7.291: lo que Ayuso no quiere que sepas 

¿Qué papel jugó Isabel Díaz Ayuso en las decisiones que llevaron a miles de muertes? ¿Por qué no se trasladaba a los ancianos a los hospitales si no tenían seguro privado?

Durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19, uno de los capítulos más oscuros se vivió en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid. La gestión de estos centros, bajo la dirección de Isabel Díaz Ayuso, ha sido duramente criticada desde entonces, pero recientemente nuevas revelaciones han encendido aún más la polémica. Las actas publicadas en exclusiva por El Diario han sacado a la luz un entramado de decisiones y protocolos que, en lugar de proteger a los ancianos, parecían condenarlos a una muerte segura.

Las actas que lo cambian todo

Las actas reveladas detallan cómo durante los primeros meses de la pandemia, en la primavera de 2020, la Comunidad de Madrid estableció criterios que impedían el traslado de los residentes enfermos de COVID-19 a los hospitales, a menos que tuvieran un seguro privado. Esta distinción cruel y desigual no solo subrayó las diferencias socioeconómicas en el acceso a la salud, sino que, según los documentos, miles de personas murieron en las residencias sin recibir los cuidados necesarios o paliativos.

Estos documentos desmienten la versión oficial sostenida durante meses por Ayuso, quien ha defendido que no existieron protocolos discriminatorios y que la mortalidad en las residencias fue una consecuencia inevitable de la pandemia. Sin embargo, las actas muestran una realidad mucho más cruda: no fue el virus el único culpable, sino las decisiones políticas que marcaron quién tenía derecho a ser atendido y quién no.

Decisiones políticas y negligencia

Uno de los aspectos más alarmantes que se desprende de las actas es la falta de asistencia hospitalaria a los residentes. En muchos casos, se documentan situaciones en las que las ambulancias se negaban a trasladar a los enfermos porque no cumplían con los “criterios” impuestos por la Consejería de Políticas Sociales de Madrid. Estos criterios, en la práctica, negaban el derecho a ser tratado en un hospital a muchos ancianos, condenándolos a morir en condiciones de abandono en las residencias.

Además, las actas también reflejan cómo los centros estaban desbordados, con personal insuficiente y agotado, incapaz de hacer frente a la magnitud de la crisis. Mientras tanto, Ayuso mantenía un discurso público que minimizaba las críticas y desviaba responsabilidades, asegurando que se había hecho todo lo posible. Las cifras de más de 6.000 fallecidos en las residencias madrileñas cuentan una historia diferente.

La respuesta de Ayuso

Isabel Díaz Ayuso ha intentado, desde el inicio de la crisis, distanciarse de las acusaciones, asegurando que las muertes en las residencias fueron una tragedia inevitable y no el resultado de malas decisiones. Sin embargo, la publicación de las actas ha puesto en entredicho esa versión. Los documentos dejan claro que hubo protocolos discriminatorios y que la falta de acción fue una decisión política, no una imposición del contexto sanitario.

Ayuso, en más de una ocasión, ha llegado a decir que «los ancianos se iban a morir igual», un comentario que ha sido ampliamente criticado y que, a la luz de las nuevas revelaciones, suena aún más deshumanizador. La realidad es que muchos de esos ancianos podrían haber tenido una oportunidad de sobrevivir si hubieran recibido atención hospitalaria o, al menos, cuidados paliativos dignos.

La justicia que nunca llega

A pesar de la gravedad de los hechos, las posibilidades de que se depuren responsabilidades parecen lejanas. Los familiares de los fallecidos han luchado incansablemente por justicia, y aunque las actas publicadas por El Diario han dado un nuevo impulso a su causa, el Gobierno de Ayuso sigue evitando reconocer cualquier tipo de error o responsabilidad. La presidenta de la Comunidad de Madrid continúa en su estrategia de defensa, protegiéndose tras el argumento de que las decisiones fueron tomadas en un contexto de emergencia sanitaria.

Lo que queda claro con las actas es que no fue solo el virus lo que mató a miles de ancianos en las residencias de Madrid. Fue también una gestión política que priorizó criterios económicos y privatizadores sobre el cuidado y la protección de los más vulnerables. El escándalo de las residencias madrileñas será recordado como uno de los episodios más vergonzosos de la gestión de la pandemia en España, y aunque Ayuso siga sin asumir responsabilidades, la memoria de lo sucedido queda registrada en cada una de esas actas.

¿Qué será lo siguiente?

El impacto de estas revelaciones está lejos de terminar. El debate sobre la gestión de las residencias y la falta de atención hospitalaria durante los momentos más críticos de la pandemia continuará resonando en la sociedad española. Las actas publicadas son solo el comienzo de lo que puede ser una larga lucha por justicia, y aunque Ayuso siga firme en su estrategia de negación, la presión de los medios y de los familiares de las víctimas no dejará que esta historia caiga en el olvido.

El episodio de las residencias de Madrid es un triste recordatorio de cómo las decisiones políticas pueden tener consecuencias fatales, especialmente cuando se trata de los más vulnerables. Mientras las actas sigan siendo analizadas, el papel de Isabel Díaz Ayuso quedará cada vez más claro, y con él, la pregunta de si alguna vez se hará justicia.