Vídeo | Quieren condenar a muerte a las mujeres que abortan en Estados Unidos 

Del control del cuerpo al control de la vida y la muerte: la extrema derecha cruza una línea que creíamos impensable

Hay momentos en los que la política deja de ser una disputa ideológica y se convierte en una amenaza directa contra la vida. Eso es lo que está ocurriendo en Estados Unidos. No hablamos de recortes, ni de retrocesos administrativos. Hablamos de la posibilidad real de ejecutar a mujeres por abortar.

El 23 de febrero de 2026, legisladores republicanos del estado de Tennessee presentaron la enmienda HB0570, una propuesta para que el aborto sea considerado “homicidio de un no nacido”. La consecuencia penal no es simbólica. La pena contemplada es cadena perpetua o inyección letal. No es un exabrupto en redes sociales. Es un texto registrado oficialmente en el Capitolio estatal.

Tennessee ya contaba con una de las legislaciones más restrictivas del país. Desde agosto de 2022, tras la firma del gobernador republicano, el aborto está prohibido desde la fecundación. Sin excepciones amplias. Sin matices reales. Pero eso no ha sido suficiente para quienes conciben el cuerpo de las mujeres como territorio ideológico. Ahora el salto cualitativo es evidente: de prohibir a castigar con la muerte.

No se trata de un caso aislado. En Texas, iniciativas similares han buscado introducir la pena capital para quienes interrumpan un embarazo. En South Carolina, un proyecto de ley de este tipo llegó a sumar más de 20 votos republicanos antes de caer. No fue un gesto marginal. Fue un ensayo general. Y lo seguirán intentando.

DE LA PROHIBICIÓN A LA EJECUCIÓN

La ofensiva no surge en el vacío. Desde que el Tribunal Supremo revocó la protección federal al aborto en 2022, la fragmentación legal ha permitido que distintos estados compitan en dureza punitiva. En este contexto, el paso siguiente es coherente con la lógica que se ha impuesto: si el aborto es equiparado a homicidio, entonces la mujer pasa a ser tratada como asesina.

El mensaje es nítido: si decides sobre tu cuerpo, eres criminal; si no obedeces su moral, mereces castigo extremo.

Pero la realidad material es todavía más cruel. En estados como Texas y Georgia ya se han documentado muertes vinculadas a la imposibilidad de acceder a abortos legales. Hospitales que dudan en intervenir por miedo a represalias penales. Médicas y médicos que retrasan procedimientos ante el riesgo de ser procesados. Mujeres que pagan con su salud o con su vida la parálisis inducida por el terror legislativo.

Esto no es una distopía literaria. Es la consecuencia lógica de un modelo que antepone el dogma religioso al criterio sanitario y jurídico. Cuando el personal médico trabaja bajo amenaza, la atención deja de basarse en la evidencia científica y pasa a estar condicionada por el miedo.

Las organizaciones de derechos reproductivos llevan años alertando de este escenario. La criminalización no reduce abortos. Los desplaza hacia la clandestinidad o hacia estados donde aún son legales. La penalización extrema no protege vidas; produce más sufrimiento y más desigualdad. Las mujeres con recursos viajarán. Las trabajadoras, las migrantes, las precarizadas asumirán el riesgo.

LA NORMALIZACIÓN DEL CASTIGO

Lo más inquietante no es solo la existencia de estos proyectos. Es su normalización. Que se debatan en comités legislativos. Que acumulen apoyos formales. Que parte de la opinión pública los contemple como una opción política legítima.

En Tennessee, la mera presentación de la enmienda ya desplaza el marco de discusión. Lo que hace una década habría sido considerado radical hoy se tramita como iniciativa parlamentaria. Ese corrimiento del límite es la estrategia. Se propone lo impensable para que lo inaceptable parezca moderado.

Cuando la pena de muerte entra en el debate sobre derechos reproductivos, la democracia empieza a erosionarse por dentro.

La historia enseña que los retrocesos en derechos no se producen de golpe. Se construyen paso a paso. Primero se restringe. Luego se criminaliza. Después se estigmatiza. Finalmente se castiga de forma ejemplarizante. El cuerpo de las mujeres se convierte en campo de batalla cultural y en herramienta electoral.

No es casual que esta ofensiva se produzca en un clima de polarización creciente. La extrema derecha necesita enemigos morales para movilizar a su base. Y el control del cuerpo femenino ha sido históricamente uno de los instrumentos más eficaces del poder patriarcal.

El problema no es solo estadounidense. Hoy es Tennessee, Texas o Carolina del Sur. Mañana puede ser cualquier territorio donde el fundamentalismo encuentre una mayoría suficiente. Las ideas circulan. Las estrategias se copian. La agenda reaccionaria se internacionaliza con rapidez.

En este escenario, la defensa de los derechos reproductivos deja de ser una cuestión sectorial. Es una defensa de la autonomía personal, de la sanidad pública basada en la evidencia, y de la propia arquitectura democrática. Porque cuando el Estado asume la potestad de decidir quién merece vivir según un dogma, ya no estamos ante una disputa moral. Estamos ante un proyecto de poder que convierte la ley en instrumento de castigo ideológico.

Y cuando empiezan a debatir en un parlamento si una mujer merece la inyección letal por abortar, la línea roja ya ha sido cruzada.