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La ‘ley mordaza’ se encamina hacia un desenlace con dos finales posibles: sí o no. Llega a la comisión con los mismos escollos que alejan por ahora un acuerdo entre el Gobierno y sus socios.
La ley de seguridad ciudadana, más conocida como «ley mordaza», se encuentra en su camino final hacia su posible reforma en el Congreso. Sin embargo, a pesar de un año de intensas negociaciones y más de 40 reuniones entre los grupos políticos a favor de la reforma, como el PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu y Junts, el texto legislativo se encuentra en un camino incierto.
Fuentes del PSOE confirmaron a Público su intención de someter la reforma a votación en la Comisión de Interior a lo largo de este mes de febrero, pero advirtieron que «si no se aprueba, se acabó», ya que consideran que el plazo para las negociaciones «no se puede extender más».
El miércoles, la reforma logró superar la fase de la ponencia gracias al apoyo inesperado de ERC, coincidente con el anuncio de un acuerdo entre el Gobierno de Pere Aragonès y el PSC para los presupuestos catalanes. Aunque los republicanos descartaron que su apoyo haya sido una «contraprestación», fuentes de la negociación aseguraron que ERC ha utilizado las conversaciones sobre los presupuestos para «presionar» en Madrid en relación a la reforma de esta ley.
Sin embargo, a pesar de este avance, las discrepancias entre el Gobierno y sus socios de investidura, ERC y EH Bildu, en torno a cuatro puntos clave del texto, persisten. Por lo tanto, la reforma llegará a su debate en la comisión con los mismos problemas sin solución a la vista.
Demasiados años con mordaza
La ley de seguridad ciudadana fue impulsada por el Partido Popular en 2015 en un contexto de movilizaciones en las calles debido a los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy. La modificación de esta polémica ley ha sido reclamada por colectivos sociales y organismos, pero su futuro aún se encuentra en el aire.
La ley de reforma de la justicia penal española ha generado un fuerte rechazo a nivel internacional y ha sido condenada por medios de prensa de renombre como The New York Times y The Guardian, así como por organizaciones defensoras de derechos humanos como Amnesty International y Human Rights Watch. Estas críticas hacen hincapié en que la ley supone una amenaza directa a la libertad de expresión y reunión pacífica en España y va en contra de los valores de una sociedad democrática.
Además, se considera que las provisiones de la ley son desproporcionadas y limitan el derecho del pueblo español a acceder a información de interés público. Incluso el relator de las Naciones Unidas ha instado a los legisladores españoles a derogar la ley.
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