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El Financial Times ha puesto palabras —y bastante incómodas— a lo que en Madrid se ve desde hace tiempo caminando por sus barrios: la capital se ha convertido en una ciudad de moda, sí, pero también en una máquina de triturar vida cotidiana. El diario británico, fundado en 1888 y con más de dos millones de lectores diarios, ha dedicado un amplio reportaje a la Comunidad de Madrid y a la transformación de una ciudad que ya no se vende solo como capital administrativa, sino como refugio dorado para turistas, inversores, nómadas digitales y fortunas extranjeras.

El enlace al análisis original es este: https://www.ft.com/content/8955cbef-afe8-4c9f-8381-b279c7f4c2c0

La postal es muy bonita, claro. Fachadas luminosas, terrazas llenas, museos, gastronomía, sol, barrios “vibrantes”, ese vocabulario tan de folleto para gente que puede pagar 3.000 euros al mes por vivir donde antes vivía una familia trabajadora. Pero detrás del brillo aparece la pregunta de siempre. La pregunta sucia. ¿Quién gana con este modelo y quién se queda mirando desde fuera?

Porque Madrid crece. Madrid atrae. Madrid se llena de dinero. Pero no todo crecimiento es prosperidad. A veces es simplemente expulsión con camareros sonrientes, copas caras y apartamentos turísticos.

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, vuelve este 30 de junio al juzgado. No para una escena menor, ni para un trámite decorativo. El empresario está citado como testigo para explicar si fue él quien mandó a Miguel Ángel Rodríguez la fotografía de dos periodistas de El País que acudieron a las inmediaciones del domicilio que comparte con la presidenta madrileña. Periodistas. No delincuentes. No acosadores. Periodistas investigando un caso de fraude fiscal y la compra de un piso vinculado al empresario.

La pregunta judicial es sencilla y políticamente devastadora: si González Amador pasó esas imágenes a Rodríguez y si después el jefe de gabinete de Ayuso las difundió entre medios junto con el bulo de que los reporteros habían acosado a vecinos de la presidenta, incluso a menores. Así funciona la cloaca elegante del poder: primero se señala, luego se intoxica, después se habla de libertad.

Entre 2021 y 2023, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ganó una media de casi 1,5 millones de euros al año. No está mal para un “ciudadano cualquiera”. Tampoco está mal que esos fueran, precisamente, los primeros años de su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Casualidades. Siempre casualidades. En Madrid parece que la suerte empresarial cae del cielo, pero solo en ciertos áticos, ciertos despachos y ciertas sociedades con nombres pulidos.

González Amador había creado su consultora en 2016. Al año siguiente empezó a hacer auditorías para Quirónprevención. Entonces sus facturaciones estaban por debajo de los 400.000 euros. Después vino el salto. Y no un salto pequeño. Un salto de esos que en cualquier democracia mínimamente higiénica obligaría a abrir ventanas, expedientes y preguntas públicas. Porque Quirón recibe cada año alrededor de 1.000 millones de euros por su cooperación hospitalaria en la Comunidad de Madrid. Ahí está la línea de puntos. No hace falta ser detective. Basta con no querer mirar hacia otro lado.

Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que el próximo 2 de julio llevará a la Asamblea de Madrid un pleno extraordinario para debatir y aprobar la llamada “ley del concebido no nacido”. No es una anécdota parlamentaria. No es una medida técnica. Es una pieza más en la ofensiva reaccionaria que intenta reescribir los derechos sexuales y reproductivos con lenguaje administrativo, una carpeta institucional y una sonrisa de superioridad moral.

La propuesta reconoce al “concebido no nacido” como “miembro más de la unidad familiar”. Dicho así parece una fórmula burocrática. Pero no lo es. Es política pura. Y de la más peligrosa: la que pretende colarse por la puerta de las ayudas sociales para instalar una visión ultraconservadora de la maternidad, del cuerpo de las mujeres y de la familia. No están ampliando derechos: están moviendo el marco para que el embarazo pese jurídicamente antes que la vida material de las mujeres.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha entregado al juzgado de instrucción número 19 de Madrid un informe que deja en una posición muy delicada a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. No hablamos de una anécdota contable, ni de una confusión menor entre papeles, ni de ese ruido administrativo con el que la derecha intenta envolver todo lo que huele a privilegio. Hablamos de compras sin justificación aparente, valoraciones empresariales que suben y bajan como si fueran decorado de cartón, facturaciones de cientos de miles de euros sin estructura visible y una sospecha de fondo: que el dinero utilizado en parte de estas operaciones podría proceder de la comisión de mascarillas cobrada durante la pandemia.

El informe fue entregado el 18 de junio y apunta directamente a una operación muy concreta: la compra del 100% de Círculobelleza por parte de Maxwell Cremona por 499.836,92 euros. Casi medio millón. La cifra importa. Importa porque, según la UCO, en la escritura no aparece una explicación clara de cómo se valoró esa sociedad ni por qué se fijó ese precio. Y más importa todavía cuando la empresa presentaba una facturación reducida y prácticamente no tenía personal contratado.

Una empresa casi sin cuerpo, pero con precio de lujo.

El juez Antonio Viejo ha autorizado por fin a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil a investigar las cuentas de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Por fin. Porque la petición no llegó ayer ni apareció por arte de magia en mitad del ruido mediático. Llevaba seis meses esperando firma, parada en un juzgado, después de que Viejo sustituyera a la magistrada anterior, ya jubilada. Medio año para permitir a la UCO hacer lo que cualquier investigación seria exige desde el primer minuto: seguir el dinero.