El acuerdo con Bildu para reformar la ley mordaza es un paso adelante, pero el PSOE sigue sin derogar su núcleo represivo 

La pregunta es sencilla: ¿por qué sigue en pie la ‘ley mordaza’ nueve años después de prometer su derogación?

La Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada en 2015 bajo el gobierno de Mariano Rajoy, nació con un claro objetivo: reprimir las protestas sociales y castigar la libertad de expresión. Esta ley, rebautizada popularmente como “ley mordaza”, ha generado cientos de miles de sanciones y ha sido objeto de críticas constantes tanto a nivel nacional como internacional. Y, sin embargo, a pesar de años de promesas y mayorías parlamentarias a favor de su eliminación, seguimos hablando de “acuerdos” y “reformas” que solo maquillan su esencia represiva.

El reciente acuerdo entre el Gobierno y EH Bildu promete la modificación de ciertos aspectos de la ley, incluyendo la reducción de las multas por desobediencia y faltas de respeto, y la eliminación del uso de pelotas de goma en manifestaciones. Sin embargo, tras casi una década, el hecho de que todavía no se haya derogado en su totalidad deja claro un mensaje: la represión sigue siendo aceptable mientras se suavicen sus formas. Este pacto no es más que un apaño a una ley que nació para controlar y acallar cualquier disidencia. La pregunta que queda en el aire es, ¿cuánto tiempo más necesitará el Gobierno para cumplir con su promesa de una verdadera derogación?

CAMBIOS COSMÉTICOS QUE NO ALTERAN LA NATURALEZA DE LA LEY

El acuerdo entre el Ejecutivo y EH Bildu se presenta como un avance significativo: la desobediencia pasa de ser una infracción grave a leve, con una reducción en las multas máximas de 30,000 a 600 euros, y el uso de pelotas de goma será sustituido progresivamente. Aunque estos cambios puedan sonar bien en la teoría, en la práctica no representan una alteración sustancial. La ley mordaza fue creada para sancionar la disidencia y controlar a la población, y lo sigue haciendo. Más del 83% de las sanciones en virtud de esta ley se deben a cargos de desobediencia y faltas de respeto, infracciones que dan a la policía una discrecionalidad preocupante, permitiendo castigos casi automáticos sin pruebas claras.

Desde su implementación, la ley ha acumulado más de 2.15 millones de sanciones, recaudando cerca de 1,300 millones de euros en multas. La nueva redacción de estos artículos solo modifica los términos para intentar justificar el abuso. El artículo de las “faltas de respeto”, que hasta ahora amparaba cualquier acto de “disconformidad” hacia la autoridad, será cambiado a “insultos e injurias”. Sin embargo, este ajuste sigue permitiendo que las fuerzas del orden decidan subjetivamente si una expresión es sancionable o no. El control de la disidencia sigue siendo el pilar de esta ley, ahora simplemente con palabras diferentes.

La Comisión de Venecia ya advirtió en 2021 que la Ley de Seguridad Ciudadana es potencialmente represiva, criticando la discrecionalidad que concede a la policía para imponer sanciones. Este organismo instó a una revisión completa del marco legal en favor de la protección de los derechos fundamentales. El Gobierno ha optado por ignorar estas recomendaciones y, en su lugar, ofrecer reformas parciales que no resuelven el problema de fondo. Mientras tanto, el margen de acción de los cuerpos policiales sigue siendo demasiado amplio, y la ley continúa sirviendo como herramienta de represión.

UN ACUERDO INSUFICIENTE PARA LOS DERECHOS HUMANOS

El aspecto más preocupante de este acuerdo es la postura hacia las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla. A pesar de que el Tribunal Constitucional las avaló en su momento, las devoluciones en caliente han sido cuestionadas y condenadas por múltiples organismos internacionales, que las consideran una violación directa de los derechos humanos. El pacto entre el Gobierno y EH Bildu solo establece un plazo de seis meses para revisar esta práctica, demostrando una falta de compromiso claro con la protección de los derechos de las personas migrantes. Las devoluciones en caliente no deberían revisarse, sino prohibirse sin excepción. Este retraso en tomar medidas contundentes refleja una complacencia inaceptable con la vulneración de los derechos humanos en nuestras fronteras.

La tramitación de este cambio se ha presentado como un logro por parte del Gobierno, pero no es más que otra muestra de su falta de determinación. En lugar de avanzar hacia una legislación verdaderamente justa y respetuosa con los derechos humanos, seguimos viendo pasos a medias y acuerdos que permiten que la ley mordaza siga cumpliendo su propósito inicial de silenciar a las voces disidentes. La falta de claridad y compromiso solo perpetúa un sistema de represión que, lejos de ser desmontado, es actualizado y adaptado a las necesidades políticas de cada momento.

Al final, este acuerdo no es más que un paso simbólico que, en el fondo, no representa una victoria para la libertad de expresión ni para los derechos humanos.