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Una década después de prometer su derogación, el PSOE recauda más que nunca con la ley que Rajoy diseñó para castigar la protesta.
UNA DÉCADA DE REPRESIÓN CON SELLO “PROGRESISTA”
Han pasado diez años desde que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como ley mordaza. Diez años de multas, identificaciones arbitrarias, persecución del activismo social y castigo a la disidencia. Lo que nació como un instrumento represivo del PP se ha convertido en una máquina recaudatoria sostenida por el PSOE.
En 2024, las sanciones aumentaron un 15% y el Estado ingresó 28,9 millones de euros más que el año anterior. En total, 203,7 millones se recaudaron gracias a una norma que Pedro Sánchez prometió derogar desde su llegada al poder en 2018. La promesa fue clara. El resultado, demoledor.
Se han impuesto 2,48 millones de sanciones desde 2015, con un importe global que roza los 1.500 millones de euros. Y lo más significativo: el 69% de esas multas se han tramitado bajo gobiernos del PSOE, primero con Unidas Podemos y luego con Sumar. Es decir, con gobiernos que se autodenominan “progresistas”.
No es una cifra simbólica. Es un retrato político.
Mientras se llenan la boca con discursos sobre libertades, en los despachos de Interior se firman casi 900 sanciones diarias. Cada día. Cada hora. Mientras tanto, las reformas anunciadas se congelan, los acuerdos se rompen y las calles siguen siendo un terreno hostil para quienes se atreven a protestar.
LA MULTA COMO ARMA POLÍTICA Y NEGOCIO
La ley mordaza nació para silenciar la protesta contra los recortes, y ha terminado siendo un negocio multimillonario. Solo en 2024, medio millón de euros diarios entraron en las arcas públicas gracias a sanciones que van desde 100 hasta 600.000 euros.
El artículo más usado es el 37.04, que castiga las “faltas de respeto” a la policía. En 2024, se impusieron 21.512 sanciones por ese motivo, una cifra que, aunque ligeramente menor que la del año anterior, generó medio millón de euros más. En paralelo, el artículo 36.06, sobre “desobediencia o resistencia a la autoridad”, produjo 18.693 multas por un valor total que también aumentó.
La arbitrariedad se ha institucionalizado.
Un gesto, una palabra, una pancarta o una cámara pueden costarte cientos de euros. Todo depende de cómo lo interprete el agente. Y quien debía derogar esa impunidad, la ha blindado con estadísticas récord.
Madrid es el ejemplo más obsceno. En un año, las sanciones se duplicaron, pasando de 24.638 a 54.616 multas, con 33,9 millones de euros recaudados. Andalucía encabeza el ranking con más de 107.000 sanciones, seguida de Canarias. Ninguna comunidad se libra.
El grueso de las multas, sin embargo, no tiene que ver con protestas, sino con el consumo o la tenencia de drogas en espacios públicos. Este apartado representa el 73,2% de todas las infracciones. En 2024 fueron 239.890 sanciones, casi 42.000 más que en 2023, con una recaudación de 155,7 millones de euros.
España se ha convertido, según el Observatorio Europeo de las Drogas, en el país que más sanciona a usuarios de cannabis de toda Europa, acumulando el 43% de las infracciones del continente. No se persigue el narcotráfico, se castiga al consumidor.
Más de 995 millones de euros en una década solo por consumo o tenencia.
Ese es el precio del fracaso político de quienes prometieron un cambio.
EL PSOE Y SU GRAN MENTIRA
Pedro Sánchez llegó a La Moncloa con un discurso que hablaba de derechos, de libertades, de reparación. Han pasado siete años con Fernando Grande-Marlaska al frente de Interior y ni una sola coma de la ley ha sido modificada.
Cuando el Congreso aprobó en 2023 la toma en consideración de la reforma, parecía el inicio del fin. Pero un año después, todo sigue igual. Ni se prohíben las pelotas de goma ni las devoluciones en caliente. Ni se limitan las sanciones arbitrarias. Ni se garantiza el derecho a la protesta.
EH Bildu y ERC ya tumbaron en la legislatura anterior un intento de reforma descafeinado. Hoy la historia se repite. El PSOE no quiere perder su herramienta de control. Una ley útil para la represión, rentable para las arcas públicas y cómoda para el poder.
En diez años, la ley mordaza ha demostrado que no distingue entre gobiernos. La policía sanciona, los juzgados cobran y los ministerios callan. Rajoy la creó, Sánchez la consolidó.
Y mientras los activistas, las y los periodistas o los sindicatos siguen siendo multados, el Ejecutivo prefiere mirar hacia otro lado.
Porque derogar una ley así no es solo una cuestión jurídica. Es una decisión política.
Y este Gobierno ha elegido conservar la mordaza.
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