Bahréin intenta tapar su vergonzoso pisoteo a los derechos humanos con la Fórmula 1 

Este tipo de operaciones, como la que intenta llevar a cabo Bahréin, son conocidas como sportswashing llevan años celebrándose

En vísperas del Gran Premio de Fórmula 1 que se celebrará en Bahréin por partida doble (del 27 al 29 de noviembre y del 4 al 6 de diciembre), Amnistía Internacional quiere destacar el oscuro historial de derechos humanos del país, especialmente en lo relacionado con la libertad de expresión, la continua detención de presos de conciencia, la existencia de juicios injustos, la vulneración de los derechos de las mujeres o la imposición de condenas a muerte, entre otras violaciones de derechos humanos vigentes.

«Tras el glamour de la Fórmula 1, Bahréin tiene una cara mucho más siniestra, que revela un Estado profundamente represivo donde cualquier persona que critique al gobierno puede ser encarcelada», asegura Carlos de las Heras, responsable del trabajo sobre Deporte y Derechos Humanos de Amnistía Internacional.

«En lugar de tratar de lavar su imagen con un evento deportivo como este y ocultar tras el brillo de la alta velocidad su lamentable historial de derechos humanos, el gobierno bahreiní debe derogar de inmediato las leyes que criminalizan la libertad de expresión y debe acelerar la excarcelación de todas las personas presas de conciencia», concluye De las Heras.

Además, Bahréin continúa negando la entrada a observadores independientes de derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional, Human Rights Watch y organismos de derechos humanos de la ONU, y sigue formando parte de la coalición dirigida por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos responsable de crímenes contra la humanidad en el conflicto armado de Yemen.

Además de Bahréin, otros países como Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudí aparecen en el calendario de Fórmula 1 para esta temporada organizando grandes premios con el mismo fin de lavar su imagen exterior. Este tipo de operaciones conocidas como sportswashing llevan años celebrándose y no abarcan solo el mundo del motor sino que se expanden a otros deportes de masas como el fútbol. En este sentido, la celebración de la supercopa de España de fútbol en Arabia Saudí, prevista para el mes de enero, es uno de sus mayores exponentes.

Libertad de expresión

En Bahréin, las autoridades se esfuerzan en reprimir la libertad de expresión, tanto de manifestantes, como de personas críticas con el gobierno. Estas se enfrentan a juicios injustos, y Amnistía Internacional ha recibido informes de malos tratos a las personas detenidas y, en algunos casos, de tortura. Además, las condiciones de reclusión son precarias y en muchos casos constituyen trato inhumano y degradante.

Presos de conciencia y defensores y defensoras de los derechos humanos

Si bien a mediados de marzo de 2020, Bahréin liberó a más de 1.400 personas encarceladas debido a la pandemia de COVID19, en estas cifras no se incluía a los presos y presas de conciencia, personas que están detenidas exclusivamente por ejercer de forma pacífica sus derechos humanos.

Entre el 17 de marzo y el 9 de abril de 2011 decenas de activistas de la oposición fueron detenidos por haber participado en varias protestas. Fueron declarados culpables y condenados a sentencias de entre cinco años y cadena perpetua por cargos infundados que incluían «establecer grupos terroristas para derrocar al régimen Real y cambiar la Constitución».

Hoy día, hasta 11 de estos activistas siguen en prisión, entre ellos el defensor de los derechos humanos Abdulhadi Al-Khawaja. Varios de ellos padecen problemas de salud y Amnistía Internacional ha llamado la atención sobre el abandono médico que padecen. Por otra parte, Sheikh Ali Salman, secretario general de al-Wefaq, el principal partido de oposición del país hasta que el gobierno ordenó su disolución en 2016, ahora cumple cadena perpetua en la prisión de Jaw.

Juicios injustos

Los juicios injustos continúan en Bahréin, donde a menudo se celebran juicios colectivos, tanto de personas acusadas de delitos de terrorismo como de manifestantes. Estos juicios se caracterizan por una grave falta de garantías jurídicas.

