La crisis de Ceuta es el precio a pagar por la externalización de fronteras 

La externalización de fronteras genera muertes, violaciones de Derechos Humanos, chantajes diplomáticos y gasolina para la ultraderecha.

La externalización de fronteras es una práctica común en distintos lugares del mundo, incluyendo la UE y sus Estados miembros. Supone el despliegue de una compleja arquitectura que desplaza la gestión de las políticas migratorias y de asilo hacia terceros estados y tienen el objetivo de evitar y contener la llegada de personas refugiadas e inmigrantes en situación irregular.

Las políticas de externalización de fronteras incluyen medidas complementarias entre sí que abarcan tanto la disuasión y la contención en tránsito como la devolución tras las llegadas. De esta forma se apoya el refuerzo de cuerpos de control y agencias de seguridad nacionales e internacionales o se firman acuerdos bilaterales o multilaterales de readmisión. Además, se instrumentaliza la cooperación con el condicionamiento de la ayuda oficial al desarrollo a la colaboración por parte de los terceros estados receptores a los intereses en materia migratoria.

De esta forma, la externalización de fronteras genera situaciones de vulnerabilidad, desprotección y vulneración de derechos. Conduce además a las personas migrantes y refugiadas a emplear rutas migratorias cada vez más largas y peligrosas y dificulta el acceso a la protección internacional. A continuación se detallan los principales hitos y aspectos de las políticas de externalización de fronteras llevadas a cabo durante las últimas décadas por España con los principales estados de origen y tránsito en las rutas migratorias.

En los últimos años, España ha adoptado la externalización como nueva dirección de su política de gestión de flujos migratorios, corresponsabilizando a los países de origen y de tránsito de los migrantes con el control de flujos, y llegando a ser, incluso, uno de los estados europeos que más lideran y presionan para que se
realice este “giro de orientación política” a nivel de la Unión Europea (UE).

El gobierno español firmó pactos de distinta índole con Marruecos, Mauritania y Senegal, entre otros, para que sean ellos quienes se ocupen del trabajo sucio, de paralizar el flujo de migrantes y repatriarlos, a cambio de ayudas económicas o inversiones ventajosas.

Las herramientas para desincentivar la migración son secundarias, y a menudo vulneran los derechos de las personas migrantes, lo que ha llevado a oenegés como Médicos sin Fronteras a denunciar a gobiernos como el marroquí y a abandonar el país.

El acuerdo de 1992

Marruecos es un socio prioritario de España en materia de control de flujos migratorios. Esta cooperación bilateral se materializa en distintas acciones, incluyendo el patrullaje marítimo conjunto, con equipos mixtos de la Guardia Civil y la Gendarmería Real activos en tareas de vigilancia, detección e interceptación de personas migrantes.

El primer acuerdo entre ambos países data de febrero de 1992 y no contempla la readmisión de nacionales de Marruecos, sino que solo es aplicable a personas provenientes de terceros países. El acuerdo de readmisión de 1992 a detalle:

– Marruecos es el primer estado africano con el que España concluyó un Acuerdo de Readmisión (1992).

– El Acuerdo no contempla la readmisión de nacionales de Marruecos, sino que solo es aplicable a nacionales de terceros estados. Es el único instrumento de los concertados con Estados africanos, junto con el firmado con Mauritania, que contempla “el tránsito para la expulsión de nacionales de terceros estados”.

– Aspectos más preocupantes y efectos que supone la aplicación del Acuerdo:

• El plazo de 10 días para solicitar la readmisión es escaso, pudiendo dificultar la correcta identificación y acreditación de las nacionalidades de origen, la identificación de necesidades especiales o el acceso a la protección internacional.
• Ausencia de referencia expresa sobre obligación de respeto de derechos humanos de personas readmitidas.
• No prevé mecanismo específico de protección y control = posible abandono, desamparo e indefensión de personas migrantes.
• Falta de mención a debidas garantías procesales y tutela judicial efectiva en sentido amplio.
• Peligrosas consecuencias de las expulsiones, retornos y readmisiones hacia Marruecos, un país no seguro y de destino forzado para personas migrantes y refugiadas, el cual no garantiza el principio de no devolución.
• En 1993 se construyeron las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla, y a lo largo de casi dos décadas diferentes episodios han provocado tensiones entre ambos países, que normalmente se han resuelto con una mayor financiación al reino alauita para el control migratorio. Esto ha propiciado que Marruecos se comprometiera a instalar concertinas en su lado de la valla fronteriza de Ceuta en septiembre de 2019.

Lo más preocupante de la externalización

Entre los aspectos más preocupantes de la externalización de fronteras de España a Marruecos está el plazo de diez días que se da para solicitar la readmisión, ya que dificulta la identificación de necesidades especiales o el acceso a la protección internacional.

De igual forma, no hay ninguna referencia expresa al respeto de los derechos humanos de las personas readmitidas en Marruecos, un país que no garantiza el principio de no devolución y, por lo tanto, no es seguro para las personas refugiadas y migrantes.

Muertes, violaciones de Derechos Humanos, chantajes diplomáticos y gasolina para la ultraderecha

Miguel Urbán Crespo, eurodiputado de Podemos, ha recordado ayer en el Parlamento Europeo lo que supone para los derechos humanos la externalización de fronteras.

En un tuit ha compartido su comparecencia, que ha resumido en el texto que lo acompaña: «Hoy en el Parlamento Europeo hemos recordado que la externalización de fronteras de la Europa Fortaleza que vemos en Ceuta genera muertes, violaciones de Derechos Humanos, chantajes diplomáticos y gasolina para la ultraderecha. Asumir su agenda es claudicar».

Fuentes: Miguel Urbán Crespo, Xataca, CEAR, Atalayar.