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Si la izquierda no vuelve a hablar de salarios, vivienda y dignidad, el fascismo seguirá llenando el silencio con odio.
EL VACÍO QUE LLENA LA EXTREMA DERECHA
La clase trabajadora mundial está huérfana de representación política. Los sindicatos se han debilitado, las socialdemocracias se han burocratizado y la izquierda institucional ha olvidado su razón de ser: organizar el poder de quienes viven de su trabajo frente a quienes viven del trabajo ajeno. En Europa, la densidad sindical ronda el 20 – 25%, en América Latina el empleo informal supera el 50%, y en Asia y África la desregulación laboral es la norma, no la excepción. La precariedad no es coyuntura: es arquitectura.
Durante décadas, las élites políticas progresistas han sustituido la política de clase por una política de consumidores y emprendedores. Se ha hablado de “competitividad”, de “transición verde” o de “resiliencia”, pero no de salarios, control de precios, o propiedad pública. Mientras tanto, la extrema derecha aprendió a hablar de los problemas reales con palabras falsas: promete protección mientras destruye derechos, agita banderas para ocultar nóminas vacías. Su éxito no es cultural, es material. Ocurre donde la gente ha perdido trabajo, vivienda o esperanza y solo escucha a quien se atreve a señalar culpables.
La crisis de 2008, la pandemia y la inflación han consolidado un nuevo régimen económico global: un capitalismo de plataformas, deuda y servidumbre tecnológica, donde la concentración de poder es obscena. En 2025, el 1% más rico posee más del 43% de la riqueza mundial, según Oxfam, y las diez mayores corporaciones tecnológicas controlan infraestructuras básicas de comunicación, energía o información. Lo llaman mercado, pero es gobierno corporativo sin urnas.
En este contexto, el sindicalismo no basta. Sin una estrategia política mayoritaria (capaz de ganar elecciones, reformar leyes laborales y recuperar soberanía económica), toda resistencia se convierte en gesto. Es lo que advierte la investigación del Center for Working-Class Politics y la evidencia empírica de la última década: sin coaliciones amplias de clase trabajadora, no hay redistribución posible.
CANDIDATURAS DE CLASE, POPULISMO ECONÓMICO Y TRABAJO DE BASE
Recomponer mayorías obreras exige tres movimientos simultáneos: hablar claro, gobernar bien y volver al territorio.
Primero, recuperar el lenguaje del conflicto. No se trata de “proteger a las familias”, sino de enfrentar a quienes producen riqueza con quienes la concentran. Las campañas que han conectado con las y los trabajadores (de Sanders a Mélenchon, de Boric a el Frente Amplio uruguayo, de el Labour de Corbyn a los comunales de Kerala) comparten un hilo: nombran al enemigo. Dicen “banqueros”, “fondos buitre”, “oligarquías energéticas”, “Amazon”, “BlackRock”. No hay proyecto transformador sin relato de poder.
Segundo, candidaturas con biografía obrera y discurso creíble. En la mayoría de parlamentos del mundo, menos del 5% de las y los representantes proviene de ocupaciones manuales, técnicas o de cuidados. Ese desequilibrio explica por qué la clase política legisla para quienes cotizan en bolsa y no para quienes trabajan a turnos. Los datos del CWCP y de Democratic Audit en Reino Unido confirman que las y los votantes de clase trabajadora confían más en candidaturas que comparten su origen social, y que esas candidaturas, una vez electas, defienden políticas más redistributivas y sindicalistas.
Tercero, una agenda económica visible, valiente y material. Subir el salario mínimo, penalizar el esquirolaje patronal, reforzar la negociación colectiva, blindar los servicios públicos, frenar la especulación inmobiliaria y crear un sistema de garantía de empleo público y transición ecológica justa. Son políticas populares, no radicales. Encuestas globales de Ipsos y Gallup en 2024 muestran que más del 70% de la población mundial apoya impuestos más altos a los ricos y un papel más fuerte del Estado en sanidad y energía. El problema no es la gente, es la cobardía política.
Además, las izquierdas deben dejar de caer en el falso dilema entre renunciar a principios o encerrarse en minorías urbanas. Ni el “Trump Lite” europeo (copiar el lenguaje de los ultras para arañar votos) ni la impotencia del “que se hunda solo”. El fascismo no se autodestruye: se combate con organización y proyecto. La estrategia no es adaptar el mensaje a las encuestas, sino moldear las encuestas con liderazgo.
En el siglo XX, los partidos obreros crecieron porque estaban presentes en los barrios, en las fábricas y en los pueblos, no porque hicieran vídeos en redes. Hoy, ese papel lo cumplen plataformas como Movimiento Sin Tierra en Brasil, France Insoumise en Francia o cooperativas municipales en Italia y España. Quien no pisa el territorio deja espacio al algoritmo, y el algoritmo siempre trabaja para los dueños del capital.
Reconstituir ese tejido no es utopía. Basta con reorientar los recursos: en 2024, los grandes partidos progresistas gastaron más de 4.500 millones de dólares en publicidad electoral. Con solo el 10% de esa cifra se podrían financiar miles de centros locales, redes de consumo, espacios sindicales o brigadas de ayuda mutua. Política no es campaña, es presencia permanente.
El reto es global, pero la respuesta también. Sindicatos del sur global, cooperativas energéticas europeas y movimientos climáticos juveniles están tejiendo una nueva Internacional de facto. Su punto en común: no esperan permiso del poder, lo disputan.
La clase trabajadora no ha desaparecido; lo que desapareció fue su representación política. Si no la reconstruimos, las próximas décadas serán un feudalismo tecnológico con rostro amable y contratos basura. No es solo una batalla por el salario o la vivienda. Es una batalla por el sentido mismo de la democracia.
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