20N | Sin Franco, sin Primo… y con todo lo demás: el mausoleo que España no se atreve a desmontar 

La resignificación imposible sigue siendo la herida abierta que el Estado intenta maquillar con 30,5 millones de euros enterrados a los pies de la cruz.

EL PASADO QUE NO SE QUIERE MIRAR

Cincuenta años después de la muerte del dictador, España mantiene en pie el mayor altar fascista de Europa. Un monumento construido con trabajo esclavo, diseñado para imponer miedo y celebrado todavía hoy como lugar de romería de ultras españoles e internacionales. Y aun así, el Estado dice querer resignificarlo. Convertir ese crimen de piedra en un espacio para la memoria democrática. Un malabarismo que nadie ha conseguido explicar sin retorcer argumentos.

El 24 de octubre de 2019 (seis años ya), los restos de Franco abandonaron el Valle. El 24 de abril de 2023 le siguió Primo de Rivera. Y el Gobierno corrió a venderlo como el inicio de una nueva era. Cambio de nombre, topónimo Cuelgamuros, promesa de resignificación inmediata. Sin embargo, la estructura más violenta del franquismo sigue intacta. La cruz continúa vigilando la sierra como un recordatorio vertical de quién mandó aquí. Y la comunidad benedictina (las y los mismos que oficiaron misas por la dictadura durante décadas) mantiene el control sobre la basílica, la hospedería y la escolanía.

El 11 de noviembre de 2025 el Gobierno anunció el proyecto ganador para transformar el enclave. Una intervención de Pereda Pérez Arquitectos y Lignum S.L.: eliminar la escalinata, levantar un gran soportal y construir un centro de interpretación soterrado. Coste: 30,5 millones. Inicio en 2027. Cuatro años de obra. Y una pregunta que atraviesa todo esto: ¿cómo se puede construir un museo de la memoria pegado a un santuario franquista que sigue en manos de la Iglesia católica?

Los familiares de las víctimas republicanas enterradas allí conocen la respuesta. No se resignifica lo que nunca dejó de ser un mausoleo del terror.

MEMORIA ENTERRADA BAJO 30 MILLONES

Mientras se anuncian audiovisuales “envolventes”, miles de cuerpos siguen abandonados en las criptas y osarios. Restos trasladados sin permiso, escondidos durante décadas y hoy atrapados en procedimientos forenses eternos. Desde junio de 2023 se han localizado 36 cajas con hasta 488 víctimas. Solo se han identificado 21. Un ritmo que condena a las familias a morir sin respuestas.

La historia no es nueva. En 2007, la Ley de Memoria Histórica ya prohibía exaltaciones franquistas en el recinto. En 2011, una comisión experta encabezada por historiadoras y politólogos elaboró un informe sobre su futuro. El Gobierno de Rajoy lo guardó en un cajón. Allí estuvo 14 años. Resignificar el Valle siempre ha sido un tabú político.

Carme Molinero, catedrática de Historia Contemporánea y miembro de aquella comisión, lo resume sin ambigüedades: “Las resistencias han sido siempre extraordinarias”. Para ella, el nuevo proyecto tiene valor: un centro previo a la basílica que contextualice el horror. Pero la pregunta vuelve: ¿qué memoria es posible si la Iglesia continúa controlando el corazón del complejo?

No todas y todos comparten ese optimismo. El historiador del arte Manuel Martín no se anda con rodeos: “Colocar un museo de memoria pared con pared con la basílica es un disparate”. Recuerda que en el tribunal del concurso participó un exmiembro de la escolanía del Valle. Y que la idea de colaboración con la Iglesia revela hasta qué punto “la democracia heredó, dócilmente, los límites que Franco dejó escritos”.

La ARMH va más lejos. Emilio Silva denuncia que la congregación gestiona sin concurso público la hospedería y actúa como anfitriona de los sectores más reaccionarios del país. Un negocio financiado con patrimonio del Estado, mientras las exhumaciones avanzan a paso de tortuga.

Otra crítica esencial: el lugar. ¿Un museo de la memoria en mitad de la sierra de Guadarrama, sin transporte público, sin accesibilidad, sin visibilidad? Martín lo sintetiza así: “La memoria democrática no debería quedar enterrada en un monte”.

Las cifras escuecen. Treinta millones para un museo. Casi nada para identificar a las víctimas. Y mientras tanto, como recuerda el historiador, el Valle entero es un crimen. No hay que resignificarlo porque no es un lugar neutral. Es un espacio construido para glorificar la violencia fundacional del franquismo. Un ecosistema de represión petrificada que no se modifica sustituyendo escalones por audiovisuales.

Silvia Navarro, presidenta de la Asociación de Familiares Pro Exhumación, lo expresa con una claridad que no admite matices: “El Valle es irresignificable, solo tiene un significado”. El horror continuado del secuestro de los cuerpos. La mayor fosa común de España. En un país con unas 6.000 fosas y más de 100.000 desaparecidos.

Y añade algo que debería avergonzar al Estado: “Desde agosto de 2023 esperamos la identificación de restos ya recuperados”. Los hijos y sobrinos de los desaparecidos están falleciendo. Quedan las y los nietos. El tiempo se acaba.

Frente a eso, el Gobierno ofrece un museo soterrado. Un gesto arquitectónico. Un relato pulido. Una apuesta estética que evita tocar lo esencial: la cruz, la basílica, la comunidad benedictina, el carácter sacralizado del conjunto.

Navarro lo resume con una frase que pesa más que los 30 millones presupuestados: “Basta de eslóganes. Queremos compromisos reales”.

España lleva medio siglo intentando maquillar una herida que nunca se atrevió a coser. Y en Cuelgamuros, el silencio sigue sonando más fuerte que cualquier discurso sobre la memoria democrática.