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Están hartos. Y no es para menos. Las aulas vacías y las calles llenas de estudiantes son una respuesta clara a la embestida del Gobierno de Javier Milei contra la educación pública.
¿Qué ha provocado esta movilización masiva en un país con una tradición educativa tan arraigada? La respuesta es simple: un Gobierno que se empeña en desmantelar lo público en nombre del neoliberalismo. Las universidades tomadas, las clases en la calle y las asambleas improvisadas son el grito desesperado de miles de jóvenes que ven cómo se les arrebata el derecho a una educación digna. La caída del presupuesto educativo, la precarización de los y las docentes, y el veto a la Ley de Financiamiento Universitario han sido la gota que colmó el vaso.
«Estamos ante una caída del presupuesto universitario y una caída de los salarios docentes y no docentes alarmante», señala Natalia Arakaki, presidenta del centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Y no es una exageración. El salario de quienes enseñan y cuidan la universidad pública ha caído por debajo de la línea de pobreza, un dato escalofriante para una nación que alguna vez fue modelo en América Latina en términos de acceso a la educación superior.
La situación es dramática, pero Milei, fiel a su ideología ultraliberal, sigue firme en su negativa a revertir sus decisiones. El veto a la Ley de Financiamiento Universitario fue un golpe certero a una institución ya debilitada por años de desinversión. Y lo más indignante es que el presupuesto que intentaba restaurar era apenas el 0,14% del Producto Bruto Interno.
La ofensiva del Gobierno de Milei
El ataque a la educación pública es solo una parte del plan general del Gobierno. Desde su llegada al poder, Javier Milei ha dejado claro que su objetivo es reducir el déficit fiscal a cualquier costo. Y en su camino, lo público es el enemigo a vencer. «Todo lo público es susceptible de ser privatizado», ha repetido en numerosas ocasiones. Esta ideología choca directamente con la realidad de millones de argentinos y argentinas que dependen de lo público para sobrevivir, para estudiar, para sanar.
El discurso de Milei, por supuesto, no se detiene en las universidades. Su embestida va más allá, tocando cada rincón del Estado, cada servicio público, cada institución que busca garantizar derechos. Lo que está en juego aquí no es solo la educación superior, sino el modelo de país que se quiere construir. Un país donde los derechos no son un privilegio y donde la educación es la base para la igualdad de oportunidades.
Sin embargo, el presidente sigue firme en su postura, calificando a las universidades como nidos de «ladrones de la política». Este desprecio por la educación pública ha despertado la ira no solo de los estudiantes, sino también de gran parte de la sociedad. Incluso algunos de sus propios aliados han comenzado a distanciarse, entendiendo que tocar la universidad pública es tocar una fibra demasiado sensible en la sociedad argentina.
El movimiento estudiantil como respuesta
Frente a este escenario desolador, el movimiento estudiantil ha vuelto a emerger con una fuerza que no se veía en años. «El movimiento estudiantil puede hacer retroceder al Gobierno», afirma con confianza Brenda Lucía Ferro, estudiante de Turismo en Rosario y militante del Frente Patria Grande. Y es que la historia argentina está plagada de ejemplos donde las y los estudiantes han sido actores clave en la resistencia contra políticas neoliberales y autoritarias.
Lo que sucede en las universidades argentinas no es solo una protesta por mejores salarios o más presupuesto. Es una lucha por la soberanía, por el acceso igualitario a la educación, por la construcción de un país más justo y equitativo. Es, en definitiva, una batalla por el futuro de Argentina.
La movilización de los estudiantes, sin embargo, no se limita a las grandes ciudades. Desde La Plata hasta Tucumán, desde Córdoba hasta Salta, las tomas de universidades y las marchas se multiplican. Cada vez son más los sectores de la sociedad que se suman al reclamo. «No solo somos los y las estudiantes, es toda la sociedad la que está siendo afectada», afirma Albertina Bidart, presidenta de la Federación Universitaria de La Plata.
Este movimiento de resistencia, además, ha logrado conectar con otros sectores de la sociedad que también se sienten abandonados por el Gobierno. Docentes, no docentes, investigadoras e investigadores, trabajadoras y trabajadores precarizados; todos ven en esta lucha un reflejo de su propia situación. El ataque a la educación pública es, en realidad, un ataque a todas y todos los que dependen de lo público para sobrevivir.
En este contexto, la batalla por la universidad pública es una batalla por el país. Y las y los estudiantes lo saben. Mientras Milei sigue defendiendo su programa neoliberal a capa y espada, los y las jóvenes se han convertido en la principal barrera de contención. Un muro de resistencia que, lejos de debilitarse, crece con cada día que pasa.
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