Una comparación odiosa: Aldama sale premiado mientras Peñas pagó más por destapar la Gürtel
La sentencia del Supremo sobre la trama de las mascarillas deja una imagen difícil de tragar: Víctor de Aldama, empresario, comisionista y pieza central del entramado que rodeó al exministro José Luis Ábalos durante la pandemia, ha sido condenado a 4 años y medio de prisión, pero no tendrá que pisar la cárcel. Basta con que no vuelva a delinquir durante 5 años y realice 1 año de trabajos en beneficio de la comunidad. Así, según el propio Supremo, “repara el mal causado”.
La frase merece quedarse clavada en la pared. Un año de servicios a la comunidad para reparar una trama levantada sobre la emergencia sanitaria, el miedo colectivo y el negocio con material básico en plena pandemia. No hablamos de un error contable, ni de una imprudencia menor. Hablamos de comisiones, contratos públicos, pagos mensuales de 10.000 euros, enchufes, favores y un amaño de 13 millones de euros en la compra de mascarillas. Hablamos de una maquinaria que operó cuando las enfermeras y enfermeros se jugaban la vida, cuando las trabajadoras y trabajadores esenciales se dejaban la piel, cuando la ciudadanía vivía encerrada y asustada.
La SER mueve sus piezas y Hora 25 enseña el nuevo poder de PRISA
La clave de lo que está pasando en PRISA la tiene Joseph Oughourlian, su presidente. Bajo su etapa, el grupo atraviesa una reorganización que no puede leerse solo como una sucesión de cambios de presentadores y presentadoras. Eso sería quedarse en la superficie, que es justo donde el poder quiere que nos quedemos. Lo importante está detrás de las peceras. En los equilibrios internos. En quién sube, quién sale, quién pierde espacio, quién gana centralidad y qué tipo de periodismo se considera compatible con el nuevo orden empresarial.
Porque los medios no giran editorialmente de golpe, con una sirena y un comunicado. Giran así. Moviendo piezas. Recolocando voces. Cambiando direcciones. Ajustando equipos. Premiado la docilidad estructural, aunque se disfrace de continuidad. No hace falta censurar cuando puedes reorganizar. No hace falta prohibir cuando puedes seleccionar quién ocupa los lugares estratégicos.
ASÍ NO, RORO 🤬 Marina Lobo: «Es que abre puertas» no es excusa, es maltrato
No hace falta ser un etólogo para darse cuenta de que algo huele a podrido en el discurso de ciertos personajes, pero cuando sale a la luz el tema del maltrato y…
El caso Plus Ultra ya alcanza a las hijas de Zapatero
El caso Plus Ultra acaba de dar otro salto político y judicial. No uno menor. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado citar como investigadas a Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, dentro de la investigación abierta sobre el denominado caso Plus Ultra. La decisión llega apenas un día después de que el propio Zapatero compareciera ante el magistrado también en calidad de investigado. El calendario no es casual en términos políticos. Tampoco resulta irrelevante en términos judiciales.
La resolución fue dictada este jueves 18 de junio, según la información publicada por ElPlural.com, y responde a una petición de la Fiscalía Anticorrupción para incorporar a ambas al procedimiento. Es decir, no hablamos de un movimiento ornamental, ni de una citación decorativa para rellenar un sumario. Hablamos de una ampliación del foco investigador que ya no se queda en la figura del expresidente, sino que entra directamente en su entorno familiar más inmediato.
El silencio de Aznar sobre Zapatero huele demasiado a clase dirigente
José María Aznar lleva 22 años fuera de La Moncloa, pero se comporta como si aún pudiera dar órdenes desde el atril. No gobierna, pero marca línea. No firma decretos, pero reparte doctrina. Y para eso tiene FAES, esa fábrica de informes conservadores donde el neoliberalismo se disfraza de análisis y la nostalgia de poder se presenta como preocupación por España.
Desde 2024, la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales ha dedicado decenas de textos a cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez y contra el PSOE. Lo ha hecho con entusiasmo, con insistencia y con ese tono de superioridad moral tan propio de quienes privatizarían hasta el aire si el BOE les dejara. José Luis Ábalos, Koldo García, Santos Cerdán, Leire Díez, Begoña Gómez o David Sánchez han sido convertidos en personajes recurrentes de su literatura política. FAES no analiza: señala. No estudia: condena. No interpreta: dicta sentencia antes de que hablen las y los jueces.
El Algarrobico: Moreno pide ahora a los jueces lo que su Gobierno rechazó hace un año
El Algarrobico no es solo un hotel ilegal varado en Cabo de Gata. Es una confesión de hormigón. Una mole que lleva dos décadas recordando que el urbanismo salvaje en España no fue un accidente, sino un modelo de negocio, una cultura política y una forma de saqueo. Ahí sigue. Plantado sobre dominio público marítimo-terrestre, dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, como si la ley fuese una sugerencia estética y la naturaleza una molestia administrativa.
El 17 de junio, la Junta de Andalucía anunció que pedirá al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que anule la licencia de obras del hotel. Lo hará, dice ahora, para sustituir al Ayuntamiento de Carboneras, que era el primer obligado a cumplir y que ha decidido seguir jugando al escondite con las sentencias. El detalle es importante. Muy importante. Porque el Gobierno de Moreno Bonilla propone ahora lo mismo que las y los ecologistas llevan reclamando desde hace años. Y lo mismo a lo que la propia Junta se opuso en marzo de 2025.
