El ‘síndrome Trump’ 

El deterioro institucional ya no es una hipótesis, es un método de gobierno

El término “Trump Derangement Syndrome” fue acuñado por el trumpismo para ridiculizar a quienes alertaban sobre la deriva autoritaria del presidente. Hoy esa expresión funciona como una coartada cínica. Porque si algo resulta perturbador no es la crítica, sino la normalización de un poder cada vez más concentrado, más vengativo y menos sometido a controles democráticos.

A sus 79 años, Donald Trump encarna un liderazgo que combina impulsividad, resentimiento y desprecio por la legalidad. Las dudas sobre su capacidad cognitiva no son una anécdota mediática. Columnistas como David Brooks han hablado del “desmoronamiento” de su mente. Sus intervenciones públicas abundan en contradicciones, afirmaciones falsas y diatribas racistas. Pero el problema no es únicamente psicológico. El problema es político: un Ejecutivo con pulsiones autoritarias respaldado por un partido que ha renunciado a ejercer contrapeso.

Cuando desde el Partido Republicano se habla de “síndrome”, lo que realmente se busca es invertir la carga. Se intenta presentar como histeria lo que en realidad es alarma democrática. Porque la inquietud no surge del desacuerdo ideológico, sino de hechos: ataques al sistema judicial, persecución política desde el Departamento de Justicia, amenazas a la prensa y desprecio abierto por los derechos civiles.

UN PODER QUE COQUETEA CON EL FRAUDE ELECTORAL

La mayor amenaza no es solo el discurso incendiario, sino la arquitectura legal que se está levantando en paralelo. Desde 2020, al menos 24 estados han aprobado leyes que restringen el derecho al voto. En el último año, varios estados gobernados por republicanos han impulsado una práctica inédita: el rediseño de distritos electorales a mitad de década para favorecer a sus candidaturas. No es una reforma técnica, es ingeniería política.

La Administración ha solicitado información detallada sobre votantes a distintos estados. Un movimiento que, bajo la retórica de la transparencia, podría facilitar estrategias de influencia selectiva. Además, Trump ha llegado a amenazar con una intervención federal —sin base constitucional— en 15 estados gobernados por demócratas. La intención es clara: sembrar dudas, desmovilizar y, si fuera necesario, impugnar resultados.

La sombra del 6 de enero de 2021 sigue presente. Entonces, un intento de revertir el resultado electoral terminó en asalto al Capitolio. Hoy, con una estructura más consolidada y un discurso aún más radicalizado, la posibilidad de un nuevo episodio desestabilizador no puede descartarse. La historia enseña que los regímenes autoritarios no siempre nacen de golpes militares. A veces se construyen erosionando lentamente la confianza pública hasta que el fraude se convierte en narrativa oficial.

El despliegue de fuerzas como el ICE o incluso presencia militar cerca de centros de votación ha sido planteado como opción. Sería una vulneración flagrante de principios democráticos. La intimidación electoral no es un exceso retórico, es una técnica conocida en contextos de retroceso democrático.

ENTRE LA RESISTENCIA Y EL RIESGO SISTÉMICO

Frente a este escenario, Estados Unidos aún conserva fortalezas. Una tradición constitucional sólida, un sistema judicial que en muchos niveles intermedios sigue actuando con independencia, una prensa activa y una ciudadanía que mantiene capacidad de movilización. No es un país sin defensas.

Sin embargo, la pregunta ya no es si existen anticuerpos democráticos. La cuestión es si serán suficientes frente a un liderazgo que no oculta su voluntad de concentrar poder. La enmienda 25 o un eventual impeachment son opciones formales, pero políticamente inviables mientras el Partido Republicano permanezca cohesionado en torno al presidente.

Las elecciones de 2026 aparecen como el horizonte decisivo. Pero incluso ese horizonte podría verse alterado si el Ejecutivo decide forzar una crisis antes de la cita con las urnas. La historiadora Heather Cox Richardson ha advertido sobre la posibilidad de una ruptura institucional anticipada. No es alarmismo gratuito. Es análisis histórico comparado.

La erosión democrática no ocurre de un día para otro. Se normaliza en pequeñas dosis: una ley restrictiva aquí, una amenaza allá, un discurso que deshumaniza al adversario, una narrativa de fraude permanente. Cuando la excepcionalidad se convierte en rutina, el deterioro deja de percibirse como tal.

El uso del miedo y la polarización como herramientas de gobierno no es una improvisación. Es una estrategia para cohesionar a la base electoral y desactivar la crítica. Presentar cualquier cuestionamiento como “síndrome” forma parte de esa lógica. Se patologiza la oposición para deslegitimarla.

Lo inquietante no es solo la figura presidencial. Es la red de apoyos que la sostiene: una administración alineada, medios afines que amplifican la narrativa y una estructura partidaria que ha sustituido el debate interno por la obediencia.

En ese contexto, la defensa de la democracia no puede limitarse a la espera pasiva del calendario electoral. Requiere vigilancia institucional, movilización social y compromiso cívico sostenido. Porque cuando el poder ejecutivo actúa sin frenos y el partido que debería fiscalizarlo se convierte en escudo, la democracia deja de ser un sistema garantizado y pasa a ser una conquista frágil.

No se trata de un “síndrome”. Se trata de una advertencia. Y las advertencias ignoradas suelen convertirse en hechos consumados.