El agua, la base de la vida en la Tierra, comenzó este lunes a cotizar en el mercado de futuros de materias primas debido a la escasez de este bien, cuyo precio fluctuará ahora como lo hacen el petróleo, el oro o el trigo, informó hoy CME Group.
El índice Nasdaq Veles California Water Index, con el “ticker” NQH2O, se basa en un indicador de precios de los futuros del agua en California que hoy cotizaba a unos 486,53 dólares por acre-pie, una medida de volumen utilizada normalmente en Estados Unidos equivalente a 1.233 metros cúbicos.
El precio del agua en California se ha duplicado en el último año según este indicador y con la mayor escasez de este bien, junto al aire, clave para la vida, la llegada al mercado de materias primas permitirá según los expertos una mejor gestión del riesgo futuro vinculado a este bien.
El nuevo índice permitirá no tener que recurrir a una estimación “a ojo” del precio futuro del agua, sino a cuáles son las expectativas de los principales actores de este mercado.
Crisis del agua en Estados Unidos
Según una investigación realizada en 12 ciudades de Estados Unidos millones de personas se enfrentan a facturas cada vez más elevadas.
La investigación del medio The guardian demuestra que el precio del agua potable y el sistema de saneamiento ha aumentado un 80% entre 2010 y 2018. Esto supone que un 40% de los hogares no pueda hacer frente a los pagos desorbitados de las facturas.
Este desproporcionado aumento ha sido catalogado ya por varios medios e investigadores como un suceso de fuerte impacto que pone en relieve la crisis del agua en Estados Unidos. Algo que está afectando sin duda durante la pandemia del coronavirus, puesto que se ensalza y se evidencia la importancia tácita del acceso al agua potable.
«Cada vez más personas tienen dificultades para pagar las facturas, pero para los más pobres esto representa un gran problema», explica Roger Colton para The guardian. «Los datos muestran que en un gran número de ciudades de todo el país, cada vez más personas tienen problemas para pagar el agua, algo que no sucedía desde hace una década o incluso desde hace dos o tres años en el caso de algunas ciudades».
«Todo el país está amenazado por la emergencia del agua. La escala de esta crisis hace necesaria una transformación total de nuestros sistemas de acceso al agua potable. El agua no puede verse como una mercancía o un lujo para privilegio de los más ricos», afirma Mary Grant, activista por el acceso al agua.
Por una gestión ambiental y social del agua que no responda a los intereses económicos y financieros
El agua es esencial para el mantenimiento de los ecosistemas. Asimismo, el acceso de las personas a este bien y al saneamiento es un derecho humano, por lo que nunca debe supeditarse a intereses económicos y financieros. Por ello, Ecologistas en Acción solicita que se abandone definitivamente la construcción de grandes embalses, dado su grave impacto ambiental y social, y su más que dudosa utilidad hidrológica. En este sentido, la organización ecologista solicita el abandono de los que están en proyecto, como Biscarrués (Huesca), así como la paralización de los que están actualmente en construcción, todos ellos innecesarios, entre los que se encuentran el recrecimiento de Yesa (Navarra y Zaragoza), Mularroya (Zaragoza) y Alcolea (Huelva).
Ecologistas en Acción también considera prioritario clausurar varios de los trasvases existentes, entre los que destaca el Tajo-Segura, por el daño que está produciendo en la cuenca donante, así como el trasvase Siurana-Riudecanyes (Tarragona), que deja literalmente seco el río Siurana, con las consecuencias ambientales que ello conlleva.
La organización ecologista pide que se frene por completo la implantación de nuevos regadíos, cuya superficie no deja de aumentar, y que supone actualmente más del 90 % del consumo neto de agua. También reclama reducir la superficie regada en España (actualmente más de 4 millones de hectáreas) hasta niveles sostenibles (estimados en 3 – 3,2 millones de hectáreas).
El cambio climático está produciendo una reducción de los recursos hídricos disponibles, así como un incremento en la frecuencia e intensidad de las lluvias torrenciales. Ecologistas en Acción juzga esencial que se produzca una reducción progresiva en el consumo, especialmente en el sector agrícola, para ajustarlo al nuevo escenario, y que se proceda a la eliminación de todas las construcciones existentes dentro del dominio público hidráulico y demás zonas de alto riesgo de inundación, de acuerdo por cierto con lo indicado por la normativa vigente, reduciéndose así el riesgo para las personas.
La organización ecologista exige que se garantice el acceso al agua potable y saneamiento para toda la población, con independencia de que pueda pagarlo, pues se trata de un derecho humano y, por tanto, universal que se debe garantizar. El abastecimiento de agua potable debe gestionarse desde el sector público de forma directa, transparente y participativa.
Se debe seguir trabajando en la mejora de la depuración de las aguas residuales y frenar por completo la contaminación difusa generada por la agricultura y ganadería industriales o intensivas, que le ha valido al Estado español, por parte de la Comisión Europea, la apertura de un procedimiento de infracción ante «la insuficiente protección de sus aguas contra la contaminación causada por los nitratos procedentes de fuentes agrarias». Este sector está dañando de manera casi irreversible muchos acuíferos y manantiales, inutilizándolos para el uso y consumo humano, y es cada vez mayor el número de poblaciones que, a causa de ello, carecen de agua de grifo potable.
Por último, Ecologistas en Acción pide que se establezcan y garanticen caudales ecológicos para todos los cursos de agua temporales y permanentes, y que se determinen con criterios ambientales, sin estar condicionados por otros usos consuntivos.
De esta manera, se conseguiría una gestión más ambiental y social del agua, no condicionada, como ocurre hoy, por intereses de diferentes sectores económicos como son el agroganadero industrial, las empresas constructoras y las energéticas, que solo velan por sus propios intereses, aunque sea a costa de la destrucción del medio ambiente, y de los derechos y calidad de vida del conjunto de la población.
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