La multinacional Amazon comunica a proveedores un aumento de tarifas para los productos vendidos en España para que carguen ellos con el impuesto
Tal y como recoge El Confidencial, al final serán las pequeñas y medianas empresas españolas que utilizan la plataforma Amazon para vender sus productos las que acabarán pagando la tasa Google, aprobada por el Gobierno el pasado mes de octubre.
Más de 9.000 empresas españolas, que son las que emplearon la plataforma de Amazon el año pasado según los propios informes publicados por el ‘market place’, se verán afectadas y son las que deberán decidir si pueden asumir ese coste o lo traspasarán al cliente final.
Amazon ha enviado a los proveedores y fabricantes para los que hace de intermediario mensajes con el asunto: ‘”Próximos cambios en las tarifas de España tras la introducción del impuesto sobre determinados servicios digitales” en los que avisa de que: “El Gobierno español ha introducido un impuesto sobre determinados servicios digitales (IDSD) del 3% que entró en vigor el 16 de enero de 2021. A partir del 1 de abril de 2021, aumentaremos las tarifas por referencia en un 3% para los productos vendidos en España para reflejar este impuesto adicional”.
El ejemplo que la plataforma ha usado para explicar a sus vendedores el impacto del tributo en el cobro de su comisión de intermediación es el de un producto cuyo precio total de venta sea de 100 euros y cuya tarifa por referencia actual sea del 15%. “La tarifa por referencia a partir del 1 de abril de 2021 será del 15,45% y la tarifa por referencia que pagarás por ese producto será de 15,45 € (calculada a partir del 15,45% de 100 €)”.
Esta comisión también afectará a las empresas extranjeras que venden en territorio español: “Como muchos otros, hemos instado al Gobierno a buscar una solución global sobre la tributación de la economía digital al nivel de la OCDE en lugar de imponer impuestos unilaterales, para que las reglas sean consistentes en todos los países y más claras y justas para las empresas. Como hemos indicado anteriormente, la forma en que el Gobierno ha diseñado el impuesto sobre determinados servicios digitales afectará directamente a las empresas que utilizan nuestros servicios”, señalaron fuentes oficiales de Amazon consultadas por El Confidencial.
Desde hace años la Unión Europea está tratando de encontrar la mejor manera de obligar a las grandes empresas tecnológicas como Google, Apple o Amazon a pagar impuestos en el país donde generan los ingresos.
El impuesto sobre servicios digitales ya se está aplicando en países como Francia, Italia o Reino Unido y España aunque ya tenía luz verde para implementar la «tasa Google», decidió que no entraría en vigor hasta finales de 2020.
Los gigantes tecnológicos han decidido rebelarse contra aquellos países en los que se ya se está aplicando el impuesto sobre los bienes digitales y aplicarán una subida de sus tarifas acorde a la tasa de cada país.
Amenazas de Trump
Las grandes empresas tecnológicas líderes del mercado, quieren un tipo impositivo único y global para todos los países miembros de la OCDE, pero, el problema es Estados Unidos que, durante la administración de Donald Trump, amenazó con aranceles a los países que impusieran algún tipo de impuesto a las empresas tecnológicas.
Ahora queda por saber cuál será la política de su sucesor, Joe Biden, quien prometía una nueva regulación para los grandes gigantes tecnológicos y un incremento de la tributación por los beneficios.
Por ello, estas empresas, que llevan todas las de ganar, en lugar de pagar el impuesto que les corresponde repercutirán ese coste en los usuarios.
El retraso por parte de la Unión Europea y los países de la OCDE a la hora de poner en marcha una tasa de ámbito internacional o global, es lo que ha llevado al gobierno a aprobar este impuesto. Así queda reflejado en la exposición de motivos de la Ley 4/2020 firmada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Tal y como explica El Confidencial, la tasa Google española considera contribuyentes a las personas jurídicas y entidades que estén establecidas en España, en otro Estado miembro de la Unión Europea o en cualquier otro Estado o jurisdicción no perteneciente a la Unión Europea que, al inicio del periodo de liquidación, superen los dos siguientes umbrales: que el importe neto de su cifra de negocios en el año natural anterior supere los 750 millones de euros, y que el importe total de sus ingresos derivados de prestaciones de servicios digitales sujetas al impuesto correspondientes al año natural anterior, supere los tres millones de euros.
Los vendedores que utilizan Amazon para vender sus productos solo tendrán dos opciones: o subir el precio del producto en la plataforma de Amazon o encajarlo en sus costes. Por su parte, la plataforma tendrá los mismos ingresos con impuesto que sin impuesto en el caso de mantener las ventas.
La previsión del Gobierno es recaudar 1.200 millones de euros con el impuesto de servicios digitales, si bien la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) rebaja esa estimación a una cifra que oscila entre 564 y 968 millones de euros.
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