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La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha incidido en pedir impuestos a las empresas de electricidad.
Yolanda Díaz ha recordado que las tres eléctricas más grandes “han incrementado sus beneficios antes de impuestos un 47%” en plena escalada de precios», por ello ha pedido una subida de dichas carga impositiva.
En declaraciones a los medios de comunicación, la vicepresidenta ha indicado que “ha llegado el momento de que quien más tiene más aporte a la sociedad española”. Así, ha reclamado la creación de un impuesto extraordinario para las grandes corporaciones “que han tenido beneficios absolutamente históricos”.
Para Díaz, “España está actuando con absoluta rotundidad contra la inflación”, pero “hay que seguir dando pasos y compensar la inflación que están viviendo trabajadores, mujeres precarias o pensionistas”.
Italia subió el impuesto a los beneficios de las eléctricas hasta el 25%
Tal y como explicó el titular de Economía, Daniele Franco, esta es una manera de obtener los recursos necesarios para ayudar a las familias sin tocar el presupuesto ni incurrir en ningún tipo de déficit.
Franco explicó que este impuesto a las firmas energéticas servirá «para financiar el paquete de ayudas contra la inflación para los jubilados y los trabajadores». Está previsto que ambos reciban una contribución estatal de 200 euros siempre que tengan una renta anual que no supere los 35.000 euros, además de subvenciones al precio de la energía para las familias vulnerables, créditos fiscales para que las empresas puedan hacer frente a los mayores costes energéticos y fondos adicionales para los gobiernos locales.
Se ha aprobado un paquete de ayuda de 14.000 millones de euros para empresarios y consumidores afectados por el aumento de los costes a causa de la guerra de Ucrania. Franco ha afirmado que las nuevas medidas no incluyen déficits adicionales.
Descenso del precio de la gasolina, el gasóleo y el metano
Otras de las medidas significativas que incluye el nuevo plan de estímulo impulsado por Draghi consiste en la ampliación durante tres meses del bono energético para las familias con rentas bajas y la reducción de los impuestos especiales sobre los carburantes hasta el 8 de julio, lo que ha propiciado un descenso de 30 céntimos por litro en el precio de la gasolina y el gasóleo en las estaciones de servicio, una bajada que se extiende también ahora al metano.
El Gobierno italiano ya ha gastado más de 20.000 millones de euros este año para proteger su economía de la subida de los precios de la energía y ha tomado medidas para reducir su dependencia de los suministros rusos. Por un lado, ha llegado a acuerdos con Argelia para aumentar el suministro de gas procedente de ese país. Además, Draghi quiere fijar límites en el termostato de las casas y oficinas para ahorrar energía y crear alternativas al gas, impulsando inversiones en energías renovables.
Estas medidas llegan en mitad de un debate en la Unión Europea acerca de implementar las sanciones a Rusia para terminar con el suministro de petróleo ruso para finales de año. Rusia ha cortado el gas a dos miembros de la UE, Polonia y Bulgaria, debido a la exigencia rusa de pagar el combustible en rublos, lo que violaría las sanciones puestas por los 27 países de la unión. Hungría es el único país que ha accedido a la petición de Rusia, mientras Italia asegura que se mantendrá alineada con el resto de países comunitarios y respetará las reglas establecidas por la Comisión Europea.
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El veto sindical a la Policía Nacional empieza a resquebrajarse
La anomalía democrática ya no cabe debajo de la alfombra. Dos tribunales superiores de justicia, el del País Valencià y el de Madrid, han admitido a trámite sendas demandas de agentes de la Policía Nacional contra una prohibición que huele a otro tiempo: la que les impide afiliarse a sindicatos de clase, interprofesionales, como CNT, CGT, UGT o CCOO. La pelea apunta directamente al artículo 28 de la Constitución, que reconoce la libertad sindical, y al artículo 14, que garantiza la igualdad y la no discriminación. Fechas y cifras importan: la norma que ahora se discute fue aprobada en 2015, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, y afecta a un cuerpo donde la escala básica suma más de 70.000 agentes.
Esta es la democracia estadounidense: 88 corporaciones no pagaron impuestos federales y regaron la política con 852 millones
La democracia estadounidense tiene una liturgia muy solemne. Banderas, discursos sobre la libertad, himnos, padres fundadores, ceremonias patrióticas y presentadores de televisión hablando de “oportunidad”. Luego llega la letra pequeña. Y la letra pequeña dice esto: 88 grandes corporaciones que no pagaron ni un dólar de impuesto federal sobre la renta empresarial en el año fiscal 2025 gastaron unos 852 millones de dólares en lobby y contribuciones electorales durante los últimos ciclos políticos.
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El domingo 14, a las 15:00, estrenamos en nuestro canal de YouTube un nuevo #reportajesr: “Cómo la extrema derecha está ganando la batalla cultural”. La primera parte lleva un título que debería funcionar como advertencia: “Esto no empezó ayer”.
El reportaje, presentado por Patricia Salvador y dirigido por Lea Gugelmann, periodistas de Spanish Revolution, ya está disponible de forma anticipada para suscriptoras y suscriptores del canal.
Porque sí, la extrema derecha no empieza siempre gritando censura, deportaciones, recortes o mano dura. A veces empieza antes. Mucho antes. Empieza alterando el lenguaje. Empieza llamando “libertad” al privilegio de quienes más tienen. Empieza llamando “familia” a un modelo único y obediente. Empieza llamando “patria” a una frontera moral. Empieza llamando “sentido común” a una agenda profundamente reaccionaria.