Así funciona esta maquinaria. Primero se mira hacia otro lado. Luego se acusa al de enfrente. Después se descubre, con gesto grave, que la ley debe cumplirse.
La gran derrota de Trump y la propaganda: explicamos uno por uno los 14 puntos del acuerdo de paz
El Gobierno de Donald Trump ha decidido enseñar su versión del acuerdo con Irán antes de que Teherán diga oficialmente esta boca es mía. Lo hizo el 17 de junio, a través de un alto cargo de la Administración estadounidense, que recitó en rueda de prensa los 14 puntos del Memorando de Entendimiento con el que Washington pretende presentar el final de la guerra como una victoria de la diplomacia. Qué casualidad. Primero se bloquea, se amenaza, se asfixia, se coloca al mundo al borde de una crisis energética y luego se comparece con tono solemne para decir que se ha evitado el desastre.
El acuerdo debe ratificarse presencialmente este viernes en Suiza, es decir, el 19 de junio, y hasta ahora Irán no se ha pronunciado oficialmente sobre la publicación estadounidense. Ese silencio importa. Importa porque no estamos ante un tratado cerrado, limpio y firmado con luz natural, sino ante un texto provisional, difundido desde la Casa Blanca, con versiones previas filtradas por Bloomberg y CNN que, según el propio relato periodístico, coinciden en lo esencial pero difieren en detalles. La paz, cuando la narra solo una de las partes, también puede ser propaganda.
Guantánamos europeos: la UE ya no esconde su frontera sucia
No lo llamen política migratoria. Eso suena demasiado limpio. Demasiado burocrático. Demasiado europeo. Lo que acaba de aprobar la Eurocámara el 17 de junio es otra cosa: colonialismo administrativo con sello institucional. Una maquinaria pensada para que Europa pueda seguir hablando de derechos humanos en los discursos mientras coloca los cuerpos migrantes lejos de sus cámaras, sus tribunales y sus conciencias.
El Reglamento de Retornos aprobado por el Parlamento Europeo permite crear centros de devolución de personas migrantes en terceros países. Es decir, lugares fuera de la UE donde enviar a personas expulsadas incluso aunque no tengan vínculo alguno con el país de destino. La fórmula es sencilla. Europa decide. Otro territorio encierra. Otra población carga con el coste político, social y humano. La frontera ya no se dibuja en los mapas: se subcontrata.
Grupo Volcán y el apagón de Berlín: la rabia climática que el poder prefiere llamar terrorismo
El 3 de enero, Berlín descubrió algo que el capitalismo fósil lleva décadas ocultando bajo moqueta institucional: la infraestructura que sostiene nuestra vida cotidiana es frágil, vulnerable y profundamente política. Aquella mañana, hacia las seis, alguien incendió cinco cables de alta tensión bajo un puente sobre el canal de Teltow. Cada cable tenía unos 10 centímetros de grosor. No era una gamberrada. No era una pataleta juvenil. Era una acción calculada contra una red que venía de una central eléctrica de gas natural y alimentaba a unos 45.000 hogares, 2.200 empresas y cuatro hospitales.
El resultado fue un apagón enorme. Cuatro distritos afectados. 10.000 hogares recuperaron la electricidad al día siguiente, pero otros 35.000 permanecieron a oscuras durante cinco días. Berlín vivió su apagón más largo desde la Segunda Guerra Mundial. Y ahí empieza el dilema incómodo. Porque una cosa es comprender la acción y otra fingir que no tuvo consecuencias duras para la gente común.
El día en que Vox llevó al Parlamento canario a un falso experto para culpar a las familias homosexuales de la pobreza infantil
El 16 de junio ocurrió algo que resume bastante bien la política basura de nuestro tiempo. El Parlamento de Canarias tenía una comisión de estudio sobre pobreza infantil. Es decir, un espacio institucional para hablar de niñas, niños y adolescentes que viven peor de lo que deberían vivir en una sociedad que presume de democracia, turismo, crecimiento y progreso. Pero Vox decidió que aquello no era suficiente. Que hablar de pobreza real era demasiado incómodo. Que mejor llevar a un supuesto experto a hablar contra el matrimonio homosexual.
El protagonista fue Francisco Martínez Peñaranda, presentado por Vox como voz autorizada a través de la Asociación Libertas. Una entidad sin experiencia conocida en pobreza infantil en Canarias. Nada de análisis sobre salarios, alquileres, precariedad, listas de espera de vivienda o exclusión residencial. Nada de eso. Vox llevó a una comisión sobre pobreza infantil a un activista ultra para desplegar su obsesión contra las familias diversas. Así de claro. Así de obsceno.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
¿Qué ocurre cuando las personas dejan de ser tratadas como seres humanos y pasan a utilizarse como herramientas políticas? En este nuevo #ReportajeSR de Spanish Revolution, Léa Gugelmann analiza a fondo la…
THUNDERFORGE – El PENTÁGONO se echa en manos de la INTELIGENCIA ARTÍFICIAL #ReportajeS
El Pentágono ha dado un paso sin precedentes: poner la toma de decisiones y la estrategia militar en manos de la inteligencia artificial. Patricia Salvador te cuenta en este #ReportajeSR cómo, a…