EE.UU. ya es insolvente: el colapso contable que nadie quiere explicar 

Las cifras oficiales desmontan el relato de estabilidad mientras la política sigue mirando hacia otro lado

El dato está ahí, negro sobre blanco, en los propios documentos del Tesoro de Estados Unidos. No es una filtración, no es una teoría marginal ni una exageración retórica. Es un diagnóstico que sale directamente de las cuentas públicas del ejercicio fiscal cerrado el 30 de septiembre de 2025. El mayor poder económico del planeta ya no puede sostener sus propias cuentas.

Los números son tan simples como demoledores: 6,06 billones de dólares en activos frente a 47,78 billones en pasivos. Un agujero patrimonial de 41,72 billones de dólares. Dicho de otro modo: las obligaciones del Estado multiplican casi por ocho lo que posee. Y aun así, el debate público sigue girando en torno a anécdotas políticas y titulares vacíos.

El deterioro no es una fotografía aislada. Entre 2024 y 2025, el agujero se amplió en 2,07 billones de dólares. La deuda federal y los intereses asociados alcanzaron los 30,33 billones, mientras que las obligaciones con personal público y veteranas y veteranos subieron hasta 15,47 billones. No es una desviación puntual, es una trayectoria estructural de colapso.

EL AGUJERO QUE NO APARECE EN LAS CUENTAS

Si las cifras oficiales ya resultan alarmantes, lo que queda fuera del balance directamente rompe cualquier intento de maquillaje. Porque el verdadero problema no está solo en lo que se reconoce, sino en lo que se oculta bajo fórmulas contables.

Los compromisos no financiados de programas como la Seguridad Social o Medicare no se incluyen en ese balance principal. Se registran en documentos paralelos, como si fueran una nota al margen. Pero no lo son. Son la base misma del contrato social estadounidense.

En un solo año, esas obligaciones a 75 años pasaron de 78,3 billones a 88,4 billones de dólares, un aumento de 10,1 billones. El principal salto se explica por el desfase en Medicare (con 6,9 billones adicionales) y en la Seguridad Social (con 2,5 billones más). Es un crecimiento descontrolado que ni siquiera se intenta ocultar, solo se desplaza fuera del foco.

Si se suman esas obligaciones a los pasivos oficiales, el resultado es una cifra que deja de ser económica para convertirse en política: más de 136,2 billones de dólares en compromisos federales. Aproximadamente cinco veces el PIB anual de Estados Unidos.

Mientras tanto, la Oficina de Responsabilidad del Gobierno (GAO) lleva 29 años consecutivos negándose a validar las cuentas federales. Veintinueve años sin poder certificar que los números sean fiables. El problema no es solo la deuda, es la incapacidad del sistema para auditarse a sí mismo, especialmente en áreas como el Departamento de Defensa.

Cuando un Estado no puede ni siquiera explicar sus cuentas, la insolvencia deja de ser un concepto técnico y pasa a ser un problema democrático.

LA GRAN ILUSIÓN: CUANDO UN PAÍS FUNCIONA COMO UN HOGAR EN QUIEBRA

El problema de los billones es que resultan abstractos. Por eso conviene traducirlos a una escala comprensible. Si se eliminan ocho ceros a las cifras, el presupuesto federal se parece demasiado al de un hogar en caída libre.

Ese hogar ingresa 52.446 dólares al año y gasta 73.378, acumulando un déficit anual de 20.932 dólares. Pero lo verdaderamente crítico no es el desfase anual, sino el balance total: debe 1.361.788 dólares y apenas posee 60.554 en activos. Una quiebra de manual.

Esa es la estructura real del Estado estadounidense. Y, sin embargo, el relato dominante sigue hablando de crecimiento, liderazgo global y estabilidad financiera. Una ficción sostenida por la capacidad de emitir deuda, por la hegemonía del dólar y por la inercia de un sistema que todavía no ha asumido sus límites.

El problema es que esa ficción tiene consecuencias. Cada dólar que se destina a intereses es un dólar que no va a sanidad, educación o políticas sociales. Cada recorte futuro se justificará en nombre de una crisis que no es natural, sino construida durante décadas de decisiones políticas.

Las propuestas que se plantean desde ciertos sectores pasan por imponer disciplina fiscal, limitar el gasto y blindar constitucionalmente el equilibrio presupuestario. Pero esa receta omite una cuestión clave: quién paga el ajuste. Porque la historia reciente muestra que, cuando llegan las correcciones, no las asumen quienes generaron el problema, sino las clases trabajadoras.

No es solo una crisis contable. Es una redistribución regresiva en marcha. Se socializan las pérdidas mientras se han privatizado los beneficios durante años.

Y mientras tanto, el debate mediático sigue atrapado en la superficie. Como si el mayor agujero fiscal de la historia contemporánea fuera una nota a pie de página. Como si 136 billones de dólares fueran solo un número más en una hoja de cálculo.

Porque reconocerlo implicaría aceptar algo mucho más incómodo: que el modelo no falla por accidente, sino por diseño.