Luces y sombras de los avales públicos para evitar cierres durante la pandemia 

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En 2020, la pandemia de la covid-19 supuso una repentina y drástica caída de las ventas y la facturación empresarial en España, lo que terminó derivando en graves problemas de liquidez y solvencia. Para amortiguar estos efectos desfavorables y evitar que muchas empresas pequeñas y medianas (pymes) se viesen abocadas a la quiebra, el Gobierno español puso en marcha un plan de garantías de crédito.

Dicho plan, liderado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), supuso una inyección de más de 100 000 millones de euros para cubrir nuevos préstamos y para renovar los que las entidades financieras habían concedido previamente a pymes y autónomos.

La finalidad última fue inyectar liquidez a las organizaciones para frenar la crisis de insolvencia en la que muchas estaban envueltas a causa de la pandemia. A grandes rasgos, cerca del 55 % de las pymes españolas se acogieron a alguna de esas líneas de financiación ICO.

Liquidez y deuda

Si estas ayudas públicas buscaban atajar los problemas de liquidez en medio de una crisis sanitaria, económica y social, ¿qué podía salir mal?

La cuestión es que una inyección de liquidez excesiva (como la que caracterizó a este plan de garantías) genera un aumento de los niveles de endeudamiento de las empresas, lo que se traduce en un incremento de las probabilidades de incumplimiento una vez que llegue el plazo para reintegrar las ayudas recibidas.

A ello se une el hecho de que las pymes españolas destinatarias de estos avales públicos debían ser únicamente aquellas afectadas coyunturalmente por la pandemia, y no las que ya venían sufriendo problemas financieros previos.

Por otra parte, dado que la canalización de estas ayudas públicas se dejó en manos de las entidades bancarias, fueron éstas las que tomaron la última decisión acerca de quiénes debían ser sus beneficiarios. Y eso tiene sus pros y sus contras, derivados de conflictos de intereses.

Considerando este contexto, hemos investigado el impacto de la política de avales públicos del Gobierno en los niveles de endeudamiento de las pymes y la eficiencia en la asignación de estas ayudas públicas por parte de las entidades bancarias.

Cabe pensar que la cesión de la gestión en favor de los bancos conduciría a una mayor objetividad en la distribución del dinero público al eliminarse (o al menos reducirse) las ineficiencias derivadas de las conexiones políticas.

Sin embargo, no hay que dejar de lado que este programa de garantías públicas ha supuesto una oportunidad para que los propios bancos sustituyesen las garantías bancarias que ya mantenían con las empresas por estas nuevas garantías públicas. ¿Y por qué? Porque, en caso de que las empresas incumpliesen con sus obligaciones de reintegro, no serían ya los bancos quienes sufrirían las consecuencias de dichos incumplimientos, sino que serían las arcas públicas las grandes perjudicadas. Pero, además, ello supuso sustituir avales bancarios a corto plazo por avales públicos a largo plazo, con lo que se dispararon las cifras del endeudamiento a largo plazo de las pymes.

Los incumplimientos teóricos están empezando a materializarse, una vez que están finalizando los periodos de carencia concedidos a las empresas beneficiarias.

Más deuda a largo plazo

Tras la realización de un análisis de regresión sobre una muestra compuesta por más de 3 000 pymes potencialmente beneficiarias de estos programas públicos, se pueden extraer dos conclusiones principales:

Esta política gubernamental ha incrementado enormemente los niveles de deuda de las pymes españolas debido al aumento de la deuda a largo plazo. Las garantías públicas (que han sustituido una parte de las garantías bancarias) tienen un vencimiento aproximado de cinco años. Por lo tanto, si bien estas garantías públicas han sido útiles para evitar quiebras (o, al menos, para reducir la gravedad del declive económico), también han generado una distorsión de los niveles óptimos de endeudamiento. La reflexión que subyace a esta conclusión es que la inyección de liquidez fue excesiva. De hecho, este programa gestionó en 2020 un 40,7 % más de fondos que en 2019, fundamentalmente por la gestión de estas ayudas. El Gobierno debería, pues, haber adoptado una postura más conservadora.

Pese a que estas garantías públicas deberían haberse dirigido hacia pymes que sufrían un declive meramente temporal debido a la covid-19, se evidencia que han sido éstas las menos beneficiadas por las inyecciones públicas de liquidez. Esto no resulta coherente con el objetivo principal de estos avales públicos: canalizar liquidez hacia empresas que sufrían desaceleraciones temporales provocadas por la crisis sanitaria.

Esas dos conclusiones generan, a su vez, dos reflexiones adicionales:

Los bancos debieron adoptar una actitud más prudente y corresponsable cuando se les atribuyó la canalización de estas ayudas públicas. La imprudencia bancaria ha provocado una situación que ha acabado siendo ineficiente tanto para las propias pymes como para la economía en su conjunto.

Faltaron directrices más claras, específicas y detalladas por parte del Gobierno hacia los bancos. Una mejor delimitación de los criterios de asignación de recursos habría facilitado que los fondos se destinaran exclusivamente a las pymes que estaban sufriendo deterioro económico por la paralización económica provocada por la pandemia.

Claroscuros del plan

En resumen, este plan de garantías ha tenido luces y sombras.

Sus luces se asocian a la utilidad que tuvieron los avales para evitar la quiebra de una parte de las empresas españolas a causa de la pandemia.

Sus sombras, sin embargo, son mucho más acusadas y se pueden resumir en el hecho de que la inyección de liquidez fue desmesurada –incrementando los niveles anormales de endeudamiento a largo plazo– y, además, su canalización hacia las pymes que sufrían deterioros coyunturales –que deberían haber sido las únicas beneficiarias– ha sido ineficiente.

J. Samuel Baixauli recibe fondos de Fundación Cajamurcia.

Diego Rodríguez-Linares Rey recibe fondos de la Fundación Cajamurcia.

Gabriel Lozano Reina recibe fondos de Fundación Cajamurcia.

Susana Alvarez Diez does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.