El gran protegido Montoro 

Cuando la ley se vuelve lenta para unos y feroz para otros

Hay silencios que pesan más que cualquier declaración. El que mantiene la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las cuentas bancarias de Cristóbal Montoro es uno de ellos. No es una omisión menor. Es el corazón del asunto.

La Fiscalía Anticorrupción ha detectado más de 35,5 millones de euros ingresados entre 2008 y 2013 en el despacho Equipo Económico, fundado por el exministro de Hacienda durante el Gobierno de Mariano Rajoy. En ese mismo periodo, Montoro ocupaba la cartera desde la que se decidían impuestos y reformas clave. No hablamos de una coincidencia administrativa. Hablamos de dinero que fluye mientras se legisla.

Sin embargo, pese a que la Agencia Tributaria pidió expresamente al juez instructor de Tarragona que se intervinieran las cuentas en las que Montoro figura como titular o autorizado, la UCO no lo solicitó. En octubre de 2023, cuando remitió sus requerimientos al juzgado, esas cuentas no estaban incluidas. Desde entonces, silencio.

LAS CUENTAS QUE NADIE QUIERE MIRAR

De las casi 300 cuentas intervenidas de personas vinculadas a la trama, la Fiscalía ha detectado al menos siete transferencias destinadas a Montoro por un total de 137.358,16 euros. Esa cifra no proviene de sus cuentas, que no han sido analizadas, sino de las cuentas de origen. Es decir, se sabe lo que salió, pero no lo que entró. La diferencia puede ser abismal.

El propio informe de la Agencia Tributaria, fechado el 23 de enero, reconoce que la negativa a intervenir esas cuentas impide “cerciorar el importe total transferido, directa o indirectamente” al exministro. Traducido al lenguaje llano: no se sabe cuánto dinero pudo recibir realmente porque no se ha querido mirar.

En paralelo, Anticorrupción ha elaborado un informe de 227 folios en el que desgrana cifras, movimientos bancarios y posibles responsabilidades. Aprecia indicios de cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. Es un catálogo penal completo.

La UCO, con los mismos datos y tras casi un año y medio de análisis (desde octubre de 2023 hasta febrero de 2025), concluyó que no existían pagos dirigidos a Montoro. Mismos datos, conclusiones opuestas. No es una discrepancia técnica menor. Es una fractura institucional.

Mientras tanto, el despacho Equipo Económico ingresó casi un millón de euros procedentes de empresas del sector gasístico, compañías situadas en el epicentro de la investigación por presuntas leyes a medida. Entre ellas, la rebaja del 85% del impuesto especial eléctrico, una medida que benefició directamente a esas empresas. Además, los pagos se fraccionaron en cantidades inferiores a 36.000 euros, un patrón habitual cuando se pretende evitar controles automáticos más exhaustivos.

La Fiscalía ha pedido colaboración a Alemania, Estados Unidos y Luxemburgo para rastrear cuentas vinculadas a los socios del exministro. La investigación, por tanto, tiene dimensión internacional. No es un expediente local. Es una posible red de intereses que atraviesa fronteras.

DOS VELOCIDADES PARA LA JUSTICIA

La pregunta ya no es solo qué ocurrió con esos 35,5 millones entre 2008 y 2013. La pregunta es por qué la maquinaria investigadora funciona a ritmos distintos según el apellido.

Más de 200 días después de que Anticorrupción solicitara un nuevo informe sobre las actividades del novio de Isabel Díaz Ayuso, no hay respuesta. La petición data del 27 de junio. El foco estaba en el incremento patrimonial de la empresa Maxwell Cremona entre 2020 y 2021, periodo en el que Alberto González Amador está acusado de un presunto fraude fiscal de 350.000 euros. El tiempo se dilata.

Sin embargo, cuando las investigaciones afectan a responsables vinculados al Gobierno central o a figuras del PSOE, los informes llegan con mayor celeridad y amplia difusión mediática. Las y los ciudadanos observan. Las y los contribuyentes comparan. Las y los trabajadores que cumplen religiosamente con Hacienda saben lo que ocurre cuando se retrasan unos meses en el pago de impuestos.

No es solo una cuestión judicial. Es una cuestión democrática.

Si la ley se aplica con rigor a unas personas y con cautela a otras, deja de ser ley para convertirse en herramienta selectiva. Si no se investigan las cuentas del principal imputado en una trama de millones, el mensaje es devastador. El poder no solo legisla. También decide qué se investiga y qué se deja dormir en un cajón.

En un país donde miles de pequeñas empresas y autónomos y autónomas sufren inspecciones exhaustivas por discrepancias mínimas, la negativa a examinar las cuentas de quien fue ministro de Hacienda entre 2008 y 2013 es una anomalía política de primer orden. La igualdad ante la ley no admite excepciones por rango ni por pasado ministerial.

La UCO guarda silencio. La Fiscalía documenta. La Agencia Tributaria alerta. El juez espera. Y en medio, millones de euros, leyes fiscales a medida y transferencias que apuntan a quien tenía la responsabilidad de velar por la limpieza del sistema tributario.

Cuando quienes diseñan las normas pueden estar vinculados a quienes se benefician de ellas, la corrupción deja de ser un delito individual y se convierte en estructura. Y cuando investigar esa estructura depende de voluntades opacas, el problema ya no es Montoro. El problema es el Estado mirando hacia otro lado.