El Gobierno valenciano ha reducido significativamente la deuda del hospital privatizado de Manises, gestionado por Sanitas, según denuncia la coalición Compromís. Esto se basa en el informe anual de la Sindicatura de Comptes, que evalúa las liquidaciones pendientes con la Conselleria de Sanidad. El cambio en los criterios de liquidación se realizó durante el gobierno del PP y Vox, reduciendo la deuda que Sanitas debía pagar a la administración pública de 47,6 millones de euros, lo que Compromís considera injustificado.
El informe de la Sindicatura de Comptes también advierte sobre la incertidumbre en los derechos y obligaciones pendientes de reconocer en la Cuenta de la Administración debido a este cambio. Además, se señala que en 2024, están previstas la finalización de los contratos de concesión administrativa para la prestación del servicio de asistencia sanitaria en otros departamentos.
La Conselleria de Sanidad argumenta que este cambio en los criterios se realizó durante el gobierno anterior en cumplimiento de una sentencia judicial con respecto a los ejercicios 2009 y 2010. El PP valenciano sostiene que el Tribunal Supremo respaldó la forma en que se calcularon las liquidaciones planteadas por el departamento de salud de Manises, gestionado por Sanitas.
Compromís argumenta que el cambio de criterio es actual y ha pedido explicaciones al titular de Sanidad sobre los criterios que llevaron a la condonación de la deuda millonaria y lo que ocurrirá con la deuda pendiente de Sanitas con la Generalitat.
El PSOE cierra filas: el 23-F sigue enterrado bajo el silencio oficial
La desclasificación de los documentos del golpe de Estado vuelve a ser frenada, dejando en evidencia las grietas de una democracia tutelada.
El cerco se estrecha:Francia y Países Bajos aplicarán órdenes de arresto del TPI contra Netanyahu
Más de 120 países limitan la movilidad del primer ministro israelí y su exministro de Defensa.
La Justicia desestima la querella contra Aemet y la CHJ mientras investiga cinco denuncias contra Mazón
Los hechos demuestran que el problema no radica en los pronósticos climáticos ni en la gestión hidráulica, sino en la falta de acción política ante una emergencia anunciada
Vídeo | Broncano lo ha vuelto a hacer
Ahora solo queda que Isabel Rodríguez escuche lo que dicta la Constitución.