Los jesuitas admiten que tuvieron un cura abusador en Madrid, pero que esto no anula «su entrega al evangelio» 

La Compañía de Jesús ha admitido, tras años de silencio, los abusos cometidos por un cura en Madrid, pero en lugar de tomar medidas contundentes, han preferido justificar su vida de «entrega» al evangelio.

La Compañía de Jesús admite, una vez más, los abusos de uno de sus miembros, pero la respuesta sigue siendo insuficiente. El abuso de poder y la falta de consecuencias reales perpetúan un sistema de impunidad.

LA CULTURA DEL SILENCIO Y LA IMPUNIDAD

El caso del jesuita J. M. no es un hecho aislado dentro de la Iglesia católica, sino una muestra más de la cultura del encubrimiento que ha reinado durante décadas. Los abusos sexuales a menores, cometidos por quienes deberían ser sus guías espirituales, no solo son crímenes atroces, sino que son permitidos por una estructura que, en lugar de proteger a las víctimas, ha decidido proteger a los abusadores.

La carta enviada por la Compañía de Jesús a un grupo espiritual en Madrid es un reflejo claro de esta cultura de la impunidad. En ella, se confirma que J. M., un conocido miembro de la comunidad, fue denunciado por «conductas inadecuadas» en el acompañamiento espiritual, un eufemismo que oculta la gravedad de los hechos. ¿Hasta cuándo la Iglesia va a seguir minimizando los abusos? ¿Cuántas vidas tendrán que ser destrozadas antes de que tomen medidas serias?

Los hechos relatados por las víctimas, que incluyen desde menores de edad hasta personas adultas, no son simples «conductas inapropiadas». Son actos de violencia sexual, perpetrados en un contexto de poder y control. Y, sin embargo, la respuesta de la Compañía ha sido insuficiente: una prohibición temporal de cinco años para que J. M. no participe en actividades con menores. No hubo denuncias formales, no hubo una verdadera sanción. ¿Qué nos dice esto sobre el sistema de valores de una institución que se proclama defensora de los más vulnerables?

La Compañía de Jesús, al igual que otras muchas instituciones religiosas, se ha centrado en proteger su imagen. En lugar de expulsar a los abusadores y denunciar sus crímenes a las autoridades, los trasladan a otras comunidades o los «suspenden» temporalmente. Este encubrimiento sistemático no solo perpetúa los abusos, sino que envía un mensaje claro: los abusadores dentro de la Iglesia no enfrentarán consecuencias reales.

LA DOBLE MORAL DE LA IGLESIA

La respuesta de la Compañía de Jesús ante este caso es reveladora de una profunda hipocresía. Por un lado, piden perdón, tal y como establece el manual del buen cristiano, pero por otro, justifican la permanencia de J. M. en la vida eclesiástica, destacando su «entrega al evangelio». ¿Desde cuándo el servicio religioso exime a alguien de sus crímenes? La Iglesia parece más preocupada por la imagen de sus miembros que por la justicia para las víctimas.

Es especialmente indignante que, a pesar de la gravedad de los testimonios, la Compañía siga permitiendo a este abusador mantener contacto «personal» con miembros de la comunidad, mientras se les priva únicamente del «contacto apostólico». ¿Qué clase de castigo es este? Parece más un gesto simbólico que una verdadera sanción. La falta de acción real no solo insulta a las víctimas, sino que perpetúa un ciclo de abuso y encubrimiento.

Este caso refleja la doble moral de una institución que se proclama defensora de los derechos humanos, pero que en la práctica sigue encubriendo a quienes cometen crímenes atroces dentro de sus filas. No basta con emitir comunicados vagos, llenos de disculpas vacías. No basta con prohibiciones temporales o procesos internos de revisión. Lo que necesitamos es justicia, y la justicia no se logra con cartas de disculpas.

La Compañía de Jesús debe asumir su responsabilidad y romper de una vez por todas con esta cultura del silencio. Las y los responsables de estos crímenes deben ser denunciados ante las autoridades civiles, expulsados de la Iglesia y obligados a enfrentar las consecuencias de sus actos.

El problema de fondo radica en que la Iglesia, a pesar de los numerosos escándalos que han salido a la luz, sigue sin afrontar de manera efectiva el problema de los abusos. Su protocolo interno, aunque ha mejorado en ciertos aspectos, sigue siendo insuficiente. Los casos se manejan de manera discreta, sin la transparencia necesaria para garantizar que las víctimas reciban el apoyo que merecen y que los abusadores enfrenten una verdadera justicia.

El hecho de que J. M. nunca haya sido denunciado formalmente a las autoridades es un síntoma claro de esta falta de transparencia. Las víctimas de abusos dentro de la Iglesia necesitan algo más que palabras de arrepentimiento. Necesitan acción, necesitan justicia, y necesitan saber que sus agresores no volverán a tener la oportunidad de abusar de otras personas. El silencio no es una opción.

Es imperativo que tanto la Iglesia como la sociedad en su conjunto comiencen a tratar estos casos con la gravedad que merecen. No podemos seguir permitiendo que una institución que se proclama defensora de los valores morales siga encubriendo a criminales. El abuso de poder y la violencia sexual dentro de la Iglesia son un problema sistémico que requiere una respuesta firme y decidida.

La Compañía de Jesús ha fallado, una vez más. Y este fallo no es solo un error aislado, es el resultado de décadas de complicidad, silencio y encubrimiento.