Gabriel Rufián se mofa del patrimonio de Felipe VI, que «ahorra tanto» 

2,5 millones de euros fueron los que declaró públicamente Felipe VI este pasado lunes.

«Creo que el rey ahorra tanto porque no paga alquiler, ni hipoteca. De hecho, se lo pagamos nosotros», ha afirmado Rufián ante los medios. «Y sobre todo creo que si no ha informado a ningún militante ni a ningún votante de ERC, de Bildu, del BNG, de la CUP etc exonerará a los militantes y votantes de ERC, de Bildu y la CUP de pagarle el sueldo, ¿no? Es lo mínimo que le pedimos a cambio de todo esto», ha asegurado.

Rufián ha querido también plantearle al rey otro «ejercicio de transparencia»: «A mí me encantaría ver al rey, a alguien tan preparado como el rey, en una campaña electoral por ser jefe del Estado. Sería muy interesante».

El coste de la Casa Real

El rey Felipe VI decidió congelar en 2021 las asignaciones que reciben los miembros de la Familia Real. Sin embargo, parece que no van a pasar apuros económicos, ya que se mantendrán en algo más de 500.000 euros aún tras la retirada de la partida destinada al rey Emérito en 2020.

Aunque en los Presupuestos Generales del Estado la partida prevista fue de 8.431.150 euros, desde Zarzuela ya se aclaró en su momento que esta cifra es la suma de los 7.887.150 euros de presupuesto que ha habido en los últimos tres años, más los 544.000 euros adelantados por la Casa del Rey en los últimos dos ejercicios.

El coste real de la Corona española

Sin embargo, a estos más de 8 millones de euros poco tiene que ver con lo que en realidad costa mantener a esta familia. La Familia Real está formada por seis personas: el rey Felipe VI, la reina consorte Leticia Ortiz, las hijas de ambos y los padres del rey Felipe VI: El rey Juan Carlos y la reina Sofía, y su residencia oficial es el Palacio de La Zarzuela, en Madrid. Pero el organismo público bajo la dependencia del Jefe del Estado es la Casa del Rey o Casa Real, que también cuenta con una estructura orgánica y funciones propias

El Ministerio de la Presidencia tiene una partida específica para el “apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado” cuya cuantía es de 6.182.900 euros al año. A esto habría que sumar el gasto el efectuado para el mantenimiento del Patrimonio Nacional, la institución que recoge los bienes destinados al uso y servicio del Rey y de los miembros de la Familia Real. El apartado de gastos de los Presupuestos Generales del Estado recoge que el total destinado a la Administración del Patrimonio Histórico-Nacional asciende a 117,4 millones de euros.

Falta de transparencia

A pesar de todos estos gastos conocidos, hay parte que no es posible desglosar debido a la falta de transparencia. Hacienda tiene un presupuesto para el Parque Móvil del Estado de 45 millones de euros, pero no sé conoce cuánto va destinado a la representación de la Jefatura del Estado, como recoge en su web. Tampoco se conoce una partida específica de seguridad en el Ministerio del Interior.

Y es que por mucho que se nos venda la idea de transparencia, la Casa Real está muy lejos de ella. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno sí incluye en su ámbito de aplicación a la Casa Real pero no a los integrantes de la Familia Real.

De esta manera, no existe una obligación administrativa de responder a una solicitud de información relativa a cualquiera de sus miembros – Felipe VI, la reina Leticia, las infantas Leonor y Sofía, el Rey emérito Juan Carlos I y la reina emérita Sofía. Además, éstos tampoco son considerados altos cargos de la Administración General del Estado.

Sobre espionaje Pegasus

Rufián también ha aprovechado la ocasión para arremeter contra el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y Margarita Robles, ministra de defensa, como responsables políticos del presunto caso de espionaje a los políticos independentistas.

De este modo ha exigido al PSOE que les permita investigar el caso en el Congreso, algo que también ha apoyado Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos.

Asimismo, el origen de toda esta polémica se debe al informe publicado en The New Yorker, el cual habla de un presunto espionaje telefónico a hasta 65 políticos independentistas a través del programa Pegasus, fundado por la empresa israelí NSO y que, según afirman, «solo puede ser adquirido por Estados y sus estamentos gubernamentales».

Según señalan algunos de los firmantes, «la sospecha de la implicación del Estado español es más que verosímil» y puntean directamente al Ministerio de Defensa.

«Los indicios apuntan a la implicación del Centro Nacional de Inteligencia bajo el control, desde que Margarita Robles asumiera el cargo, del Ministerio de Defensa, sin descartar la autoría o participación de otros organismos públicos», se denuncia en el documento.