La toma del palacio presidencial previa huida de Ashraf Gani pone fin a una guerra blanda sin apenas oposición.
Kabul ha caído en manos de los extremistas. El presidente afgano, Ashraf Ghani, huyó del país rumbo a Tayikistán apenas horas después de que los talibán se plantasen en las puertas de Kabul y anunciasen en un comunicado, un alto a sus operaciones hasta «la conclusión de un acuerdo de transición».
Quien fuera eterno número dos del Gobierno, Abdullah Abdullah, fue quien reveló que el presidente se encontraba ya en Tayikistán. Aparentemente, camino de Omán. Desde algún lugar, Gani terminó el día con este mensaje: “Los talibanes han ganado. Ahora les corresponde la preservación del país”.
![[Captura de pantalla / Al Jazeera]](https://www.aljazeera.com/wp-content/uploads/2021/08/Taliban-8.jpg?fit=1170%2C661)
En el comunicado talibán, que culmina dos semanas de ofensiva sin resistencia, los radicales indicaron inicialmente que «dado que la capital está densamente poblada, los muyaidín del Emirato Islámico no tienen intención de entrar en la ciudad por la fuerza o con guerra, sino hacerlo pacíficamente a través de una negociación en curso, para asegurarse de que un proceso transitorio se completa de forma segura, sin comprometer vidas, propiedad o el honor de nadie, y sin poner en riesgo las vidas de los kabulíes».
Los talibán han accedido al palacio presidencial con la intención de declarar un Emirato Islámico, un Gobierno fundamentalista como el que ya existió durante la segunda mitad de la década de los 90.
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El comienzo de una época negra
Estados Unidos no daba abasto huyendo del país y abandonando a su suerte al pueblo afgano. La comunidad internacional parece dispuesta a buscar un encaje político con los nuevos gobernantes, e incluso a concederles el reconocimiento, pese a las serias denuncias de violaciones de DDHH. Comienza una época negra en Afganistán.
Los extremistas, insisten en que su intención es «no vengarse de nadie» y prometen que «todos los que han servido en el ejército, la policía y los sectores civiles de la administración serán perdonados y estarán seguros», confirmando así sus pretensiones de ser reconocidos como fuerza política y auspiciados por estamentos internacionales.
Mujeres y menores, los que más peligro corren
El 80% de los 250.000 afganos que han huido de sus hogares desde finales de mayo son mujeres, niñas y niños ante el temor de la interpretación radical del Islam de los talibán. Durante los 5 años en los que gobernaron antes de la invasión de Estados Unidos en 2001, entre otras cosas, prohibieron la educación de las niñas, el trabajo de las mujeres o que pudieran viajar solas.
Los talibán también llevaban a cabo ejecuciones públicas, cortaban las manos a los ladrones y apedreaban a las mujeres acusadas de adulterio. Un paso atrás, pues en los últimos años las mujeres habían conseguido cuestiones como que las niñas pudieran ir a la escuela o que estuvieran en el Parlamento, el Gobierno o los negocios.
Zarmina Kakar, activista por los derechos de las mujeres destaca: «Durante la última época de los talibanes, recuerdo que mi madre me llevó a comprarme un helado. Fui testigo de cómo los talibanes azotaron a mi madre por revelar su rostro durante un par de minutos, nunca podré olvidar la sensación de impotencia a pesar de ser una niña pequeña. Hoy vuelvo a sentir que si los talibanes llegan al poder, volveremos de nuevos a esos días oscuros».
Marianne O’Grady, directora adjunta de CARE International en Kabul, afirma que los avances logrados por las mujeres en las dos últimas décadas han sido espectaculares, sobre todo en las zonas urbanas, y añade que no puede ver que las cosas vuelvan a ser como antes, ni siquiera con la llegada de los talibanes al poder.
«No se puede deseducar a millones de personas» , dice. Si las mujeres «vuelven a estar detrás de los muros y no pueden salir tanto, al menos ahora pueden educar a sus primos, a sus vecinos y a sus propios hijos de una forma que no se podía dar hace 25 años».
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
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La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
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