Trump y el caos global: los pasos de la demolición consciente del derecho internacional 

Estados Unidos ya no finge liderar el mundo: lo extorsiona, lo fragmenta y lo deja arder mientras protege sus intereses.

La idea de que el orden internacional se resquebraja no es nueva, pero con Donald Trump la quiebra deja de ser un proceso histórico y pasa a ser una decisión política. No es decadencia. Es demolición planificada. No es error. Es doctrina. Desde 2025, la Casa Blanca ha dejado claro que el sistema nacido tras 1945, con sus equilibrios precarios, sus instituciones multilaterales y su retórica de derechos humanos, estorba a un proyecto de poder desnudo, transaccional y violento.

Trump no gobierna desde la diplomacia, sino desde la amenaza. No reconoce límites jurídicos, solo calcula fuerzas. Lo dijo sin ambages: su poder está limitado únicamente por su propia moralidad. Cuando un presidente de Estados Unidos formula eso, el problema deja de ser Trump y pasa a ser el mundo que lo tolera.

La advertencia estaba escrita. En febrero de 2025, durante su audiencia de confirmación ante el Senado, el entonces aspirante a secretario de Estado Marco Rubio proclamó que el orden internacional de la posguerra se había convertido en “un arma contra Estados Unidos”. No habló de reformarlo. Habló de abandonarlo. De sustituir el derecho por la fuerza y el multilateralismo por la lealtad personal.

Ese giro quedó plasmado en la Estrategia de Seguridad Nacional publicada a finales de 2025, donde Washington renunciaba explícitamente a sostener el orden global y apostaba por respaldar fuerzas nacionalistas en Europa mientras normalizaba la “estabilidad estratégica” con Rusia. Estados Unidos deja de ser árbitro y se convierte en jugador depredador.

DE LA IMPUNIDAD COMO MÉTODO DE GOBIERNO

La política exterior de Trump no es incoherente. Es caótica a propósito. Un desfile de decisiones inconexas que generan miedo, dependencia y sumisión. No hay una línea diplomática, hay fuegos artificiales. Cada gesto sirve para recordar quién manda y quién paga.

En ese marco, el derecho internacional no es un marco ético, sino un obstáculo a neutralizar. Trump lo desprecia de forma sistemática. Sustituye las normas por la coerción y el tratado por el chantaje. Lo que algunos diplomáticos ya definen sin rubor como diplomacia mafiosa.

El caso de Ucrania es paradigmático. Estados Unidos tiene capacidad material para forzar una retirada rusa si quisiera. No lo hace. Prefiere negociar con Vladímir Putin un reparto de recursos, aunque eso suponga sacrificar soberanía, vidas y cualquier noción de legalidad internacional. Ucrania se convierte en moneda de cambio. Europa, en espectadora aterrada.

La lógica se repite en América Latina y el Ártico. Venezuela, con 303.000 millones de barriles de petróleo, Canadá, México y ahora Groenlandia entran en el radar no como países soberanos, sino como activos estratégicos. Cuando se advirtió que bombardear civiles venezolanos sin proceso judicial constituye un crimen de guerra, el vicepresidente JD Vance respondió: “Me importa una mierda cómo lo llaméis”. La impunidad ya no se oculta: se exhibe.

Mientras tanto, el libre comercio se convierte en un arma. Aranceles, sanciones y amenazas se usan para imponer reformas internas en países aliados. El valor de un Estado ya no se mide por su democracia, sino por la obediencia de su dirigente. Un orden cuasi monárquico, sin disimulo ni vergüenza.

LA GUERRA CONTRA LAS INSTITUCIONES Y LA LEY

El ataque no se limita a los países. Va dirigido al corazón del sistema internacional. Estados Unidos ha recortado 855 millones de euros en fondos destinados a organismos vinculados a la ONU y ha despedido a 1.000 empleados públicos cuyas funciones reforzaban su papel multilateral. Ha abandonado o saboteado el Consejo de Derechos Humanos, la Unesco y ha convertido foros como el G20 o la OMC en campos de batalla.

El castigo a quienes aplican el derecho internacional es ejemplarizante. El magistrado de la Corte Penal Internacional Nicolas Guillou fue sancionado en agosto de 2025 por apoyar la orden de detención contra Benjamin Netanyahu. Sus cuentas bancarias fueron cerradas. Empresas como Amazon, PayPal o Airbnb cancelaron servicios. Defender a civiles palestinos te devuelve a los años noventa, resumió Guillou.

Las organizaciones palestinas de derechos humanos, como Al-Haq, también vieron bloqueadas sus cuentas. Juezas y jueces de la Corte Internacional de Justicia tuvieron que proteger sus bienes ante posibles embargos. Europa miró hacia otro lado, pese a ser firmante del Estatuto de Roma desde 2002.

Todo ocurre mientras Gaza es arrasada. La ocupación y el bombardeo israelí no solo destruyen vidas. Destruyen la idea misma de universalidad del derecho. Como denunció Majed Al Ansari, portavoz de Exteriores de Qatar, vivimos una era de impunidad repugnante en la que ya no se exige cumplir la ley, solo matar un poco menos.

La contradicción alcanza lo grotesco cuando líderes occidentales invocan resoluciones de la ONU y, acto seguido, se arrodillan ante Trump, lo halagan y le rinden pleitesía. El derecho como escenografía y la sumisión como política real.

Intelectuales y juristas lo advierten. El derecho internacional está en el centro del discurso público justo cuando pierde capacidad real. Se nombra más, se cumple menos. Como escribió Thomas Skouteris en 2025, cuanto más se invoca la legalidad, menos decisiva resulta. Prometía orden y hoy suena a representación.

Trump no creó esta crisis, pero la ha acelerado sin frenos. Tras el 11-S, Irak y Afganistán ya mostraron el desprecio estructural de Estados Unidos por la legalidad internacional. Hoy, esa hipocresía se convierte en doctrina explícita. Un mundo donde cualquiera con capacidad de causar estragos puede hacerlo sin rendir cuentas. Un planeta gobernado por la fuerza, el dinero y el miedo, mientras el derecho se desvanece como un recuerdo incómodo.