Las nuevas rebajas fiscales de Ayuso: privilegios para unos pocos a costa del colapso de los servicios públicos 

Mientras el gobierno regional sigue presumiendo de “aliviar” los bolsillos de los madrileños, la sanidad y la educación públicas están al borde del colapso.

El anuncio de nuevas rebajas fiscales en la Comunidad de Madrid por parte de Isabel Díaz Ayuso no es, ni mucho menos, una sorpresa. La presidenta regional ha hecho de la reducción de impuestos su bandera, una política que a simple vista puede parecer favorable, pero que oculta una realidad mucho más oscura. ¿A qué precio se están financiando estos alivios tributarios? ¿Quiénes son los verdaderos beneficiados y quiénes cargan con las consecuencias?

Las últimas medidas que Ayuso llevará al Debate sobre el Estado de la Región incluyen una bonificación del 50% en Sucesiones y Donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos, y una ampliación de las deducciones por alquiler de vivienda hasta los 40 años. Para algunos, estas rebajas pueden parecer una forma de liberar presión económica, pero la realidad es que profundizan aún más la brecha entre los que tienen más y los que tienen menos. Mientras el gobierno regional sigue presumiendo de “aliviar” los bolsillos de los madrileños, la sanidad y la educación públicas están al borde del colapso.

REDUCCIÓN DE IMPUESTOS: UN REGALO ENVENENADO

No hay que ser un genio para darse cuenta de que bajar impuestos sin aumentar otras fuentes de ingreso tiene un coste. La Comunidad de Madrid, bajo la batuta de Ayuso, ha llevado esta estrategia al extremo, reduciendo impuestos de forma sistemática y sin discriminar entre las personas trabajadoras y las grandes fortunas. ¿De verdad alguien cree que bonificar el 50% en Sucesiones y Donaciones para familiares de segundo grado beneficia a las personas con sueldos bajos o medios? Es evidente que estas medidas están diseñadas para favorecer a aquellos que ya están bien posicionados económicamente.

El “ahorro” que la presidenta anuncia con tanto orgullo, cifrado en 130 millones de euros anuales por la bonificación en Sucesiones y Donaciones, beneficia a unos 13.000 madrileños. Pero lo que no dice es que este dinero, que dejará de ingresar la Comunidad, tendría un impacto mucho mayor si se destinara a servicios públicos. Mientras algunos reciben un alivio fiscal, las y los profesionales de la sanidad, la educación y los servicios sociales sufren la falta de recursos.

En un contexto donde la sanidad pública está siendo desmantelada pieza por pieza, con listas de espera interminables y profesionales al borde del agotamiento, la reducción de impuestos se convierte en una trampa mortal. Y no es solo la sanidad: el abandono de la educación pública, los recortes en servicios sociales y la precarización de sectores esenciales como el transporte o la vivienda se hacen cada vez más palpables.

LA ESTRATEGIA DEL DUMPING FISCAL: ¿FAVORITISMO O DESIGUALDAD?

Uno de los argumentos más criticados contra la política fiscal de Ayuso es el “dumping fiscal”, es decir, la práctica de bajar impuestos para atraer a contribuyentes de otras comunidades autónomas, creando una competencia desleal entre territorios. El gobierno central y varias comunidades autónomas han alzado la voz contra esta estrategia, denunciando que Madrid está usando sus rebajas fiscales como un cebo para los más ricos, mientras deteriora los servicios públicos que sostienen a la mayoría de la población.

Estudios como el de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales señalan que la Comunidad de Madrid es la que menos invierte en sanidad, educación y servicios sociales de toda España. ¿Es esto lo que quiere la ciudadanía madrileña? ¿Un gobierno que favorece a una élite mientras el resto ve cómo los servicios que garantizan su bienestar se desmoronan?

El impacto de este dumping fiscal es devastador. La Comunidad de Madrid recauda menos, pero exige más al Estado. La presidenta reclama, con total desfachatez, 18.000 millones de euros para las comunidades autónomas, mientras su propia región se empeña en reducir los ingresos. La paradoja es evidente: mientras Madrid se enorgullece de ser la comunidad que más baja los impuestos, el resto del país debe soportar el peso de financiar los servicios que Ayuso decide descuidar.

¿QUIÉN PAGARÁ LOS PLATOS ROTOS?

Detrás de cada rebaja fiscal de Ayuso hay una factura que alguien tiene que pagar, y no serán los que se beneficien de estas deducciones. Serán las personas trabajadoras, las y los pensionistas, las familias que dependen de la educación y la sanidad públicas, quienes sentirán el golpe. Mientras tanto, las grandes fortunas y aquellos con suficiente patrimonio para dejar herencias a hermanos, tíos y sobrinos disfrutarán de sus ventajas.

La pregunta no es quién se beneficiará de estas nuevas rebajas fiscales, sino quién sufrirá las consecuencias. Las y los enfermeros, las profesoras y profesores, las y los médicos que trabajan en condiciones cada vez más precarias; las familias que tienen que hacer malabares para pagar la vivienda; los jóvenes que no pueden acceder a un empleo digno o a un hogar. Son ellos y ellas quienes cargarán con el peso de un modelo económico insostenible y desigual.

Ayuso seguirá anunciando más bajadas de impuestos, vendiéndolas como un triunfo de su gestión. Pero la realidad es que estas medidas solo perpetúan una desigualdad cada vez más profunda. Madrid, bajo este modelo, se convierte en un paraíso fiscal para unos pocos y en un infierno para la mayoría.

Y no, no habrá final feliz.