El fin de los privilegios fiscales de los megamillonarios: cada vez más gente entiende que deben pagar más impuestos 

La media actual del 0,3% en impuestos sobre el patrimonio que pagan las grandes fortunas es una vergüenza, un insulto a las personas trabajadoras.

Las crecientes demandas para que los más ricos del mundo paguen su parte justa de impuestos están ganando tracción, incluso entre gobiernos tradicionalmente conservadores. La presión para poner fin a las políticas fiscales que favorecen a los ultrarricos ya no es exclusiva de la izquierda. Desde Italia hasta Estados Unidos, pasando por Reino Unido, los líderes mundiales están reconsiderando los beneficios desproporcionados que han otorgado a los más adinerados en las últimas décadas.

En este contexto, el G20, que incluye a las mayores economías del mundo, está tomando en serio la necesidad de reformar las políticas fiscales. Un pequeño grupo de milmillonarios sigue acumulando riquezas a un ritmo alarmante, mientras que la mayoría de la población mundial lucha por acceder a servicios básicos y enfrenta las crecientes desigualdades. Es hora de acabar con este sistema injusto.

EL G20 Y LA NECESIDAD DE GRAVAR A LOS ULTRARRICOS

En la última reunión del G20, la imposición de un impuesto global a los megamillonarios ocupó un lugar destacado en la agenda. Esta propuesta, que afectaría a unos 27 ultrarricos en España, busca reducir las enormes disparidades de riqueza que existen actualmente. La idea de un impuesto mínimo coordinado a nivel internacional, propuesta por el economista Gabriel Zucman, ha cobrado fuerza. La media actual del 0,3% en impuestos sobre el patrimonio que pagan las grandes fortunas es una vergüenza, un insulto a las personas trabajadoras que sostienen las economías de sus países.

Este impuesto, según los cálculos de Zucman, podría recaudar entre 180.000 y 230.000 millones de euros anuales, una cifra que parece exorbitante, pero que es apenas una fracción de las fortunas que los milmillonarios han acumulado a expensas de un sistema que favorece la evasión fiscal y las lagunas legales. El hecho de que solo 3.000 contribuyentes en todo el mundo sean responsables de esta potencial recaudación debería alarmarnos. Mientras la mayoría de la población mundial ve estancados o disminuidos sus ingresos, los más ricos continúan amasando fortunas sin apenas rendir cuentas.

La situación actual en Noruega y España, donde la reintroducción de impuestos sobre las grandes fortunas ha causado preocupación sobre una posible fuga de capitales, es un reflejo de la resistencia de las élites a perder sus privilegios. Sin embargo, no está claro si esta supuesta «fuga masiva» de millonarios es más que una táctica de intimidación para evitar cambios en la legislación fiscal. Es imperativo que los gobiernos de todo el mundo se mantengan firmes y no se dejen intimidar por estas amenazas.

EL DESAFÍO DE LOS PRIVILEGIOS FISCALES EN UN MUNDO DESIGUAL

El debate sobre los impuestos a las grandes fortunas no es solo una cuestión económica, sino también una cuestión moral. La ONG Oxfam ha señalado en numerosas ocasiones que las enormes disparidades de riqueza no solo perpetúan la pobreza, sino que también socavan la democracia y la cohesión social. Los privilegios fiscales de los más ricos se traducen en menos recursos para la educación, la salud y la infraestructura, exacerbando las desigualdades y limitando las oportunidades para las personas menos favorecidas.

Los países que ofrecen refugios fiscales a los ultrarricos están socavando los esfuerzos globales para reducir las desigualdades. Singapur y los Emiratos Árabes Unidos, con sus sistemas fiscales favorables, han atraído a numerosos megaricos que buscan esquivar impuestos en sus países de origen. Sin embargo, el G20 no debe dejarse amedrentar por la posibilidad de una fuga fiscal. Es crucial que se establezcan acuerdos internacionales que limiten la capacidad de los ultrarricos para trasladar sus fortunas a paraísos fiscales sin contribuir a las economías que explotan.

La propuesta de un impuesto global del 2% sobre la riqueza de los milmillonarios es un paso en la dirección correcta, pero no es suficiente. Las y los expertos, así como las organizaciones que abogan por la justicia fiscal, insisten en que esta tasa debe ser vista como un mínimo, no como un objetivo final. La progresividad fiscal es un pilar de la democracia y debe ser defendida con firmeza.

La retórica de que estos impuestos podrían ahuyentar a los inversores es una falacia que ha sido desmentida repetidamente. Lo que realmente está en juego es la justicia y la equidad. Si no actuamos ahora, las desigualdades seguirán creciendo, con consecuencias nefastas para nuestras sociedades. Es necesario un esfuerzo global y coordinado para hacer que los más ricos paguen lo que les corresponde.

Es inaceptable que en pleno siglo XXI todavía estemos debatiendo si los más ricos deben o no pagar su parte justa. El impacto de la crisis climática, la pobreza creciente y la desesperanza de las y los jóvenes frente a un futuro incierto requieren que tomemos decisiones valientes y firmes. Es hora de que las grandes fortunas asuman su responsabilidad en la construcción de un mundo más justo y equitativo. El fin de los privilegios fiscales no puede esperar más.