El Gobierno podría tomar medidas y argumentar que no reconoce la validez de la operación para exigir el pago de impuestos en España
Como bien dijo Juan Montalvo, ‘Para la codicia nada es sagrado. Si el Ave Fénix cayera en sus manos, se la comería o la vendería.’ Y parece que Ferrovial ha decidido seguir este camino al trasladar su sede fiscal a Países Bajos en busca de una menor carga impositiva.
La noticia del traslado de la constructora desde España a Países Bajos ha generado preocupación y expectación, tanto en la comunidad empresarial como en la política. La compañía ha declarado que el traslado no tendrá ningún impacto en su negocio, estrategia, planes de inversión, organización o operativa diaria, lo que ha llevado a algunos expertos a reflexionar sobre si el Estado español podría tomar medidas para frenar la operación si se considera que la sede holandesa es más ficticia que real.
Según Jordi Rovira, socio del área Fiscal y Tributaria del despacho AGM, Ferrovial se acogerá al régimen de neutralidad fiscal para formalizar la absorción de la matriz actual por parte de su filial neerlandesa, lo que hará que pague poco dinero por el traslado. Si bien la legislación europea defiende la libertad de movimientos de capitales, las decisiones empresariales deben adoptarse desde la nueva sede, no puede ser una pura carcasa jurídica. Si no fuese así, el Estado podría tomar medidas y argumentar que no reconoce la validez de la operación para exigir el pago de impuestos en España.
Evitar la fuga
Fuentes consultadas por El País aseguran que el Gobierno de Sánchez estudia medidas de presión para tratar de evitar la fuga. Sin embargo, dan prácticamente por perdida esa batalla, pero exigirán que la compañía cumpla escrupulosamente todos los requisitos legales antes de dar el visto bueno a cualquier paso de la operación. El Gobierno está convencido de que el verdadero motivo del traslado es la fiscalidad y pone de ejemplo las compañías que la familia Del Pino tiene en Países Bajos y ha mantenido en Suiza. Hacienda escrutará todo el proceso de deslocalización.
Otro experto consultado por el mismo medio, que prefiere mantener el anonimato, se manifiesta en el mismo sentido, indicando que la cúpula y las decisiones deben trasladarse siguiendo el principio jurídico de dirección efectiva. Los directivos tienen un riesgo de que la Administración les diga que son residentes fiscales en España, pero para eso, la Administración debería hacer una labor importante en demostrarlo. Si Hacienda demostrase que el traslado es solo en apariencia, todos los activos de la compañía pasarían a tener valor del mercado, lo cual podría ser un revés para las cuentas de la empresa.
La historia dice ‘no’.
La historia empresarial sugiere que cambios como el que va a realizar la empresa española tienen difícil marcha atrás. Se demostró incluso dentro de España con la huida de empresas tras el procés catalán. Luis del Amo, secretario técnico del REAF del Consejo General de Economistas, abunda que la tributación en el impuesto de sociedades, ligeramente más beneficiosa, y sobre todo el régimen fiscal para los holdings societarios que se aplica en Países Bajos, es lo que atrae a Ferrovial.
También un derecho fiscal ágil al estilo anglosajón. “Habrá una pérdida de recaudación para España. Una parte del beneficio se quedará en la matriz al prestar servicios intragrupo, y ese margen, en función de los precios de transferencia, se quedará allí”, recuerda.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
El OSCURO NEGOCIO de LOGRAR que te ENAMORES de una IA | #ReportajeSR
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