Vídeo | El futuro de una nación se mide por cómo trata a sus mayores. Represión de Milei contra los jubilados 

El futuro de una nación se mide por cómo trata a sus mayores.

En un escenario que debería estar reservado para el respeto y la dignidad, la Avenida Rivadavia en Buenos Aires se convirtió en un campo de batalla donde la Policía Federal Argentina (PFA) arremetió con brutalidad contra un grupo de jubilados y manifestantes. Estas personas, que llevan sobre sus hombros el peso de los años y un legado de trabajo, se encontraban ejerciendo su derecho a protestar pacíficamente contra una decisión profundamente injusta: el veto del presidente Javier Milei a una reforma de pensiones aprobada recientemente por la Cámara de Senadores. La imagen de un gobierno que reprime a sus mayores es un reflejo crudo y preocupante de las prioridades actuales en Argentina.

Bajo la excusa de mantener el orden, los agentes de la PFA iniciaron la represión cuando los manifestantes estaban frente al Congreso, en la emblemática Avenida Rivadavia. La orden de desalojarlos de la calle y empujarlos hacia la vereda fue recibida con resistencia por parte de los manifestantes, lo que derivó en una violenta respuesta policial. Gases lacrimógenos y porras se convirtieron en las herramientas de un Estado que, en lugar de escuchar a su pueblo, prefiere silenciarlo con fuerza bruta. En cuestión de minutos, las redes sociales estallaron con videos y testimonios que mostraban la represión en su máxima expresión, evidenciando una realidad que, aunque indignante, ya no sorprende en un país donde la protesta social es cada vez más criminalizada.

LA CRUELDAD DE UN VETO QUE IGNORA EL SUFRIMIENTO

El trasfondo de esta protesta es tan indignante como la represión misma. El presidente Javier Milei, en una decisión que parece sacada del manual del neoliberalismo más despiadado, vetó un aumento en las pensiones que había sido aprobado por el Senado. La justificación oficial es una burla: según el gobierno, el aumento tenía como «único objetivo destruir el programa económico», y Milei, fiel a su promesa de sostener el superávit fiscal «a toda costa», decidió cortar por lo sano, ignorando el impacto devastador que esta decisión tendrá en miles de jubilados y jubiladas que ya viven al límite.

La reforma vetada no era un capricho ni un lujo, sino una medida de justicia básica. El aumento propuesto incluía un ajuste automático por inflación, así como una compensación del 8% para mitigar la pérdida sufrida a principios de año. Es decir, se trataba de un intento de corregir una injusticia que ya había sido perpetrada, y Milei, en un acto de frialdad política, decidió que estos ancianos y ancianas, que han dado su vida al país, no merecen siquiera eso.

La reacción a este veto fue inmediata y contundente. La Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (UTJL), junto a asambleas barriales, organismos de derechos humanos, movimientos estudiantiles y diversas organizaciones sociales y sindicales, convocaron una marcha para expresar su rechazo. A esta convocatoria se sumaron referentes políticos como Myriam Bregman y Nicolás del Caño, lo que subraya la gravedad del asunto. La protesta, que comenzó de manera pacífica, era un grito de desesperación de un sector de la sociedad que ya no tiene nada que perder, pero sí mucho por lo que luchar.

UNA DEMOCRACIA QUE APLASTA A SUS CIUDADANOS MÁS VULNERABLES

La represión a los jubilados es un episodio más en la lista creciente de abusos de un gobierno que parece más interesado en proteger los intereses del capital que en garantizar el bienestar de su pueblo. Cuando un Estado elige reprimir a sus ciudadanos en lugar de escuchar sus demandas, está enviando un mensaje claro: el poder se ejerce desde la fuerza y no desde la justicia. Esta no es solo una traición a quienes han trabajado toda su vida, sino un ataque directo a los principios básicos de la democracia y los derechos humanos.

La imagen de la PFA enfrentándose a personas mayores que exigen lo que les corresponde por derecho no debería ser aceptable en ninguna sociedad que se considere civilizada. Estamos ante un gobierno que, en su afán de mantener un superávit fiscal, no duda en pisotear los derechos de los más vulnerables. Esta es una señal de alarma para toda la ciudadanía: si hoy son los jubilados y jubiladas quienes sufren la represión, mañana podría ser cualquier otro grupo que se atreva a cuestionar las decisiones de un gobierno que se ha mostrado dispuesto a utilizar la violencia para mantener el statu quo.

El futuro de una nación se mide por cómo trata a sus mayores. Cuando la represión se convierte en la respuesta a las demandas legítimas de quienes han dedicado su vida al país, estamos ante una crisis moral y política que no puede ni debe ser ignorada. El pueblo argentino no merece un gobierno que, en lugar de proteger y garantizar los derechos de todas y todos, recurre a la violencia para acallar las voces que claman por justicia.