Mano dura con Rusia, blanda con Israel: la Corte Penal Internacional muestra su doble rasero 

La justicia internacional se tambalea ante la inacción deliberada de la CPI respecto a Israel. ¿Por qué la Corte Penal Internacional, rápida en actuar contra Rusia, sigue ignorando las atrocidades israelíes?

¿Qué pasa cuando la justicia internacional parece seleccionar a sus acusados en función de intereses geopolíticos? El silencio de la Corte Penal Internacional (CPI) ante las denuncias contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y otros altos cargos israelíes, es un claro ejemplo de esta peligrosa tendencia. Cuatro meses de inacción después de la petición formal del fiscal Karim Khan, los jueces de la CPI aún no han emitido órdenes de detención. En contraste, la orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, se emitió en solo tres semanas.

Lo que está en juego no es solo la justicia para las víctimas de Gaza, donde miles de personas han sido asesinadas, sino la credibilidad de la CPI misma. El retraso no es casual; está rodeado de presiones y maniobras políticas. Israel, apoyado por sus aliados internacionales, ha lanzado una ofensiva jurídica y diplomática sin precedentes, destinada a socavar cualquier intento de la CPI de responsabilizar a los líderes israelíes. El sistema de justicia internacional que debería proteger a los indefensos está siendo manipulado por quienes ostentan el poder.

La CPI ya ha sido criticada en repetidas ocasiones por su enfoque desigual. Las naciones poderosas parecen contar con una especie de inmunidad implícita, mientras que los países más pequeños o menos influyentes son sometidos al escrutinio judicial sin vacilación. No es casualidad que, hasta la fecha, los únicos condenados por crímenes de guerra en la CPI sean de África, una situación que lleva años generando tensiones. La inacción en el caso de Israel refuerza la percepción de que la CPI actúa solo cuando es conveniente para las potencias occidentales.

LA IMPUNIDAD ISRAELÍ Y LAS PRESIONES POLÍTICAS

¿Por qué Israel parece estar por encima de la justicia internacional? A pesar de las denuncias documentadas de crímenes de guerra en Gaza, incluidos ataques deliberados contra civiles y la destrucción sistemática de infraestructuras esenciales, la CPI sigue sin tomar medidas. Las autoridades israelíes han presentado impugnaciones formales para evitar la acción de la Corte, argumentando que su sistema judicial es capaz de abordar estos casos. Sin embargo, la realidad sobre el terreno es que estas investigaciones nunca llegan a buen puerto, y la impunidad sigue siendo la norma.

El poder de Israel para frenar cualquier intento de la CPI de actuar no proviene únicamente de sus propios recursos. Estados Unidos, su principal aliado, ha sido un defensor constante de la postura israelí, utilizando su influencia para presionar a la Corte y a sus funcionarios. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, no ha ocultado su desdén hacia las investigaciones contra Israel, calificando de «indignante» la solicitud de órdenes de detención contra Netanyahu y otros líderes israelíes. Su secretario de Estado, Antony Blinken, fue aún más lejos al tildar la decisión de la CPI de «vergonzosa».

Este apoyo incondicional permite a Israel actuar con total libertad, mientras el mundo observa en silencio. La comparación con el caso de Vladimir Putin es reveladora: mientras el líder ruso es tratado como un criminal de guerra, Israel sigue bombardeando Gaza sin que la CPI levante un dedo. La diferencia es clara: mientras Rusia es el enemigo perfecto en la narrativa occidental, Israel es un aliado estratégico que debe ser protegido a toda costa, incluso si eso significa sacrificar la justicia.

El problema es mucho más profundo. La CPI no solo enfrenta presiones diplomáticas; también ha sido objeto de amenazas directas, como ocurrió con su anterior fiscal, Fatou Bensouda, quien fue presionada y espiada por los servicios de inteligencia israelíes. El objetivo de estas acciones, según varias investigaciones, era claro: detener cualquier avance en las investigaciones contra Israel. Este tipo de tácticas no solo socavan la independencia de la CPI, sino que envían un mensaje escalofriante a quienes intentan buscar justicia en situaciones similares.

La impugnación de la jurisdicción de la CPI por parte de Israel también ha recibido el apoyo de otras naciones. El Reino Unido, inicialmente, respaldó la idea de que la Corte no tenía competencia para juzgar a los líderes israelíes, argumentando que la Autoridad Palestina había renunciado a este derecho en los Acuerdos de Oslo. Aunque el Reino Unido cambió su postura tras la llegada del gobierno laborista, el daño ya estaba hecho. Otros estados y organizaciones se apresuraron a seguir su ejemplo, presentando escritos que desafiaban la capacidad de la CPI para actuar en este caso.

Mientras tanto, en Gaza, las y los civiles continúan pagando el precio de esta inacción. Más de 41.000 personas han muerto desde que comenzaron los bombardeos, según informes de organizaciones de derechos humanos. La guerra, lejos de terminar, se ha extendido a Líbano, afectando aún más a la población civil. El riesgo de genocidio, como señaló la Corte Internacional de Justicia, es real, pero la justicia sigue paralizada.

La credibilidad de la Corte Penal Internacional está en juego.