Irán lleva a la CPI pruebas de crímenes de guerra de EE.UU. e Israel tras semanas de ataques a civiles 

Más de 132.000 infraestructuras destruidas y denuncias de ataques a escuelas, hospitales y viviendas reavivan el debate sobre la impunidad internacional

La guerra también se libra en los tribunales. Y esta vez, con cifras difíciles de ignorar. La Media Luna Roja iraní ha presentado ante la Corte Penal Internacional (CPI) documentación que apunta directamente a Estados Unidos e Israel por posibles crímenes de guerra. No es una acusación retórica. Es un movimiento formal, con pruebas, con fechas, con víctimas.

El anuncio se hizo público el 26 de abril. Ese día, Pir-Hossein Koulivand, responsable de la organización humanitaria, confirmó que la Fiscalía de la CPI ha aceptado los documentos como evidencia oficial. No es menor. Significa que, al menos sobre el papel, las denuncias han cruzado la línea entre la acusación política y el terreno jurídico.

Las cifras que acompañan esa denuncia son contundentes. Según los datos aportados por la propia Media Luna Roja, los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel han destruido más de 132.000 estructuras civiles en Irán. No se trata solo de edificios. Hablamos de hospitales, viviendas, universidades, centros de investigación y puentes. Infraestructura básica. Vida cotidiana convertida en objetivo.

En paralelo, los mensajes desde Washington han ido subiendo el tono. Donald Trump ha llegado a amenazar públicamente con arrasar todos los puentes y centrales eléctricas del país si Irán no cede en las negociaciones. Una advertencia que, en términos jurídicos, no pasa desapercibida. Luis Moreno Ocampo, primer fiscal jefe de la CPI, ya deslizó a principios de mes que esas amenazas podrían abrir la puerta a una imputación si se materializan.

La comparación que hizo Ocampo fue directa. Bastaría, dijo, con cambiar nombres en las acusaciones ya formuladas contra responsables rusos por Ucrania en 2024 para encontrar paralelismos inquietantes. Mismo patrón. Mismos objetivos. Mismo tipo de destrucción.

Las pruebas presentadas incluyen material audiovisual. Algunas de esas imágenes han circulado públicamente, como el vídeo difundido por la Media Luna Roja iraní que recoge las consecuencias de los ataques y que puede verse en este registro visual de los bombardeos sobre zonas civiles. No es propaganda al uso. Es evidencia que busca tener recorrido legal.

Entre los casos documentados hay historias concretas. Demasiado concretas. Una de ellas ocurrió en Tabriz. Un ataque alcanzó la vivienda de una familia. Murieron cuatro personas. Solo sobrevivió Helma, una niña de 19 meses. No es una cifra. Es una vida convertida en símbolo. Y también en prueba.

Desde el inicio de la ofensiva, el 28 de febrero, las denuncias se han acumulado. Ese mismo día, un bombardeo estadounidense impactó sobre una escuela primaria en el sur de Irán. El balance, según organizaciones de derechos humanos, incluyó más de 150 estudiantes y docentes muertos. Después vinieron los hospitales. Algunos con recién nacidos en su interior. Y después más barrios residenciales.

La CPI tiene el mandato de investigar crímenes de guerra y de lesa humanidad. Pero hay un problema estructural. Irán no es parte del Estatuto de Roma. Eso limita la jurisdicción del tribunal. Es una barrera jurídica. No insalvable, pero sí determinante.

Ahí entra el debate político. Varias organizaciones han pedido a Teherán que dé un paso. Que acepte la jurisdicción de la Corte de forma retroactiva, como hizo Ucrania para poder perseguir los crímenes cometidos por Rusia. Kenneth Roth, exdirector de Human Rights Watch, lo planteó con claridad: el mecanismo existe. Solo falta la decisión.

Omar Shakir, de la organización DAWN, ha ido más allá. Ha insistido en que las pruebas no dejan de acumularse. Cada día, dice, aparecen nuevos indicios de ataques indiscriminados contra civiles. Y cada día que pasa sin investigación internacional, el margen de impunidad se ensancha un poco más.

La Media Luna Roja iraní ya había dado un paso previo en marzo, cuando solicitó formalmente a la CPI la apertura de una investigación. En esa petición detallaba ataques sobre zonas residenciales, centros médicos, escuelas y espacios públicos. Un patrón, según la organización, que no responde a daños colaterales sino a una estrategia sistemática.

El caso no es solo jurídico. Es político. Porque cuestiona algo más profundo: quién responde cuando las potencias bombardean. Porque si la justicia internacional depende de decisiones estatales para actuar, la rendición de cuentas deja de ser un principio y pasa a ser una negociación.

Y mientras se discute la jurisdicción, las cifras siguen creciendo. Las infraestructuras destruidas no se reconstruyen solas. Las víctimas no desaparecen de los informes. Y las imágenes, esas que ya circulan como prueba, siguen ahí, recordando que la guerra no termina cuando dejan de caer bombas, sino cuando alguien responde por ellas.