Vox y el dinero: la opacidad que rodea al partido que prometía acabar con la corrupción 

Sobresueldos, transferencias millonarias, multas y una red de fundaciones dibujan un sistema que contradice el discurso regenerador con el que irrumpieron en política

La promesa era clara: acabar con la corrupción, cerrar chiringuitos y limpiar las instituciones. Pero a medida que pasan los años, el partido liderado por Santiago Abascal se enfrenta a una acumulación de sombras que apuntan en dirección contraria. Las cuentas de Vox se han convertido en un terreno opaco donde confluyen sobresueldos, sanciones por financiación irregular, pagos cruzados y estructuras paralelas difíciles de fiscalizar.

Las críticas no provienen únicamente de adversarios políticos. Han sido figuras clave del propio partido quienes han encendido la alarma. Desde febrero de 2023, cuando Macarena Olona denunció públicamente posibles desvíos de dinero hacia la Fundación Disenso, hasta las recientes declaraciones de Juan García-Gallardo, que llegó a definir la organización como un “plan de pensiones” para su líder, el relato interno muestra una fractura que va más allá de lo ideológico.

UNA ESTRUCTURA ECONÓMICA EN LA SOMBRA

Uno de los elementos más controvertidos es la relación entre Vox y su fundación asociada, Disenso. Cada año, el partido transfiere una media de 2,5 millones de euros a esta entidad. En total, más de 10 millones de euros desde su creación. A diferencia de los partidos, las fundaciones cuentan con mecanismos de control mucho más laxos, lo que dificulta rastrear el destino final del dinero.

En sus cuentas de 2024, Disenso reconoce gastos por 1,2 millones de euros bajo el epígrafe genérico de “otros gastos de la actividad”. No hay detalle público de las empresas que reciben esos fondos ni de los servicios prestados. La falta de transparencia en estas partidas impide saber quién cobra, cuánto y por qué.

Además, la fundación funciona casi exclusivamente con dinero procedente del partido. Apenas generó 17.000 euros de ingresos propios en ese mismo año. Esto significa que los recursos públicos y las cuotas de afiliación acaban financiando una estructura paralela que opera sin los mismos controles que una organización política.

El entramado se amplía con empresas vinculadas al entorno del partido. Tizona S.L., relacionada con asesores clave de Abascal, ha facturado servicios a Vox por cantidades que, según informaciones publicadas, alcanzarían los 26.700 euros mensuales. No se ha aclarado públicamente en qué consisten exactamente estos trabajos ni bajo qué criterios se adjudican.

SOBRESUELDOS, MULTAS Y CONFLICTOS DE INTERÉS

Las dudas no se limitan a la estructura externa. Dentro del propio partido, las cifras también generan inquietud. En 2023, Vox reconoció sobresueldos por un total de 646.522,19 euros repartidos entre 12 miembros de su dirección. Esto supone unos 54.000 euros anuales adicionales por persona, sin que se haya detallado públicamente el concepto de estos pagos.

A esto se suma el caso de la esposa de Abascal, que percibió más de 60.000 euros en 2019 por trabajos de consultoría para una empresa vinculada indirectamente con el entorno del partido. El hecho de que estos ingresos procedan de una red empresarial relacionada con asesores políticos plantea serias dudas sobre posibles conflictos de interés.

En paralelo, el propio Abascal ha sido cuestionado por la falta de claridad en sus ingresos. En 2023, omitió en su declaración patrimonial un pago mensual de 1.500 euros, que se sumaba a otros ingresos como líder del partido (37.357 euros anuales) y su salario como diputado, superior a los 3.200 euros mensuales, además de complementos.

Las irregularidades no son solo una cuestión de percepción. El Tribunal de Cuentas ha impuesto sanciones a Vox por valor de un millón de euros tras detectar prácticas ilegales, como donaciones finalistas y la recepción de cerca de 400.000 euros en aportaciones anónimas, prohibidas por la ley. Se trata de infracciones que afectan al núcleo del sistema de financiación política.

A pesar de ello, la dirección del partido insiste en que todo es legal y que las críticas forman parte de una estrategia de desgaste. Sin embargo, el propio Tribunal mantiene abiertas investigaciones adicionales y ha sido encargado por el Congreso para realizar una fiscalización específica de la Fundación Disenso.

Otro episodio relevante fue la solicitud de un préstamo de 6,5 millones de euros en 2023 a un banco húngaro vinculado al entorno del Gobierno de Viktor Orbán, seguido de otro crédito de 7 millones. Aunque la Fiscalía archivó la investigación tras la devolución del dinero, la operación rozaba los límites legales que prohíben la financiación desde entidades públicas extranjeras.

Mientras tanto, nuevas polémicas siguen emergiendo. La organización juvenil Revuelta, cercana al partido, ha sido denunciada por el posible uso irregular de donaciones destinadas a afectados por la dana. Y en el plano interno, las tensiones han derivado en expedientes disciplinarios, denuncias cruzadas y acusaciones de prácticas poco transparentes.

El partido que hizo de la lucha contra la corrupción su bandera se enfrenta ahora a una acumulación de dudas que no logra disipar. No se trata solo de cifras o procedimientos administrativos. Se trata de credibilidad política y de la distancia entre el discurso y los hechos.

Porque cuando quienes prometían regeneración construyen estructuras opacas, la pregunta ya no es si hay irregularidades, sino cuánto tiempo puede sostenerse el relato sin que todo termine por derrumbarse.