiones físicas y amenazas reales contra autoridades del Estado. El caso de Valtonyc, sentenciado a años de cárcel por sus letras de rap, o el de los titiriteros detenidos en Madrid por una sátira política, muestra cómo la vara de medir cambia cuando el origen de la violencia apunta hacia la ultraderecha.

No es casual que, en los días previos a los actos de Paiporta, mensajes como «Pedrear a Pedro Sánchez es lo que toca» circularan impunemente por redes sociales y canales de Telegram. La denuncia de ACO señala a responsables concretos, como Javier Negre, que difundió información confidencial sobre los movimientos de la comitiva, o Juan Manuel de Prada, que en un artículo de opinión habló de «ahorcar y descuartizar» a quienes responsabiliza del cambio climático. Estas afirmaciones, que no pueden ser consideradas meras opiniones, son una invitación a la violencia que la Fiscalía ha decidido ignorar.

El problema no es solo la falta de acción, sino la impunidad estructural que acompaña a estos discursos. Mientras los responsables de estos actos violentos se pasean con total libertad, las víctimas son relegadas a la categoría de daños colaterales. ¿Qué mensaje envía esto a la ciudadanía? Que la ultraderecha puede actuar sin temor a represalias mientras el Estado se limita a observar.

UNA JUSTICIA QUE LEGITIMA EL ODIO

El archivo de la denuncia de ACO revela un patrón preocupante: la extrema derecha no solo ha encontrado eco en las redes sociales, sino también indulgencia en las instituciones. La fiscalía elige no considerar que estos actos puedan constituir un atentado contra altas autoridades del Estado, pese a que las agresiones iban dirigidas al presidente del Gobierno, al jefe del Estado y a otras figuras públicas. La connivencia pasiva de las instituciones judiciales refuerza un ecosistema donde la violencia se normaliza como herramienta política.

En contraste, países como Alemania y Francia han tomado medidas drásticas contra el terrorismo de extrema derecha, reconociendo que representa una de las mayores amenazas a sus democracias. En España, la inacción no solo perpetúa el problema, sino que lo legitima. La ausencia de consecuencias para los instigadores de Paiporta es un ejemplo claro de cómo las instituciones permiten que el odio se propague, siempre que provenga del lado “correcto”.

No olvidemos que, mientras la Fiscalía decide cerrar los ojos ante los mensajes de odio y las agresiones organizadas, muchos jóvenes enfrentan años de cárcel por tuits irreverentes o protestas pacíficas. La justicia no es ciega, es selectiva.