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Firmar para suspender el Acuerdo de Asociación no es un gesto simbólico: es una obligación política, jurídica y moral
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La Unión Europea presume de valores mientras financia, legitima y protege a un Estado señalado por instituciones internacionales por cometer crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. No es una afirmación ideológica ni una consigna activista. Es una constatación jurídica documentada por organismos oficiales de la propia UE y por la Corte Internacional de Justicia. La contradicción ya no es sostenible.
Desde 1995, el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel es la piedra angular de una relación comercial, económica y política que en 2024 alcanzó 42.600 millones de euros en intercambio de mercancías. Más del 34 % de las importaciones israelíes proceden de la UE y el 28,8 % de sus exportaciones tienen como destino el mercado europeo. No se trata de un vínculo menor ni neutral. Es una relación estructural que sostiene al Estado israelí en plena ofensiva contra la población palestina.
Mientras tanto, Gaza acumula cifras que ya forman parte del léxico del horror contemporáneo: asesinatos masivos de civiles, desplazamientos forzosos a gran escala, destrucción sistemática de hospitales, bloqueo de la ayuda humanitaria y uso del hambre como arma de guerra. No lo dicen organizaciones militantes. Lo afirma el Servicio Europeo de Acción Exterior en un informe remitido al Consejo el 20 de junio de 2025.
La UE conoce los hechos y aun así decide no actuar.
EL ACUERDO QUE BLINDA LA IMPUNIDAD
El artículo 2 del Acuerdo de Asociación UE-Israel no deja espacio para la ambigüedad. Establece que todas las disposiciones del acuerdo se fundamentan en el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos, considerados un “elemento esencial”. Cuando ese artículo se vulnera, la otra parte tiene derecho a suspender unilateralmente el acuerdo.
Las pruebas de esa vulneración son abrumadoras. El 26 de enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel adoptar todas las medidas posibles para prevenir el genocidio en Gaza. El 28 de marzo de 2024, exigió garantizar sin dilaciones el suministro masivo de ayuda humanitaria básica. En mayo de 2024, ordenó detener inmediatamente la ofensiva militar en Rafah. El 22 de octubre de 2025, un dictamen consultivo volvió a subrayar la obligación de Israel de asegurar alimentos, agua, atención médica y servicios esenciales a la población bajo ocupación.
Nada de esto se ha cumplido.
A pesar de ello, la UE no ha suspendido el acuerdo. Tampoco ha impuesto sanciones económicas de calado ni ha congelado la cooperación estructural. La inacción europea se ha convertido en una forma activa de complicidad.
La hipocresía alcanza su máximo cuando se observa el programa Horizonte Europa. Desde 2021, Israel participa en el principal fondo europeo de investigación e innovación. 1.110 millones de euros han sido destinados a 231 beneficiarios israelíes en 921 proyectos, incluidos actores estrechamente vinculados al ejército israelí, según investigaciones periodísticas europeas. Ciencia financiada con dinero público europeo que acaba reforzando una maquinaria militar acusada de violaciones sistemáticas del Derecho internacional.
No es cooperación científica. Es financiación indirecta de la guerra.
FIRMAR ES UNA OBLIGACIÓN DEMOCRÁTICA
La Iniciativa Ciudadana Europea registrada el 25 de noviembre de 2025 (ECI(2025)000005) no pide nada extraordinario. Exige que la Comisión Europea haga lo que los propios Tratados de la UE le obligan a hacer. El artículo 3.5 del Tratado de la Unión Europea establece que la acción exterior debe promover los derechos humanos y el respeto del Derecho internacional. El artículo 21 insiste en la universalidad e indivisibilidad de esos derechos. El artículo 207 somete la política comercial a esos mismos principios.
No suspender el Acuerdo de Asociación con Israel vulnera los Tratados europeos.
Esta iniciativa no es un ataque a una población ni una cuestión identitaria. Es una exigencia jurídica basada en hechos documentados. Quienes firman no están pidiendo castigos arbitrarios. Están reclamando coherencia institucional y el fin de una relación que legitima y financia crímenes.
El plazo para apoyar la iniciativa finaliza el 13 de enero de 2027. La recogida de firmas comenzó el 13 de enero de 2026 y está en curso. No firmar no es neutralidad. Es aceptar que la UE siga beneficiándose económicamente mientras Gaza es arrasada.
Firmar es asumir que los derechos humanos no son retórica para discursos oficiales, sino un límite real a la política y al mercado. Porque cuando el comercio vale más que la vida, lo que se suspende no es un acuerdo, es cualquier pretensión de dignidad europea.
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