La ultraderecha y su ofensiva contra los derechos LGTBI a las puertas del Orgullo 

Es imperativo construir una estrategia conjunta de progreso y respeto a los derechos humanos para recuperar la lucha en las calles y la movilización democrática.

La situación de los derechos LGTBI en España se encuentra bajo una embestida creciente por parte de la ultraderecha. El Partido Popular (PP) y Vox han reafirmado su oposición a la bandera arcoíris y a los derechos del colectivo, creando un ambiente de creciente tensión justo antes de la celebración del Orgullo LGTBI.

La homofobia institucional, un término que se popularizó durante el segundo gobierno de José María Aznar, ha resurgido con fuerza. Las expresiones de odio desde las instituciones son constantes. Recientemente, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá (PP), justificó la ausencia de la bandera arcoíris en el ayuntamiento argumentando que, de colgarla, tendría que hacer lo mismo «el día del ELA, el día del Alzhéimer o el día del cáncer». Estas declaraciones reavivan el dolor de un pasado donde la vinculación con la enfermedad era una carga constante para el colectivo. El Ministerio de Igualdad ha anunciado que estudia acciones penales contra la alcaldesa.

En Valencia, el director general de Diversidad de la Generalitat, Stephane Soriano, atacó al principal colectivo LGTBI de la comunidad, Lambda, negando cualquier apoyo económico y desafiándolos a «buscarse la vida». Estos ataques buscan minar la legitimidad del colectivo y reflejan una estrategia de burla y ridiculización.

Retroceso de los derechos en las instituciones

En Toledo, el alcalde Carlos Vázquez Romo (PP) ordenó retirar una bandera LGTBI del hemiciclo, retrasando el inicio del pleno hasta que un policía local la removiera. En Extremadura, el diputado ultra Javier Bravo se burló de la línea telefónica contra la LGTBIfobia, número 028, comparándola con «la asociación de bigotudos que fuman».

En Valdemorillo (Madrid), el PP y Vox censuraron una charla sobre la comunidad trans, argumentando que «estos temas se deben tratar desde el punto de vista científico, no ideológico». En Navarra, Vox bloqueó una declaración institucional con motivo del Orgullo, mientras que en Talavera y Cartagena, la ultraderecha se opuso a la exhibición de símbolos en apoyo al colectivo, calificándolo de «adoctrinamiento de menores».

En Madrid, la presentación de la cartelería del Orgullo por parte del Ayuntamiento ha sido criticada por no incluir símbolos ni siglas del colectivo. El colectivo denuncia que esto presenta el Orgullo como una festividad basada en el alcohol y el sexo, perpetuando estigmas y estereotipos. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, afirmó que «empujar a la hormonación y al delirio trans está creando graves problemas», declaraciones que han sido recurridas por el Consejo de Ministros ante el Tribunal Constitucional.

Símbolos y derechos formales en el punto de mira

Los discursos de la ultraderecha recuerdan los de épocas pasadas. Aquilino Polaino, conocido por su testimonio en la Comisión de Justicia del Senado durante la tramitación de la ley del matrimonio igualitario, afirmó que la homosexualidad era una patología. Estos discursos, que equiparan la homosexualidad con enfermedades, nutren un odio latente en la sociedad.

La presencia de la extrema derecha ha normalizado el discurso de odio. Las voces conservadoras y ultras buscan rescatar expresiones denigrantes para afirmar su superioridad, lo que ha sido caldo de cultivo para agresiones y violencia en las calles.

Estos discursos están cada vez más legitimados en la sociedad y el poder político. La consecuencia es un aumento de la violencia y las agresiones. es hora de pasar a la acción, más allá del análisis.

Necesidad de acción y resistencia

La insensibilidad de la sociedad ante estos discursos es preocupante. Uno de cada cinco delitos de odio en las últimas dos décadas ha tenido su raíz en la LGTBIfobia, según el Consejo General del Poder Judicial. El perfil del agresor suele ser un hombre joven, vinculado a grupos extremistas.

El pasado 20 de junio se aplaudió la creación de una subcomisión para desarrollar un Pacto de Estado contra los discursos de odio, a pesar de la oposición de la ultraderecha. Es imperativo construir una estrategia conjunta de progreso y respeto a los derechos humanos para recuperar la lucha en las calles y la movilización democrática.

La batalla por los derechos LGTBI en España es más urgente que nunca. La resistencia y la pedagogía son herramientas esenciales para combatir una ideología de odio que amenaza con destruir cualquier avance en igualdad. La historia de lucha y progreso debe ser recordada y continuada para garantizar que los derechos humanos sean respetados y protegidos en todo momento.