Qué pedimos al Gobierno que salga del 23J para frenar los fraudes masivos 

«Esperamos que siga existiendo un ministerio cuyas competencias se dediquen exclusivamente a la defensa de los derechos de los consumidores»

Rubén Sánchez

Sigue quedando mucho trabajo por hacer. La legislatura finaliza con tres leyes pendientes de aprobar. Leyes que resultan fundamentales para proteger los derechos de los consumidores y que el futuro Gobierno debería retomar de forma urgente. Leyes para regular los servicios de atención al cliente, las acciones judiciales ante fraudes masivos y la creación de una autoridad de protección de los usuarios de servicios financieros. Leyes que deberían ser los primeros de una larga lista de cambios regulatorios necesarios para reducir abusos gravísimos que llevan años o incluso décadas produciéndose una y otra vez.

Y es que hace falta, también, imponer seguros de responsabilidad civil a las empresas que venden productos u ofertan servicios a los consumidores, para que si nos provocan daños o acaban cerrando, no puedan eludir el pago de las indemnizaciones o devoluciones de dinero que correspondan.

Como igualmente hace falta intervenir en los mercados donde se están produciendo mayores niveles de especulación con los precios y subidas brutales en los últimos tiempos. Precios que deberían contar con unas reglas del juego en sus mecanismos de fijación e incluso con límites en los márgenes de beneficio de las empresas. El tope al gas ha sido una iniciativa con un importantísimo efecto en los precios de la electricidad, con el que España y Portugal evitamos el verano pasado los descomunales incrementos en las tarifas que sufrieron los consumidores de otros Estados miembros de la Unión Europea. Pero hay que ir mucho más allá. Como también hay que asumir de una vez que la solución a las subidas en los precios que aumentan el enriquecimiento de las grandes empresas no pueden limitarse a bajadas de impuestos. En España tenemos desde hace tres décadas una ley de comercio, aprobada con el consenso de todas las fuerzas políticas, que faculta al Gobierno para poner topes a los precios y los beneficios en productos de primera necesidad o en aquellos sectores donde se aprecie falta de competencia efectiva.

Resulta clave llevar a cabo políticas para proteger a los consumidores ante el sector energético y el de la producción y distribución alimentaria. Frente a los abusos en los precios y también frente a la publicidad engañosa y las irregularidades relacionadas con las características y la calidad de los servicios energéticos y los productos de alimentación. Como también resulta clave actuar en otros dos sectores: el de la vivienda y el financiero.

Necesitamos políticas que garanticen el cumplimiento de un derecho constitucional como el acceso a una vivienda. Por eso hay que frenar la especulación inmobiliaria mediante políticas públicas que incluyan, entre otras actuaciones, límites de los precios de los alquileres allí donde sea necesario y la creación de más viviendas sociales. No solo la construcción de más viviendas sociales, sino también la integración en las mismas de los inmuebles vacíos que están en manos de bancos y fondos de inversión, forzándoles a alquilarlos a precios regulados.

Las comisiones abusivas de la banca, los intereses usureros en los préstamos y la larga lista de abusos que se producen en el ámbito financiero deben también contar con respuestas contundentes. Respuestas que pasen por aplicar la legislación con sanciones proporcionales a la gravedad de esos abusos. Y también por mejorar la regulación de un sector donde cada cierto tiempo se innova no precisamente en la mejora de la calidad de sus servicios, sino en la forma de defraudar a los consumidores.

La legislatura también finaliza con los primeros pasos de un cambio de calado en la protección de los consumidores. La aplicación de la capacidad sancionadora del Ministerio de Consumo. Un cambio legal que llevábamos años reivindicando desde FACUA y que desde mediados del año pasado permite que no sean solo las comunidades autónomas y los ayuntamientos los que puedan aplicar multas por los fraudes masivos.

Esperamos que siga existiendo un ministerio cuyas competencias se dediquen exclusivamente a la defensa de los derechos de los consumidores. Y que ese ministerio pueda desarrollar sus competencias sancionadoras contando con el cuerpo de funcionarios necesario para ello. Cuanto más personal tenga para detectar y actuar contra los fraudes, más protegidos estaremos. Y por supuesto, esperamos que sea un ministerio con un ministro o ministra al frente que tenga clara la prioridad de luchar contra esos fraudes masivos que sufrimos los consumidores por parte de grandes energéticas, bancos, aseguradoras, compañías de telecomunicaciones, empresas tecnológicas…

Y también esperamos que alguien vigile a los vigilantes. Las asociaciones que tenemos encomendado el mandato constitucional de defender los derechos de los consumidores debemos pasar por controles que verifiquen que no nos desviamos del camino. Que no nos pasemos al lado oscuro. Y para eso, resulta también necesario un cambio en la legislación por el que quede prohibido que las asociaciones de consumidores podamos recibir financiación de empresas privadas. Las empresas a las que debemos vigilar y denunciar cuando cometan abusos, sin que nada pueda ni siquiera generarnos la tentación de mirar hacia otro lado.

Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes.

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Editorial del episodio 17 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.