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Las últimas semanas han sido convulsas para el fútbol español. La figura de Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), se ha visto envuelta en una serie de escándalos que han salpicado a su círculo más cercano y han puesto en tela de juicio su gestión al frente del organismo. En el centro de la tormenta se encuentra José Ramón González Cueto, mano derecha de Rubiales y hombre clave en el «Estado profundo» del fútbol español. Cueto, con un pasado turbio, ha sido señalado como el principal responsable de la operación de la Guardia Civil que destapó la presunta trama de corrupción en la que estaría involucrado Rubiales.
La operación, que se saldó con la detención de varios empresarios y cargos de la Federación, gira en torno a la Supercopa de España y el contrato firmado con la empresa Kosmos, propiedad de Gerard Piqué. El acuerdo, por valor de 44 millones de euros, ha sido duramente criticado por la opacidad con la que se negoció y por los beneficios que reportaría a Piqué y a la empresa del presidente de la RFEF. Las pesquisas judiciales han puesto de relieve la estrecha relación entre Rubiales y Piqué, que va más allá del ámbito profesional. El jugador del Barcelona ha sido un firme defensor de Rubiales, incluso en los momentos más complicados y polémicos de su gestión. Esta amistad ha generado suspicacias y ha alimentado las dudas sobre la posible existencia de intereses económicos compartidos.
La sombra de la corrupción también se cierne sobre la Federación Española de Fútbol. El diario El Mundo ha revelado que una constructora, «experta en instalaciones deportivas», se encuentra en el epicentro de la investigación a Rubiales. Esta empresa, que ha recibido contratos millonarios por parte de la RFEF, estaría siendo utilizada para desviar fondos públicos. Las últimas revelaciones han provocado un terremoto en el seno del fútbol español. Varios miembros de la junta directiva de la RFEF han exigido la dimisión de Rubiales, mientras que el CSD ha abierto un expediente informativo para esclarecer los hechos. Incluso Pedro Rocha, vicepresidente de la RFEF y mano derecha de Rubiales, se ha visto obligado a presentar su dimisión tras verse salpicado por el escándalo.
En este contexto, la figura de Rubiales se tambalea. El expresidente de la RFEF se encuentra en una posición muy delicada y su futuro es incierto. Las investigaciones judiciales y la presión de la opinión pública podrían obligarlo a dar un paso al lado. El caso Rubiales ha puesto de relieve la necesidad de una mayor transparencia y control en la gestión del fútbol español. Es fundamental que se investigue a fondo este caso y que se depuren responsabilidades si se confirman las irregularidades.
El fútbol español necesita un cambio de rumbo. No se puede permitir que la sombra de la corrupción siga empañando este deporte, que es pasión de millones de personas en todo el mundo.
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Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
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Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
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En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
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