El partido de Pablo Casado vuelve a ser condenado, en esta ocasión por pagar la reforma de la sede del PP de la calle Génova de Madrid con dinero de la caja b del partido.
El Partido Popular (PP) fue condenado en 2018 por corrupción en la sentencia del caso Gürtel. Una sentencia de 1.700 folios que detalla un auténtico sistema de corrupción institucional, malversación y blanqueo de capitales.
La Audiencia Nacional considera probada la existencia de una «caja negra», de una contabilidad paralela del partido en el gobierno, al menos desde 1989, de la que Bárcenas era el responsable. El macroproceso llevó al juicio como testigo a Mariano Rajoy, el expresidente el Gobierno
En la que fue la primera condena por corrupción a un partido político en España, el Partido Popular tuvo que pagar más de 245.000 euros por beneficiarse de la trama a título lucrativo.
Reincidente
Tres años después, la Audiencia Nacional condena por segunda vez al Partido Popular al sentenciar que la reforma de la sede del PP de la calle Génova de Madrid se pagó con dinero de la caja b del partido. De la misma forma, condena al extesorero Luis Bárcenas a dos años de cárcel y al PP como responsable civil subsidiario.
La Audiencia juzgaba si el Partido Popular pagó con 1,5 millones en negro la reforma de su sede entre los años 2006 y 2010, y si escamoteó los impuestos correspondientes a la Hacienda Pública.
El partido depositó 1,2 millones en la cuenta de consignaciones del juzgado para evitar su embargo, como responsable civil por los posibles delitos cometidos por el extesorero Bárcenas, el exgerente Páez o el arquitecto que la reformó, Gonzalo Urquijo.
Los populares anunciaron que cambiarían de sede nacional del partido para «no seguir en un edificio cuya reforma se está investigando en los tribunales», según dijo el propio presidente del PP, Pablo Casado. «Hay que dejar de preocuparnos por nuestro pasado», dijo Casado. «No podemos seguir pagando facturas de cuestiones que ni conocemos».
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
¿Qué ocurre cuando las personas dejan de ser tratadas como seres humanos y pasan a utilizarse como herramientas políticas? En este nuevo #ReportajeSR de Spanish Revolution, Léa Gugelmann analiza a fondo la…
THUNDERFORGE – El PENTÁGONO se echa en manos de la INTELIGENCIA ARTÍFICIAL #ReportajeS
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