Contra la precariedad: los abogados que vencieron a Glovo en el Supremo van ahora a por Uber Eats 

Uno de los socios fundadores del despacho de abogados que llevó el caso contra Glovo, Luis Suárez Machota, confirma la demanda colectiva contra Uber Eats

La Ley Rider trae a las plataformas tecnológicas de reparto de cabeza por ultimar los ajustes necesarios para no contravenir la nueva legislación y caer en multas. Este lunes, Uber Eats informaba a los riders que operan en su plataforma que no podrán seguir recibiendo pedidos para la compañía si son autónomos y que prevé subcontratar flotas de repartidores a terceras empresas.

Además, los riders de Uber Eats han sido contactados por la plataforma con el siguiente mensaje: «Si no has comenzado a trabajar con una flota, por favor haz clic aquí para autorizarnos a proporcionar tus datos de contacto a nuestros socios de flotas. Ellos se pondrán en contacto contigo en breve para darte más detalles». A continuación aparecen dos opciones: «Sí» o «no». Los que han contestado que sí, son contactados por una ETT como Randstad o Jobandtalent.

«Si ya estás trabajando con algunos de nuestros socios en ‘delivery’, nada cambiará y puedes seguir operando como hasta la fecha», indica la compañía en otro mensaje al que ha tenido acceso Cinco Días.

«En caso de estar operando como repartidor autónomo, te informamos de que a partir del 12 de agosto no podrás seguir proporcionando servicios de reparto a través de nuestra plataforma», dice Uber Eats.

Una demanda colectiva

Esto ha creado confusión y revuelo entre los trabajadores que preguntan cómo sumarse a la demanda colectiva que prepara el bufete de abogados SBO contra Uber Eats y contra Deliveroo. Como ya adelantó infoLibre el pasado 31 de julio, la filial de Uber está poniendo en contacto a los trabajadores con ETT de trabajo temporal y en el caso de Deliveroo, que ya anunciado su marcha de España, los repartidores quieren que se reconozca su antigüedad con los consiguientes derechos laborales, indemnización incluida.

El bufete de abogados SBO ya consiguió en 2020 que el Tribunal Supremo reconociera que los riders de Glovo fueran declarados falsos autónomos. Para el Tribunal, «Glovo no es una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidores. Es una empresa que presta servicios de recadería y mensajería fijando las condiciones esenciales para la prestación de dicho servicio. Y es titular de los activos esenciales para la realización de la actividad. Para ello se sirve de repartidores que no disponen de una organización empresarial propia y autónoma, los cuales prestan su servicio insertados en la organización de trabajo del empleador».

Este fallo del Supremo marcaba un antes y un después en la batalla judicial entre las empresas de repartos a domicilio y los trabajadores. Después vendrían más, hasta totalizar más de 50 sentencias en el mismo sentido a distintos niveles jurisdiccionales.

SBO se ha comprometido con varios colectivos de repartidores a presentar una demanda colectiva contra Uber ante los correos electrónicos que están recibiendo sus empleados.

Por su parte, los sindicatos CCOO y UGT también se han comprometido a no quitar ojo al modelo operativo implantado por Uber Eats para evitar que la empresa incurra en la cesión ilegal de trabajadores.

«Todo sin desarrollar»

Uno de los socios fundadores del despacho, Luis Suárez Machota, confirma la demanda colectiva, tal y como recoge infoLibre. «La nueva ley, o así lo entendemos, establece una presunción de relación laboral entre el trabajador y las plataformas. Pero está todo sin desarrollar». «Y ese vacío se deja al albur de la negociación colectiva, con el problema de que estamos ante un un sector liliputiense en el sentido de que hay muchas organizaciones, a veces creadas por las propias empresas, cuyos trabajadores apenas tienen capacidad reivindicativa», lamenta.

Machota señala que han constatado que Uber subcontrata a través de ETT y Amazon también, aunque de momento la demanda irá dirigida a Uber. Por los grupos está circulando un documento para adherirse en el que se debe añadir el nombre, apellidos o DNI: «A raíz de la aplicación y aprobación de la Ley Rider el 12 de mayo de 2021, Uber Eats España ha solicitado a varias empresas de trabajo temporal la cesión de la plataforma a las mismas subcontratas, entre ellas randstad y Jobandtalent. Se solicita a la Inspección de Trabajo y al juzgado pertinente que intervenga en la cesión ilegal de trabajadores por parte de Uber Eats a diferentes ETT que se está produciendo en varias ciudades de toda España». 

«Además, los propios trabajadores que éramos autónomos no estamos siendo ni contratados ni por Uber Eats ni por la empresa de Trabajo Temporal, por lo que obviamente no se está respetando ni nuestra antigüedad ni nuestra preferencia a la hora de ser contratados en el caso de querer que esto sea así; de este modo, se está produciendo un despido colectivo encubierto. Para finalizar, esperamos que la Inspección de Trabajo actúe con prioridad y dinamice y desbloquee la situación, ya que la cesión ilegal de trabajadores está tipificada como delito», indica el documento.

AUR apoya la demanda colectiva

El portavoz de la Asociación Unificada de Riders (AUR), Fernando Roan, ha explicado que «cada repartidor tendrá que hacer un determinado número de pedidos y, si no los cumple, será despedido. Pero esos pedidos van a suponer trabajos de ocho horas por debajo del salario múnimo y poniendo los trabajadores el móvil, la gasolina, la moto o la bici, las EPIs, etcétera».

La asociación AUR defiende un modelo mixto (asalariados y autónomos) como el de Glovo, algo que genera controversia en el sector. Glovo ha anunciado que contratará al 20% de su flota (unos 2.000 riders) y 80% restante seguirá como autónomo. Esto no ha gustado a CCOO quien ha denunciado esta semana a Glovo ante la Inspección de Trabajo por «desafiar» la Ley Rider, ya que entiende que tendría que contratar al 100%, tal y como informa infoLibre.

Por otra parte, el bufete SBO interpondrá otra demanda colectiva contra Deliveroo por no reconocer la antigüedad de los repartidores, con lo que éstos perderían los derechos adquiridos, una práctica que afecta a Uber y a Amazon.