Moreno miente: Andalucía privatizó más de 300.000 mamografías mientras negaba la evidencia 

El Gobierno andaluz externalizó cribados de cáncer a una clínica privada por 5,4 millones de euros, alegando “falta de medios”, mientras Moreno Bonilla juraba en el Parlamento que “se derivaron cero”.

SANIDAD PÚBLICA EN DESCOMPOSICIÓN

El escándalo de los cribados de cáncer en Andalucía ha reventado la propaganda de Juanma Moreno como si fuera una mamografía expuesta al sol. Durante meses, el presidente andaluz negó lo evidente: que su Gobierno había externalizado más de 300.000 pruebas de detección precoz del cáncer de mama a una clínica privada. Lo hizo en plena crisis sanitaria, mientras 2.000 mujeres recibían tarde —muy tarde— la noticia de que sus diagnósticos eran sospechosos de malignidad.

La historia tiene cifras, nombres y contratos. En 2021, la Junta de Andalucía adjudicó al Centro de Diagnóstico Granada S.A. un contrato por 5,4 millones de euros para realizar mamografías “por falta de medios propios para cumplir los tiempos de respuesta”. La memoria justificativa lo dice con claridad: “Inexistencia de medios propios suficientes en los centros del SAS”. Es decir, la sanidad pública andaluza ya no podía cumplir con su obligación básica: atender a las mujeres a tiempo.

Sin embargo, Moreno Bonilla se plantó en el Parlamento el 9 de octubre de 2025 y gritó tres veces —como Pedro ante el gallo— que no había derivado ni una. “Cero. Cero. Cero.”, repitió con un tono que solo se sostiene cuando se miente sabiendo que hay cámaras delante.

Los datos del portal de licitaciones lo contradicen: 311.000 mamografías contratadas entre 2021 y 2026, ampliables por 1,7 millones más. A 17,61 euros por prueba. Todo con fondos públicos y bajo un eufemismo administrativo: “colaboración con entidades externas para reforzar la cobertura del programa de cribado”.

La privatización, en la práctica, no era una excepción rural ni una ayuda temporal. Se extendía por toda Andalucía: Sevilla capital, la Costa del Sol, el Campo de Gibraltar y Córdoba. Zonas con hospitales públicos. Zonas donde no faltaban mamógrafos, sino voluntad política de mantenerlos en uso.

MAMOGRAFÍAS, CONTRATOS Y MENTIRAS

El contrato no era de emergencia ni fruto de la pandemia. Fue una licitación ordinaria, con concurso entre dos empresas privadas, adjudicada finalmente al laboratorio granadino. Su precio inicial (4,5 millones) se incrementó en 2023 con una modificación presupuestaria al alza de 910.000 euros, el máximo permitido. La excusa fue doble: ampliar la franja de edad de las pacientes y cubrir nuevas áreas. Pero ninguna de esas promesas electorales se ha cumplido.

En 2024, la empresa adjudicataria reconocía en su web que había realizado 70.000 mamografías ese año: una media de 600 al día, 6 unidades móviles y 12 técnicos radiólogos. El 20% del total de los cribados en Andalucía los hacía una clínica privada mientras Moreno aseguraba que todo seguía “dentro del sistema público”.

Cuando el escándalo estalló, la consejera de Salud, Rocío Hernández, dimitió. Pero no fue ella quien contrató a la empresa. La firma lleva la rúbrica de Jesús Aguirre, actual presidente del Parlamento andaluz, entonces consejero de Salud. El mismo que lleva dos años bloqueando un debate sobre el deterioro de la sanidad andaluza.

Mientras tanto, el SAS sigue sin responder por qué se externalizó el servicio ni por qué se ocultó. Ni siquiera cuando elDiario.es reveló el contrato. Tampoco han aclarado cómo pudieron dejar durante meses sin aviso a 2.000 mujeres cuyos resultados fueron “dudosos”. El Gobierno habla de “errores de protocolo”. Pero los protocolos no mienten en el Parlamento. Los presidentes, sí.

El argumento de Moreno de que las derivaciones se deben a zonas rurales o a la necesidad de movilidad es falso. El contrato cubre toda la atención primaria pública de Andalucía, según su propia memoria. “Potencialmente, todos los centros”, dice el documento. Traducido: privatización total.

La fotografía política es clara. Una sanidad pública drenada de recursos humanos, una red privada enriquecida a golpe de licitaciones y un presidente que niega lo que su firma confirma.

El resultado son 300.000 pruebas médicas externalizadas, un gasto público de más de ocho millones de euros y una epidemia de desconfianza en la palabra institucional.

Mientras las y los sanitarios siguen desbordados, las empresas privadas hacen negocio del miedo y del cuerpo de las mujeres. Y mientras el PP andaluz se felicita por su “eficiencia”, la justicia investiga contratos a dedo, los sindicatos denuncian colapso, y miles de pacientes esperan una llamada que nunca llega.

Porque la salud no se privatiza sin consecuencias. Y porque cada mentira en el Parlamento es un diagnóstico equivocado en la vida real.