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Mientras bancos y eléctricas baten récords de beneficios, El Economista señala a las y los funcionarios como si fueran millonarios con sueldo público
“Los funcionarios ganan un 26% más que la media de los asalariados”. Ese es el titular con el que El Economista ha querido incendiar las redes y sembrar el enfrentamiento entre trabajadoras y trabajadores. No hay que leer mucho más para ver de qué va la cosa: fabricar una guerra horizontal entre personas que cobran sueldos bajos en vez de señalar a quienes amasan fortunas gracias al empobrecimiento generalizado.
La cifra parte de un dato real pero malicioso: la diferencia entre el salario bruto de las y los 1,2 millones de trabajadores afiliados al Régimen General como personal funcionario (2.498,25 euros) y la media del sector privado (1.988,55 euros). Lo que no dice El Economista es lo esencial: la inflación acumulada desde enero de 2018 ha sido del 23,2%, mientras que el sueldo de los funcionarios solo ha subido un 12,85%. En otras palabras: también han perdido poder adquisitivo. Aproximadamente un 10%.
Este tipo de titulares no se hacen por ignorancia. Se hacen con intención. La intención de sembrar envidias y frustraciones, no hacia quienes explotan, sino hacia quienes también han sido exprimidos. No es casualidad que salga ahora, en un momento de huelgas, protestas por la vivienda y malestar creciente. Se trata de romper lazos de solidaridad y convertir al vecino en culpable de que tú cobres una miseria.
La trampa es doble: porque tampoco explican que esa “media” incluye contratos temporales, jornadas parciales y sueldos de miseria que precarizan las estadísticas salariales del sector privado. Por no hablar del sector servicios, feminizado y subvalorado, o de la economía sumergida. Comparar sin matizar es manipular. Y El Economista lo sabe.
CUANDO EL VERDADERO ENEMIGO SE ESCONDE DETRÁS DEL SUELDO DE LOS DEMÁS
Mientras tanto, los mismos medios que avivan el odio a las y los funcionarios callan ante el reparto obsceno de dividendos. El mismo día en que publicaban esta “noticia”, Endesa anunciaba 1.470 millones de euros en beneficios solo en 2023. Iberdrola, 4.800 millones. Banco Santander, más de 11.000 millones. No es un error: quieren que miremos al de al lado, no hacia arriba.
Según datos del INE, la pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora desde 2020 ronda el 20% en el sector privado. Y ni rastro de indignación en la portada de El Economista. Ni una palabra sobre los convenios sin actualizar, la temporalidad, los despidos masivos o los salarios de miseria que apenas permiten sobrevivir. Prefieren que culpemos a las maestras, a los celadores o a las funcionarias de justicia.
Pero no es casual. El Economista no es un medio independiente. Es un instrumento de propaganda empresarial. Pertenece al grupo editorial Ecoprensa, cuyos ingresos dependen en gran medida de publicidad institucional y privada de grandes empresas. No es periodismo, es lobby. Un lobby al servicio del capital que prefiere que nos peleemos entre pobres antes que mirar a quienes concentran el 80% de la riqueza.
No hay que creerlo. Ni por un segundo. El mensaje es claro: si tú cobras una miseria, no es porque tu vecino gane demasiado, sino porque tu jefe te roba. Y porque los gobiernos permiten que lo haga. En lugar de señalar a quienes han construido un modelo laboral basado en la explotación, se señala a quienes aún conservan mínimamente derechos laborales: estabilidad, convenios públicos y representación sindical.
Por eso lo repiten. Por eso se apoyan en cifras sin contexto. Porque el miedo a que la clase trabajadora se una es más fuerte que cualquier titular. Porque si las enfermeras y enfermeros, las y los profesores, las limpiadoras, los técnicos y las temporeras entendieran que sus problemas tienen el mismo origen, el castillo de naipes del poder económico se vendría abajo.
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