Un claro ejemplo de esta es la situación de Kameel Juma Hasan, un estudiante de secundaria, encarcelado en represalia contra él y su familia después de que, tanto él como su madre se negaran a convertirse en informantes y su madre denunciara en la prensa internacional cómo fue agredida sexualmente por interrogadores del gobierno. Se enfrenta a más de 20 procesamientos derivados de su presunta participación en manifestaciones de oposición. Fue obligado a firmar una “confesión” preparada que los interrogadores le colocaron después de ser golpeado y obligado a permanecer de pie durante períodos prolongados de tiempo.

Derechos de las mujeres

En Bahréin las mujeres no tienen jurídicamente los mismos derechos que los hombres, algo que contraviene disposiciones básicas de la Convención de la ONU sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, como el artículo 2, por el que los Estados se comprometen a «eliminar la discriminación contra la mujer».

En este sentido, las mujeres no están protegidas adecuadamente, por ejemplo, frente a la violencia sexual. Se da la circunstancia de que el artículo 353 del Código Penal dispone que «el que cometiere» violación o agresión sexual “no será castigado con ninguna pena”, además de ser absuelto con respecto a toda sentencia condenatoria anterior «si contrae debidamente matrimonio con la mujer agraviada».

Tampoco en el ámbito laboral las mujeres ven respetados sus derechos: El artículo 31 de la Ley Laboral del Sector Doméstico de 2012 autoriza al ministro de Trabajo a «definir puestos para los que está prohibido emplear a mujeres». El reglamento de aplicación de esta Ley Laboral impide a las mujeres trabajar «en puestos que las expongan a un esfuerzo físico importante o continuado», así como ejercer determinadas profesiones.

Por último, el artículo 4 de la Ley de Nacionalidad bahreiní niega la transmisión igualitaria de la nacionalidad, de manera que las mujeres bahreiníes casadas con extranjeros no pueden transmitírsela sus hijos e hijas.

Pena de muerte

Tras dos años sin ejecuciones, el año pasado, 2019, vio como Bahréin volvía a matar en nombre de la justicia. El 27 de julio se llevaron a cabo varias ejecuciones y las autoridades se negaron a entregar los cadáveres a las familias de los ciudadanos bahreiníes ejecutados para que pudieran organizar los funerales; incluso impidieron a la mayoría de sus miembros asistir a su entierro.

Durante 2020, los tribunales bahreiníes han continuado imponiendo condenas a muerte y confirmando otras ya impuestas. En julio, Amnistía Internacional y otras organizaciones asociadas emitieron una carta abierta conjunta instando al rey de Bahréin a conmutar las condenas a muerte de Mohamed Ramadan y Hussein Ali Moosa, dos hombres declarados culpables en 2014 tras un juicio manifiestamente injusto que se basó en gran medida en “confesiones” obtenidas bajo tortura. Ambos fueron detenidos y llevados al Departamento de Criminalística, donde los torturaron durante su interrogatorio. Mohamed Ramadhan se negó a firmar una “confesión”, a pesar de que había sido sometido a palizas y a electrocución. Hussain Ali Moosa dijo que lo habían obligado a «confesar» y a incriminar a Mohamed Ramadhan tras haber estado varios días colgado de las extremidades y sometido a palizas.

Condiciones de reclusión

Las condiciones de reclusión en las cárceles bahreiníes se caracterizan por la precariedad, con frecuentes denuncias de hacinamiento, falta de camas y artículos de higiene suficientes, uso punitivo del régimen de aislamiento, saneamiento deficiente y casos de intoxicación alimentaria, infecciones cutáneas y desatención médica, sobre todo en la prisión de Yaw, principal centro penitenciario del país. En muchos casos, las condiciones y prácticas constituyen tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

Fuente: Amnistía Internacional

Nota sobre la imagen: Nabeel Rajab, destacado activista de los derechos humanos encarcelado en Bahrein, fue obligado a continuar la condena desde su casa en el mes de junio durante la pandemia, lo cual fue criticado internacionalmente.