Arrancar la FP de manos del PP 

Blindar la Formación Profesional es frenar el negocio educativo y defender el derecho a una educación pública de calidad

La Formación Profesional se ha convertido en uno de los grandes campos de batalla del modelo educativo en España. No es una exageración. Donde hay inversión pública, altas tasas de inserción laboral y expectativas de futuro para las clases populares, el Partido Popular ha visto durante años una oportunidad de negocio. El anuncio del Gobierno de España el 04/02/2026 para endurecer los requisitos de apertura y funcionamiento de los centros privados de FP no es un trámite técnico. Es una enmienda directa al modelo privatizador que ha tratado de colonizar la educación postobligatoria.

La FP no es un nicho de mercado, es un derecho social. Y durante demasiado tiempo se ha permitido que proliferaran centros privados sin garantías suficientes, vendiendo títulos rápidos, prácticas precarias y promesas infladas de empleabilidad. El nuevo Real Decreto, cuya consulta pública se abrirá en los próximos dos meses, busca poner orden allí donde la lógica del beneficio había desplazado a la lógica educativa.

Desde Moncloa se plantea un marco de exigencia común para quien quiera impartir FP: estándares de calidad, controles efectivos y límites claros a la apertura de centros que no cumplan con requisitos básicos. No se trata de cerrar la puerta a lo privado, sino de impedir que la FP se convierta en una selva sin reglas donde el alumnado acaba pagando con su tiempo y su futuro.

LA FP COMO BOTÍN DEL MODELO PRIVATIZADOR

El auge de la Formación Profesional no es casual. Los datos son contundentes y conviene no esconderlos. Más de un millón de jóvenes cursan actualmente FP en España, con un catálogo de más de 12.000 ofertas formativas. Las tasas de inserción laboral se sitúan cerca del 90%, y en determinadas ramas industriales alcanzan cifras próximas al 100%. Es precisamente esa eficacia la que ha despertado el interés del capital educativo.

Durante años, comunidades gobernadas por el PP han favorecido la expansión de centros privados de FP con escaso control público. El patrón se repite: licencias rápidas, supervisión laxa y un discurso que presenta la iniciativa privada como sinónimo de modernidad. Lo que no se cuenta es el deterioro de la calidad, la precarización del profesorado y la desigualdad en el acceso.

El Ejecutivo ha sido explícito: “Hay que poner orden y velar tanto por la calidad como por la equidad en el acceso a la FP. El futuro de un joven en nuestro país no puede depender de dónde nazca ni de cuánto ganen sus padres.” Esa frase no es retórica. Es una línea roja frente a un modelo que segmenta al alumnado entre quienes pueden pagar y quienes no.

Las cifras de inversión explican también el choque de modelos. En 2018, el gasto en FP era de 187 millones de euros. En 2026, supera los 1.200 millones, con más de 7.000 millones movilizados para modernizar el sistema a través del Plan de Recuperación. Nunca antes se había invertido tanto en Formación Profesional, y eso explica por qué ahora se intenta blindarla.

CONTROL PÚBLICO FRENTE A MERCANTILIZACIÓN EDUCATIVA

El plan anunciado no surge en el vacío. Forma parte de una estrategia más amplia para frenar la degradación del sistema educativo bajo la lógica del bajo coste. Antes fue la universidad. Ahora es la FP. La experiencia con las universidades privadas ha dejado una lección clara: sin control público, la calidad se desploma.

En el ámbito universitario, el Gobierno ya ha endurecido los requisitos de creación y acreditación. Se exige un porcentaje mínimo de profesorado doctor, dedicación a tiempo completo, infraestructuras adecuadas y actividad investigadora real. Las agencias de evaluación, como la ANECA y los organismos autonómicos, emiten ahora informes vinculantes, y se contempla incluso la retirada de autorizaciones si no se cumplen los estándares.

Ese mismo esquema se traslada ahora a la FP. El anuncio incluye además la ampliación de la red de Centros de Excelencia y Centros de Referencia Nacional, con diez nuevos centros previstos a lo largo de 2026, especialmente en sectores estratégicos. La apuesta no es solo defensiva, también es de expansión pública.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo resumió con una frase que conviene tomar en serio: “La FP ya no es un plan B. Es, para muchísimos jóvenes, el plan A de su vida.” Ese reconocimiento implica una responsabilidad política. Si la FP es el plan A, no puede quedar en manos de quienes la conciben como un producto financiero.

El choque con el Partido Popular es inevitable. El PP ha defendido históricamente la externalización de servicios públicos y la entrada de operadores privados en educación. Hablan de libertad de elección mientras convierten la educación en un bien de consumo. La regulación anunciada no limita derechos, limita abusos.

Blindar la FP es impedir que la promesa de futuro se convierta en un contrato fraudulento, es decirle al capital educativo que aquí no todo vale, y es asumir que la educación no se protege con discursos, se protege con normas y con inversión pública sostenida. La FP no necesita más mercado, necesita más Estado.