Espiar al Congreso para proteger a Trump: el escándalo que asoma tras los papeles de Bondi sobre Epstein 

Cuando el Departamento de Justicia parece vigilar a quienes fiscalizan al poder, la democracia deja de ser un sistema y se convierte en una amenaza para quienes gobiernan

La escena ocurrió el 11 de febrero. Durante una comparecencia ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, desplegaba una intervención bronca, plagada de descalificaciones y elogios a Donald Trump. Pero no fue su tono lo que encendió las alarmas, sino una fotografía.

En la imagen captada por reporteros gráficos se observaban las notas que Bondi llevaba en su carpeta. Entre ellas, un listado detallado del historial de búsqueda y consulta documental de la congresista Pramila Jayapal, quien había acudido al Departamento de Justicia para revisar los archivos sin censura del caso Jeffrey Epstein.

El documento incluía al menos ocho archivos específicos, con números y descripciones exactas, consultados por Jayapal. No era un resumen general. Era un rastreo concreto de qué había mirado y cuándo. La pregunta es devastadora: por qué el Departamento de Justicia monitoriza qué documentos consulta una representante electa en el ejercicio de su función de control.

VIGILAR A QUIEN FISCALIZA

Jayapal no acudió por curiosidad. Lo hizo tras el escándalo provocado por la publicación defectuosa de los archivos de Epstein. En la reciente desclasificación, el Departamento de Justicia cometió lo que múltiples analistas calificaron de errores graves: se revelaron identidades de decenas de víctimas mientras se ocultaban nombres de asociados del financiero. Una inversión moral difícil de explicar.

En una entrevista en Democracy Now!, Jayapal fue clara: “El Departamento de Justicia no debería poder espiarnos. Deberíamos poder revisar esos archivos sin que nadie registre qué buscamos y sin que eso pueda usarse en nuestra contra”. Añadió que su equipo ya está pidiendo explicaciones formales.

La cuestión no es menor. En cualquier sistema democrático, la separación de poderes implica que el Legislativo pueda supervisar al Ejecutivo. Si el Ejecutivo monitoriza qué investiga el Legislativo, la arquitectura constitucional se convierte en teatro.

Durante la audiencia del 11 de febrero de 2026, Bondi evitó responder a muchas preguntas. En su lugar, dedicó parte del tiempo a exigir a las y los congresistas que pidieran disculpas o agradecieran a Trump, a quien definió como “el mejor presidente de la historia de Estados Unidos”. Un desvío retórico que poco tenía que ver con las víctimas de Epstein o con la gestión documental del Departamento de Justicia.

Algunos medios describieron su intervención como una “performance dirigida específicamente a Trump”. No como una rendición de cuentas institucional, sino como una exhibición de lealtad.

El momento más revelador llegó cuando el congresista Dan Goldman pidió a las supervivientes de Epstein presentes en la sala que levantaran la mano si habían intentado reunirse con el Departamento de Justicia. Todas lo hicieron. Cuando preguntó cuántas habían conseguido efectivamente esa reunión, ninguna levantó la mano. Todas manifestaron sentirse ignoradas por Bondi y su equipo.

Mientras tanto, la fiscal general permanecía con los brazos cruzados, evitando mirar a las víctimas.

LA JUSTICIA COMO ESCENOGRAFÍA POLÍTICA

El escándalo no puede analizarse aislado. El mismo 11 de febrero de 2026, el congresista Jamie Raskin afirmó que el nombre de Trump aparece “más de un millón de veces” en los archivos sin censura del caso Epstein. También señaló que un documento contradice la versión del presidente sobre la expulsión de Epstein de Mar-a-Lago.

En ese contexto, que el Departamento de Justicia recopile el historial de búsqueda de una congresista que revisa esos documentos adquiere una dimensión política evidente. No parece una medida de seguridad administrativa. Parece una advertencia.

La lógica es conocida: convertir la fiscalización en riesgo, la investigación en exposición, el control parlamentario en vulnerabilidad personal. Si quienes revisan los archivos saben que sus movimientos quedan registrados y pueden ser utilizados públicamente, el efecto es disuasorio.

Jayapal lo expresó con crudeza: “Es absolutamente indignante y tiene que parar”.

No se trata de simpatías partidistas. Se trata de límites institucionales. Si el Departamento de Justicia —cuyo mandato es aplicar la ley con independencia— actúa como herramienta de vigilancia frente a representantes electos, el problema no es un exceso retórico en una audiencia. Es una mutación estructural.

Además, el contraste es obsceno. Las víctimas de Epstein no logran reunirse con el Departamento. Las y los congresistas que intentan revisar los errores de redacción son monitorizados. Y la fiscal general dedica tiempo a hablar del Dow Jones o a exigir gratitud hacia el presidente.

Cuando el poder ejecutivo vigila a quienes deben vigilarlo, el problema ya no es la transparencia de unos archivos, sino la salud misma del sistema democrático.

La imagen de esa carpeta no es un detalle anecdótico. Es la fotografía de un modelo de gobierno donde la lealtad política parece pesar más que la rendición de cuentas y donde la justicia corre el riesgo de convertirse en un instrumento de intimidación institucional.