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A los implicados se les acusa de falsedad documental, cohecho, prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación
El “Caso Cuarteles” es un escándalo de corrupción en la Comandancia de Ávila que salió a la luz en mayo de 2018 gracias a una denuncia anónima. El caso involucra a un guardia civil y a un empresario, quienes están acusados de presuntas irregularidades en las reformas de 13 comandancias, que fueron realizadas entre marzo de 2014 y abril del 2019, por un valor presuntamente superior a los 3,3 millones de euros.
El principal acusado en el caso es el teniente general Pedro Vázquez Jarava, quien ocupaba uno de los cargos más poderosos en el Instituto Armado y dirigía la Subdirección General de Apoyo, encargada de gestionar los recursos financieros y patrimoniales de la institución. Vázquez Jarava fue el responsable de las reformas y se le acusa de presionar para que se hicieran con los contratistas que él designaba.
El otro acusado es el empresario canario Ángel Ramón Tejera de León, también conocido como ‘Mon’, quien aparece en el sumario de la trama del ‘Caso Mediador’ como uno de los empresarios dispuestos a pagar por conseguir un trato de favor en las adjudicaciones de la Administración.
Múltiples cargos
A los implicados se les acusa de falsedad documental, cohecho, prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación. Las obras más sospechosas están relacionadas con la Comandancia de Tenerife, que habría ordenado 47 reformas por un importe de 927.499,74 euros. La segunda Comandancia con más contratación con ese empresario es la de Huelva, con 61 proyectos por importe de 461.079,45 euros; seguida de Algeciras, con 29 obras por 399.189,48 euros.
Se ha denunciado que el contratista se encargaba de los trabajos de pintura e impermeabilización de edificios, siempre tratando de evitar superar los límites de los contratos (menos de 50.000 o incluso de 5.000 euros), aunque las obras en realidad valían mucho menos y eran chapuceras.
El diario ‘El Periódico de España’ realizó un recorrido por las obras que se realizaron en los cuarteles y encontró numerosas irregularidades, como en Ávila, donde en los municipios Arenas de San Pedro y Pedro Bernardo no retiraron los cuadros de las paredes para pintar. En El Tiemblo no movieron el armario del comandante y pintaron alrededor, y en El Barraco dejaron el cuartel pintado de dos colores, usando el blanco cuando el resto de las dependencias estaban en crema.
Las obras en el caso de Navarredonda de Gredos fueron sin pintura y los guardias civiles tuvieron que acompañar a los contratistas para comprarla. En Arévalo, no pusieron enchufes para los secamanos, y en Cebreros, se dejaron cinta de carrocero y el despacho del comandante en dos colores.
En Jacarilla (Alicante), solo se pintó la fachada, y en Castellón (Vall de Uxó) se facturaron obras que nunca llegaron a ejecutarse.
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