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La Cámara Baja estudia sanciones que podrían acabar con la expulsión definitiva del agitador ultra mientras se multiplican las denuncias por hostigamiento, interrupciones y provocaciones constantes
Vito Quiles lleva años jugando a una mezcla de provocador profesional, activista ultra y supuesto periodista perseguido. El problema es que el Congreso empieza a cansarse. Y no solo algunos diputados o diputadas. También periodistas acreditados, trabajadores de la Cámara y hasta los propios órganos internos encargados de vigilar el funcionamiento parlamentario. Porque una cosa es preguntar con dureza y otra convertir las ruedas de prensa en un circo de intimidación permanente.
Este 7 de mayo, el Congreso dio un nuevo paso en el procedimiento abierto contra Quiles. El Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, creado precisamente para supervisar el comportamiento de quienes tienen acreditación de prensa, se reunió para estudiar la denuncia presentada por la portavoz de Podemos, Ione Belarra. Y el mensaje que sale de la Cámara empieza a ser bastante claro: se acabó la impunidad absoluta.
La situación ya no se limita a un incidente aislado. Ni a una bronca puntual. Según fuentes parlamentarias, existen actualmente once expedientes abiertos contra Vito Quiles y Bertrand Ndongo. Ocho corresponden a Quiles y tres a Ndongo. La cifra habla sola. Y desmonta esa narrativa victimista construida desde ciertos sectores de la derecha mediática donde cualquier límite a la ultracontaminación propagandística se vende automáticamente como censura.
EL CONGRESO EMPIEZA A DECIR BASTA
Tres de esos expedientes ya están en fase de instrucción. Dos podrían acabar directamente en sanciones severas. El Reglamento del Congreso, en su artículo 98, contempla desde la retirada temporal de acreditaciones hasta la expulsión definitiva de la Cámara en casos graves o reincidentes. Y aquí la palabra clave es reincidencia. Porque el problema no es una salida de tono. Es un patrón.
El expediente analizado este jueves es especialmente delicado para Quiles. Las fuentes consultadas sostienen que el Consejo Consultivo aprecia indicios suficientes para considerar que su comportamiento durante una rueda de prensa de Belarra podría constituir una falta grave.
Los hechos ocurrieron el 10 de febrero. Durante una comparecencia posterior a la Junta de Portavoces, Quiles interrumpió repetidamente la rueda de prensa hasta provocar que terminara antes de tiempo. Periodistas presentes en la sala protestaron porque las interrupciones impedían desarrollar con normalidad el turno de preguntas. Algo bastante básico en cualquier espacio parlamentario serio. O debería serlo.
La denuncia presentada por Belarra fue contundente. El escrito remitido a la Presidencia del Congreso señalaba que “el sr. D. Vito Zoppellari Quiles” había impedido el trabajo de otros profesionales acreditados al interrumpir constantemente la comparecencia. Y añadía algo importante: “no se trata de un hecho aislado”. Ahí está el núcleo del asunto. La reiteración. La estrategia. La provocación como método político y mediático.
Porque esto ya no va de libertad de prensa. Va de otra cosa. Va de utilizar una acreditación institucional para montar emboscadas propagandísticas, generar cortes virales, hostigar adversarios políticos y alimentar una maquinaria digital basada en el ruido permanente. Todo muy rentable en redes. Todo muy tóxico para cualquier mínimo estándar democrático.
EL NEGOCIO DEL HOSTIGAMIENTO ULTRA
En el Congreso llevan meses acumulándose las denuncias. Cinco reuniones del Consejo Consultivo dedicadas a analizar comportamientos de activistas ultras acreditados. Diputadas como Aina Vidal han denunciado hostigamiento. El PSOE llegó incluso a denunciar la cesión de un despacho de una diputada del PP a Quiles para amenazar a Begoña Gómez. La degradación institucional empieza a alcanzar niveles grotescos.
Y mientras tanto, el Partido Popular sigue jugando a la ambigüedad calculada. Porque oficialmente se desmarcan de los excesos, pero luego aparecen las fotos, las invitaciones, las defensas públicas y los discursos compartidos contra “los medios tradicionales” o “la izquierda mediática”. Quiles no surge de la nada. Es producto de un ecosistema político y digital que premia el acoso, la bronca y la provocación constante.
Las críticas de PSOE, Podemos y otras fuerzas de izquierdas apuntan precisamente a eso: a una estrategia coordinada entre sectores de la extrema derecha mediática, Vox y determinados entornos del PP. Sus vínculos con Alvise Pérez son conocidos. También su participación en actos vinculados al Partido Popular. No hablamos de un francotirador aislado. Hablamos de un engranaje.
El propio Alberto Núñez Feijóo ha salido en varias ocasiones a defenderlo públicamente, insistiendo en que Quiles es “un periodista”. Incluso llegó a sugerir que había sido víctima de una agresión durante un acto relacionado con el entorno de la esposa de Pedro Sánchez. La derecha institucional lleva tiempo blanqueando estas dinámicas porque cree que le resultan útiles. Hasta que dejan de parecerlo.
Mientras los letrados del Congreso avanzan con criterios “hipergarantistas” para blindar jurídicamente cualquier decisión futura, la sensación en la Cámara es que algo está cambiando. Lentamente. Muy lentamente. Pero cambia. Porque incluso dentro de instituciones acostumbradas a soportar enormes dosis de cinismo político empieza a resultar difícil normalizar que personas acreditadas conviertan el Parlamento en un plató de agitación ultra permanente.
Y quizá ahí esté el verdadero problema para Vito Quiles. No que le sancionen una vez. No que le retiren temporalmente la acreditación. Sino que parte del sistema que lo toleró durante años empieza a comprender que alimentar monstruos mediáticos acaba degradándolo todo. También las propias instituciones que les abrieron la puerta.
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