El proyecto fue desechado a finales de 2010 y sigue suponiendo una sangría para las arcas públicas.
Unas obras fallidas de 2010 en la Comunidad de Madrid conlleva a un pago de 14.000 euros mensuales por vigilar y conservar la línea ferroviaria que iba a unir Móstoles con Navalcarnero.
Nunca se materializó bajo el amparo de Esperanza Aguirre e incluso acabó en los tribunales en una batalla judicial que enfrentó durante años al Gobierno regional y a la constructora.
La Consejería de Transportes formalizó en febrero de 2021 el último contrato para “la vigilancia y conservación” de la infraestructura ejecutada, que se resume en 46 actuaciones.
Esta conservación y vigilancia se basa en el mantenimiento de distintos pozos de extracción, ventilación y túneles a medio terminar.
La adjudicataria, API Movilidad SA, presta un servicio de vigilancia “para conocer las anomalías en el estado de la infraestructura y proponer las medidas necesarias para su corrección” y la ejecución de “operaciones de conservación que hay que realizar en los diferentes elementos de la infraestructura y seguridad para recuperar su funcionalidad como consecuencia de su deterioro”.
Por ello percibe 169.346 euros anuales, o lo que es lo mismo, 14.112 euros al mes, tal y como han desvelado desde Estrella Digital.
«Mientras tanto, la obra sin acabar supone una herida abierta de 14 kilómetros que atraviesa los municipios de Móstoles, Arroyomolinos y Navalcarnero. El Gobierno regional quiere que el Gobierno de Pedro Sánchez finalice el proyecto. Más País, la marca nacional de Más Madrid, registró una enmienda parcial en los Presupuestos Generales del Estado para financiar este proyecto. Fue rechazada», aclara el medio.
“Este es un ejemplo más de la gestión del PP que nos tiene hipotecados. Podemos hablar de este tramo fantasma de Cercanías, o de las carreteras MP-203 o la M45, incluso de la negligente actuación en la ampliación de la línea 7B de Metro. Todo esto comparte que nacen de anuncios electoralistas, que llevan hipotecando la movilidad de Madrid años y que nos va a seguir hipotecando. Madrid tiene retos en movilidad importantísimos y todas estas intervenciones nos lastran en ello. Desde Más Madrid hemos pedido varias veces al Estado que asuman este tramo de la obra y lo integren en la red de Cercanías de Madrid, porque lo más importante es que se ha dejado a cientos de familias tiradas, esperando el tren y hay que darles respuestas. Por el momento, el Estado no plantea tampoco hacer nada”, señala María Acín, diputada autonómica de Más Madrid.
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