Los siete jueces que han decidido el futuro del fiscal general 

La sentencia contra Álvaro García Ortiz no es solo un fallo judicial. Es un nuevo capítulo en la larga batalla por el control del poder en España.

A continuación, quién es quién en ese tribunal dividido: cinco votos que imponen condena y dos que, desde los márgenes, intentan defender la autonomía de la Fiscalía frente al bloque conservador.

SUSANA POLO

(Discrepante)

Susana Polo tenía entre manos la redacción de la sentencia, pero su defensa de la absolución la dejó en minoría. Eso la aparta del texto final y le cede el mando al presidente de la Sala. Su trayectoria explica su posición: accedió al Supremo en 2018, es de perfil progresista y ya firmó votos particulares críticos en casos sensibles, desde el voto contra la condena por los ERE hasta la causa contra Alberto Rodríguez.
Antes, en el TSJ de Madrid, instruyó la causa contra el juez Elpidio Silva por la filtración de los correos de Miguel Blesa. Polo representa en esta sala un recordatorio incómodo: la ley no puede ser una herramienta de guerra política, por más que algunos intenten convertirla en eso.

ANA FERRER

(Discrepante)

Ana Ferrer fue la primera mujer en llegar a la Sala de lo Penal en 2014. Pertenece a Juezas y Jueces para la Democracia, el sector progresista. Fue vetada por el bloque conservador del CGPJ cuando se la propuso para presidir tanto el propio órgano como la Sala de lo Penal en 2024.
Ferrer estuvo en el tribunal del procés y tiene una trayectoria extensa en Plaza de Castilla y en la Audiencia Provincial de Madrid. Su voto particular vuelve a poner la lupa sobre un hecho que incomoda a quienes celebran este fallo: la justicia española sigue atrapada en pulsos internos donde la ideología pesa más de lo que se admite en público.

ANDRÉS MARTÍNEZ ARRIETA

(A favor de la condena)

Presidente de la Sala desde septiembre de 2025 y magistrado del Supremo desde hace 27 años. Fue uno de los ascendidos más jóvenes en llegar al alto tribunal, con 43 años.
Fundador de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, marca conservadora aunque se autodefina independiente.
Es él quien escribirá la sentencia final. También fue el juez que mantuvo la inhabilitación de Arnaldo Otegi hasta 2021 y quien instruyó el caso que llevó a juicio a los policías implicados en la muerte de El Nani.
En sus manos queda ahora el texto que consolidará la idea de que la filtración del correo de la pareja de Ayuso es más grave para el Estado que los escándalos fiscales que revelaba.

MANUEL MARCHENA

(A favor de la condena)

Marchena es el nombre más conocido de la Sala. Fiscal en excedencia, magistrado del Supremo desde 2007, presidió la Sala de lo Penal entre 2014 y 2024 y dirigió el tribunal del procés, una pieza clave en la política española del último lustro.
Sin asociación judicial, pero con sensibilidad conservadora reconocida, fue candidato de consenso entre PSOE y PP para presidir el CGPJ en 2018, hasta que el PP filtró su intención de “controlar desde atrás la Sala Segunda”.
Su voto a favor encaja en un patrón: la pulsión de convertir la Sala Segunda en un muro de contención ante cualquier intento de reformar el equilibrio institucional heredado.

JUAN RAMÓN BERDUGO

(A favor de la condena)

Llegó al Supremo en 2004, nombrado por el CGPJ surgido de la mayoría absoluta de Aznar. Miembro de la APM, la asociación conservadora mayoritaria, su firma ha estado en sentencias que generaron fuerte debate público: desde la condena a César Strawberry por tuits (luego anulada por el Constitucional) hasta la ratificación de la responsabilidad civil del PP por lucrarse de la Gürtel.
Su presencia en este bloque mayoritario refuerza la idea de que la Sala que juzga al fiscal general es la misma que, históricamente, ha blindado al aparato político que hoy capitaliza la condena.

ANTONIO DEL MORAL

(A favor de la condena)

Ascendido al Supremo en 2012 bajo la presidencia de Carlos Dívar, de línea conservadora y convicciones religiosas firmes. Fue ponente de la condena a Iñaki Urdangarin y redactó votos particulares polémicos, como su oposición a condenar al juez Serrano, ahora figura de Vox, por alterar un régimen de visitas para permitir la asistencia a una procesión.
También firmó la exculpación de la exalcaldesa de Jerez, García-Pelayo, alegando que no sabía lo que firmaba en los contratos vinculados a Gürtel.
En su trayectoria hay un hilo visible: una comprensión muy generosa del poder político conservador y una severidad acentuada cuando el acusado procede de otras orillas.

CARMEN LAMELA

(A favor de la condena)

Nombrada en 2018, de perfil conservador, con un paso muy controvertido por la Audiencia Nacional. Allí impulsó la causa contra el procés y encarceló a los Jordis por sedición. También instruyó el caso Altsasua bajo la tesis de terrorismo, una interpretación que la sentencia desmontó.
Su decisión más criticada fue la prisión preventiva de casi dos años de Sandro Rosell, después absuelto y declarado inocente.
El bloque conservador del CGPJ la propuso para presidir el órgano. Ahora su voto ayuda a consolidar una narrativa donde la severidad penal se reserva para quienes incomodan al poder establecido, no para quienes filtraron correos fiscales que afectan al entorno de una presidenta autonómica.