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La academia de Ávila permitió que durante meses un formador de agentes adoctrinara en teorías conspiranoicas y discursos de odio.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ratificado una parte crucial de la sanción impuesta a un profesor de la Escuela Nacional de Policía de Ávila, quien durante el curso 2020-2021 aprovechó sus clases para propagar teorías conspirativas y difundir discursos negacionistas. Este docente, con más de 20 años de experiencia en la formación de agentes, fue denunciado por otros profesores de la academia, quienes se vieron obligados a reaccionar ante su comportamiento.
PROPAGANDA ULTRADERECHISTA EN AULAS PÚBLICAS
En sus clases, el profesor negaba el Holocausto, se refería a él como un «Holocuento» y alimentaba bulos sobre la identidad de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, a la que llamaba «Begoño». Esta afirmación parte de un discurso transfóbico que ha sido difundido por sectores de la extrema derecha. No contento con eso, dedicaba tiempo lectivo a teorías delirantes como que las elecciones en España y Estados Unidos estaban manipuladas y calificaba al presidente Joe Biden como «pedoyayo».
La dirección de la academia abrió un expediente en 2021 y reunió el testimonio de varios alumnos, cuyas declaraciones confirmaron que el profesor desviaba el contenido de la asignatura de Investigación para imponer su agenda ideológica. Las y los futuros agentes de la Policía Nacional recibían, en lugar de formación profesional, una amalgama de discursos negacionistas, antisemitas y desinformación sobre la pandemia de COVID-19. El colmo fue encargar un trabajo para que sus estudiantes «demostraran» que los Comités de Defensa de la República (CDR) catalanes actuaban bajo la influencia de Rusia, un caso investigado por la Audiencia Nacional.
Esta situación no es un caso aislado ni un incidente menor. El tribunal subrayó que utilizar una clase en una institución pública para difundir ideas ultraderechistas y conspiranoicas no es «políticamente inocuo». A pesar de no haberse detectado infracción penal, el TSJM dejó claro que el problema radica en el incumplimiento de la obligación docente de neutralidad y rigor. La libertad de cátedra, recordaron, no puede ser excusa para difundir desinformación en una institución que forma a futuros responsables del orden público.
LA OMISIÓN DEL DEBER Y LA CONDESCENDENCIA INSTITUCIONAL
Las denuncias originales provinieron de otros profesores que presenciaron de primera mano las desviaciones del temario. Uno de los detonantes fue la calificación de un trabajo de investigación sobre la matanza de Utoya, perpetrada por el ultraderechista Anders Breivik. El profesor minimizó el atentado y calificó al terrorista como «un masón», negando su conexión con el neonazismo. Esta actitud evidencia un sesgo ideológico incompatible con la formación imparcial que debe garantizar la Policía Nacional.
A pesar de las pruebas y los testimonios, el docente ha mantenido su posición y ha llevado el caso al Tribunal Supremo, afirmando que se trata de un montaje. Su defensa ha cuestionado la veracidad de las declaraciones de los alumnos y ha alegado que su objetivo era fomentar el «espíritu crítico». Sin embargo, las pruebas indican que se trató de un abuso de su posición de poder para imponer sus creencias personales en lugar de ceñirse al programa oficial.
Por otro lado, el tribunal sí anuló la sanción impuesta por no llevar mascarilla, al considerar que el profesor aportó justificación médica para dicha omisión. Este detalle no cambia el fondo del asunto: la academia de Ávila permitió que durante meses un formador de agentes adoctrinara en teorías conspiranoicas y discursos de odio.
Este caso es sólo uno más en la preocupante proliferación de comportamientos extremistas dentro de cuerpos de seguridad del Estado. El silencio institucional y la falta de medidas contundentes frente a estas actitudes erosionan la confianza pública y cuestionan la imparcialidad de la formación policial. Si quienes deben salvaguardar la justicia y la igualdad están expuestos a discursos antidemocráticos, el peligro de normalización de estas posturas es innegable.
Los jueces del TSJM concluyeron que el profesor «abusó de la situación de superioridad» y utilizaron un argumento devastador: la clase es un espacio neutral, y su uso como tribuna ideológica no sólo incumple la normativa, sino que traiciona la confianza de una sociedad que espera imparcialidad en la formación de sus agentes de seguridad. La Policía Nacional debe revisar sus mecanismos de control interno para evitar que episodios como este se repitan.
El agente sigue impartiendo clases. Los futuros policías merecen algo más que discursos de odio disfrazados de «crítica». El adoctrinamiento ultraderechista en un aula de formación pública es un síntoma de un problema más profundo. La pregunta que queda es: ¿hasta cuándo?
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