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El silencio del SAS se convierte en una tormenta judicial que amenaza con arrastrar al presidente andaluz.
EL ESCÁNDALO DEL CRIBADO: UNA TRAICIÓN SANITARIA
No fue un error administrativo. Fue un abandono masivo. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) dejó sin avisar a 2.317 mujeres cuyos resultados de mamografía eran “no concluyentes”. Mujeres que participaron en un programa público de detección temprana del cáncer de mama y que nunca recibieron la llamada que podía haberles salvado la vida.
Detrás de esas cifras hay tumores no detectados, tratamientos retrasados y diagnósticos fatales. Pero también un patrón institucional: el de una sanidad pública desmantelada por la privatización encubierta, la precarización del personal y la indiferencia política.
La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (AMAMA), que destapó los fallos, ha decidido actuar. No habrá una única demanda, sino al menos 150, posiblemente 180, cada una de ellas reflejando una historia de dolor y negligencia. Su abogado, Manuel Jiménez, lo deja claro: “Cada caso tiene su peculiaridad, pero todas comparten un mismo patrón: el desastre provocado por no avisar del resultado de una mamografía”.
El procedimiento será individual para poder cuantificar el daño real en cada caso. Es una cadena de reclamaciones patrimoniales que puede poner en jaque al Gobierno andaluz, no solo en lo económico, sino en lo penal. La Fiscalía ya investiga la alteración de historiales clínicos en la aplicación ClicSalud+, tras la denuncia de AMAMA e Izquierda Unida.
El 7 de octubre, la presidenta de AMAMA advirtió de algo más grave: “Varias mujeres han muerto por los retrasos en su diagnóstico”. La frase retumbó en los pasillos del Parlamento andaluz.
LA ESTRATEGIA DEL MIEDO: DE LA NEGACIÓN AL DISCURSO VÍCTIMA
Moreno Bonilla está maniobrando a contrarreloj. Intenta reunirse discretamente con AMAMA antes de que se presenten las demandas. El encuentro se ha blindado del foco mediático, pero su objetivo es evidente: frenar una ola judicial y política que amenaza con marcar el final de su mandato.
El presidente andaluz empezó negándolo todo. Llegó a reducir el escándalo a “tres o cuatro casos”. Después, su gobierno se dedicó a desacreditar a las denunciantes. La exconsejera Rocío Hernández las acusó de ver el vaso “medio vacío”. Su sucesor, Antonio Sanz, fue más lejos: las culpó de “provocar una alarma social bestial”.
Pero la realidad era otra. Las pruebas manipuladas, las firmas borradas y los diagnósticos desaparecidos en el sistema sanitario son hechos comprobables. Y la indignación social estalló el domingo pasado en Sevilla con una manifestación masiva que el PP intentó minimizar como “fracaso absoluto”.
Hasta ese punto ha llegado la descomposición interna que Moreno Bonilla tuvo que corregir públicamente a su propio portavoz parlamentario, Toni Martín, asegurando que toda manifestación pacífica es “un éxito”. Una rectificación que más que gesto de empatía sonó a pánico político.
En privado, el entorno del presidente reconoce que Sanz fue un error —en las formas y en el fondo—, y que la crisis ya no se puede contener. Las encuestas del CENTRA, elaboradas antes del escándalo, ya mostraban la caída de la mayoría absoluta. Hoy, el daño es irreversible.
La guerra del relato ha entrado en su fase final. Moreno busca proyectar una imagen de diálogo, pero las víctimas ven en su repentino acercamiento una maniobra de autoprotección electoral. Ni el Congreso Regional del PP, previsto para el 7 de noviembre, ni la presentación de su libro podrán tapar el ruido judicial que crece.
Mientras tanto, las mujeres de AMAMA no olvidan. Han visto cómo se borraban marcas en sus mamografías, cómo desaparecían firmas de radiólogas y cómo se manipulaban datos clínicos que podrían demostrar negligencia. Y cuando denunciaron, el aparato político del PP andaluz las trató como enemigas.
Beatriz Jurado, vicepresidenta de Sanidad del PP andaluz, llegó a escribir en redes: “Va quedando claro que lo de las mujeres y el cribado ya no es lo importante”. El mensaje fue amplificado por cuentas menores que incluso difundieron un vídeo falso para vincular a AMAMA con el PSOE.
La respuesta de su presidenta, Ángela Claverol, fue contundente: “Tengo las mismas fotos con el PSOE que con el PP. Nos reunimos con quien quiera ayudarnos. Lo que no haremos es callarnos”.
El problema de Moreno Bonilla ya no es sanitario. Es moral, político y judicial. El silencio del SAS, los historiales borrados y las vidas truncadas se han convertido en una mancha imborrable sobre su gestión.
Y no hay maquillaje posible. Porque lo que está en juego no son votos ni reputaciones: son los cuerpos de más de dos mil mujeres a las que su Gobierno les negó el derecho más elemental, el de saber la verdad.
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