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La escena no necesita demasiada épica. Este lunes 15 de junio, en la estación de Sol, las colas en las oficinas de Metro de Madrid parecían las de cualquier otro día. Gente esperando, personal atendiendo, prisas, calor, rutina. Pero había una novedad que ya estaba funcionando como una cuchilla administrativa: desde ahora, solo podrán solicitar la Tarjeta de Transporte Público Personal, el abono transporte, quienes estén empadronados en Madrid.

Dicho así parece una medida técnica. Una corrección burocrática. Un trámite más en el país de los trámites. Pero no lo es. Es política. Y de la peor. Porque cuando el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso decide vincular el acceso al abono transporte al padrón sabe perfectamente a quién golpea. No golpea al rentista. No golpea al especulador. No golpea a quienes tienen varias viviendas vacías. Golpea a estudiantes, a personas trabajadoras que se desplazan desde otras comunidades y, sobre todo, a personas migrantes con más dificultades para empadronarse.

Alberto González Amador no es un personaje secundario arrastrado por una tormenta mediática. No es un vecino cualquiera sorprendido por una inspección rutinaria. No es un paisano perseguido por el capricho de un Estado maligno. Es la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y está acusado de cinco delitos. Conviene repetirlo, porque en la Puerta del Sol llevan más de dos años haciendo exactamente lo contrario: disolver los hechos en victimismo, envolver el expediente judicial en propaganda y presentar una investigación penal como si fuera una gamberrada del sanchismo.

El caso de los contratos a dedo de la FP madrileña ya no puede venderse como una chapuza menor ni como la travesura administrativa de un subdirector despistado. La investigación de elDiario coloca el foco donde molesta: en la Consejería de Educación durante la etapa de Enrique Ossorio, hoy presidente de la Asamblea de Madrid, y en una forma de gestionar dinero público que, según las auditorías internas de la propia Comunidad de Madrid, permitió construir centros sin concurso público, troceando facturas y usando fondos enviados a institutos como si fueran simples “gastos de funcionamiento”.

Casi un año después de que la jueza Inmaculada Iglesias aceptara encargar a la UCO una investigación patrimonial sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, el nuevo instructor, Antonio Viejo, ha dado por fin un paso decisivo. Autoriza a la Guardia Civil a rastrear sus cuentas bancarias. No es poca cosa. La causa está abierta desde octubre de 2024, cuenta con aval de la Audiencia Provincial desde marzo de 2025 y apunta a una pieza separada donde se investiga un presunto soborno a un directivo del Grupo Quirón.

Pero el juez no abre todas las puertas. Permite mirar las cuentas, sí, pero rechaza investigar sus sociedades y también recabar datos de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre esas mercantiles, como había pedido la UCO en diciembre de 2025. Es decir: se autoriza mirar por una rendija, no encender todas las luces. La diferencia entre investigar y administrar la investigación con cuentagotas no es menor.