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“El Pleno aprueba la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción”. El Congreso de los Diputados de España informaba así el pasado 16 de febrero, aunque la ley es más conocida como ley whistleblowing o “de los chivatazos”.
Esta ley llega tarde, muy tarde. La Directiva Europea 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019 obligaba a España a cumplir con esta tarea antes del pasado 17 de diciembre de 2021. Pero, no nos engañemos, este retraso ha sido la tendencia a nivel europeo puesto que solo Dinamarca ha respetado los plazos. Otros países como Suecia, Lituania, Letonia, Portugal y Francia acataron el compromiso europeo durante el 2022. Por el contrario, entre los más retrasados en ofrecer una respuesta, por el momento, se encuentran Alemania, Italia, Estonia, República Checa, Hungría, Polonia y Luxemburgo, y el Consejo ha iniciado un procedimiento de sanción por el retraso en el cumplimiento de los plazos fijados.
El término whistleblowing (denuncia de irregularidades) proviene del mundo anglosajón. La finalidad de esta ley es proteger a quienes informen sobre incumplimientos normativos del ordenamiento jurídico en el ámbito profesional y que no sean objeto de represalias por los denunciados. Se descartan las informaciones falsas como aquellas que se hubieran obtenido de forma ilícita, ya que podrían ser objeto de infracción.
Esta protección tiene un alcance general, es decir, se protege a las personas trabajadoras con independencia de su condición laboral, estatutaria o profesional.
En definitiva, se protege también a voluntarios, becarios o personas en periodo de formación, e incluso una vez finalizada su relación laboral. Además, se extiende la protección a los familiares del informante o compañeros de trabajo que pudieran sufrir igualmente represalias.
Por tanto, las personas trabajadoras están protegidas frente a represalias como la suspensión del contrato, despido o extinción de la relación laboral o estatutaria, daños, coacciones, acoso, discriminación o trato desfavorable, entre otras.
Entre las entidades obligadas a contar con este canal de denuncias se encuentran las empresas con más de 50 empleados, las administraciones públicas, los partidos políticos, los sindicatos y las fundaciones que reciban o gestionen fondos públicos.
¿Cómo y sobre qué se podrá presentar una denuncia?
Cualquier persona podrá presentar una comunicación en el canal interno de la empresa o ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante. La comunicación podrá efectuarse por escrito mediante correo postal o medio electrónico. También de forma verbal por vía telefónica o sistema de mensajería de voz. Y, además, de forma presencial tras solicitar una reunión con la persona responsable del canal de denuncias.
La persona trabajadora tiene derecho a presentarla anónimamente o identificándose, y en este último caso, se preservará su identidad.
Por ejemplo, podrá informar sobre infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, una cuestión que preocupa mucho, especialmente después de conocer la cifra de 919 104 accidentes de este tipo hasta septiembre de 2022. Esta cifra supone un incremento del 12,9 % respecto al año anterior. Entre las principales causas de muerte por accidente se encuentran los infartos y derrames, por lo que se pone el foco de atención en los ritmos y condiciones de trabajo.
Sanciones a los infractores
La Autoridad Independiente de Protección del Informante, con carácter general, será la encargada de ejercer la potestad sancionadora en el ámbito público estatal y en el sector privado en todo el territorio. El régimen de sanciones varía en función de si la infracción es leve, grave o muy grave. En el caso de infracciones cometidas por personas físicas, la cifra oscila entre los 1 001 euros y los 300 000. Y en el caso de empresas, desde los 100 000 hasta el millón de euros.
Las empresas de 50 a 249 empleados deberán tener implantado el Canal de Denuncias el 1 de diciembre de 2023, igual que los municipios con menos de 10 000 habitantes. Para las restantes administraciones públicas, así como para las empresas con una plantilla superior a 250 empleados, se prevé un plazo de tres meses desde su entrada en vigor, que se produjo el 13 de marzo de 2023.
En definitiva, se pretende evitar un trato injusto y desfavorable a quienes contribuyen en la ejecución efectiva del Derecho de la Unión Europea.
Arturo Montesdeoca Suárez Contratado predoctoral cofinanciado por la Consejería de Economía, Industria Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias y el Fondo Social Europeo – Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
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