Isabel Díaz Ayuso ha dejado una marca imborrable en la historia de Madrid durante la pandemia, y no precisamente por su liderazgo. Las grabaciones y testimonios de las primeras semanas revelan una tragedia humana escalofriante: ancianos abandonados en residencias, atrapados entre la desesperación de sus familias y la frialdad de un gobierno que aprobó protocolos que impedían su traslado a hospitales. Mientras Madrid colapsaba, Ayuso seguía cobrando por plazas vacías en residencias, dejando morir a los más vulnerables sin acceso a una mínima atención sanitaria.
Las llamadas al 112 evidencian la negligencia: ambulancias que no llegaban, médicos con las manos atadas y un sistema de emergencias saturado. Miles de vidas se perdieron en silencio, no solo por el virus, sino por la indiferencia de un gobierno más preocupado por su imagen que por salvar vidas. Ayuso y su administración decidieron quién vivía y quién moría, negando a miles de ancianos su derecho a una muerte digna. Esto no es gestión de crisis; es una violación de derechos humanos, un escándalo que requiere rendición de cuentas. 7.690 muertes no pueden ser olvidadas ni justificadas.
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